Publicado originalmente el 1 de diciembre de 2016
Cuando Fidel Castro estuvo en Canarias, allá por el año 1996, preguntó por muchas cosas, tantas que puso en apuros a Manuel Hermoso, entonces presidente del Gobierno de Canarias. Entre ellas, cuestionó sobre las aguas canarias y sobre los campos de golf. En concreto sobre este segundo aspecto, tenía curiosidad por conocer el número de trabajadores de un campo de golf. La cantidad de agua que necesitaba este espacio, también sorprendió al desaparecido presidente cubano. Hermoso escuchó, lo quiso traer pese a la oposición de José María Aznar, pero su partido, Coalición Canaria, ya había emprendido el camino de defensa a ultranza del cemento y la construcción.
Su partido desde entonces ha comenzado una carrera desaforado para imponer el piche en todos y cada uno de los rincones de la isla. Descatalogación de la Lista de Especies Protegidas para construir el innecesario Puerto de Granadilla, empeño en llevar a cabo el proyecto de Chillida en Tindaya, con gastos económicos astronómicos extraídos de las arcas públicas, Caso Las Teresitas, en el que se compran unos terrenos por mucho más de lo que son tasados y que además ya eran del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Caso Trompo, donde se construye el Centro Comercial El Trompo en La Orotava en suelo protegido, etc. Todos estos casos tienen un denominador común: Coalición Canaria de por medio como starring.
La crisis del cemento parecía cambiar las dinámicas del binomio turismo-construcción, al menos un replanteamiento del modelo económico. Fernando Clavijo regaló los oídos hablando de diversificación económica o de control turístico, pero se quedó en la recuperación de la construcción y el turismo de masas como garantía para Canarias. No solo se extrae de sus declaraciones, también de sus dos leyes centrales en materia de suelo: la Ley del Suelo y la Ley de Islas Verdes. La Ley de Islas Verdes, prevé, como una medida implícita, la construcción de 33 hoteles y 5 campos de golf en La Palma, entre ellos el muy polémico de Fuencaliente, un proyecto anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el resto de islas hace posible llevar a cabo proyectos catalogados como de interés insular para «impulsar» o arrasar, como ustedes prefieran, La Gomera, El Hierro y La Palma.
La Ley del Suelo es un tema recurrente y debatido desde hace meses. El Gobierno de Canarias lo ha defendido en las sillas del Parlamento y con cuñas radiofónicas, estas sí, con acento canario. Solo Podemos y Nueva Canarias rechazan de plano la Ley. El PP va de la mano de CC y el socio de gobierno de CC, el PSOE canario ya no sabe ni lo que es. Más allá de interpretaciones, lo cierto es que la Ley permite construir en suelo rústico (Artículo 70), tolera saltarse las protecciones si un proyecto es de interés insular o autonómico (Artículo 124), abre el camino a particulares para llevar a cabo proyectos de cualquier tipo (Artículo 149) y la posibilidad de que el Gobierno suspenda las protecciones del suelo si así lo considera (Artículo 168). Es un happy hour constructivo que se está gestando delante de nuestros ojos.
La norma que pretenden llevar a cabo Coalición Canaria y sus compinches (partidos afines y empresarios) no es sino la normalización de proyectos como Tindaya, Puerto de Granadilla, El Trompo o Las Teresitas. Sin agente regulador de por medio, todo será más fácil para la construcción, el falso desarrollo esbozado por algunos y la ciudadanía perderá, definitivamente, el control sobre el territorio. Quitando poder a las administraciones, permitiendo que los que quieren hacer negocio hagan lo que quieran, Canarias está condenada al piche. Los adictos contentos, los empresarios también, ¿y el pueblo? El sábado 3 de diciembre hay nuevas manifestaciones contra la Ley del Suelo. Hay antecedentes de que las decisiones injustas se pueden parar.
