O yo me estoy perdiendo algo o no entiendo gran cosa de política. O tal vez ambas opciones se combinan en generosas cantidades. El caso es que no acabo de comprender la oposición frontal a la reforma local que reduciría drásticamente el número de ayuntamientos en Canarias. No niego que el PP esté interesado en la misma más por razones de ajuste presupuestario que por convicciones, sin embargo, no comparto los argumentos esgrimidos por Coalición Canaria, PSC-PSOE y Nueva Canarias para rechazar dicha reforma.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, que es un señor del PSOE por si no lo sabían, aduce que “de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias se pasaría a 60”. Llámenme ingenuo pero justo ahí veo yo una importante ventaja del asunto. Estos 21 ayuntamientos, de menos de 5.000 habitantes, desaparecerían por no cumplir el principio de estabilidad presupuestaria, lo cual, admito, no deja de ser una golpe de bisturí ideológico a la ordenación político-administrativa de un territorio puesto que, todo depende, obviamente, de lo que uno entienda por “estabilidad presupuestaria”. Seguidamente, los Cabildos asumirían todas las funciones de las extintas instituciones. En aquellos municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes – 28 en total- los Cabildos asumirían las competencias exclusivamente en aquellas áreas donde no se cumplieran con unos determinados estándares. Como consecuencias más “llamativas”, las islas de La Gomera y El Hierro se quedarían sin municipios, quedando el Cabildo como única institución pública.
Para Spínola, hay que oponerse a la reforma en defensa del Estado de Bienestar, la garantía de servicio público y el respeto a la autonomía local. No veo en qué perjudica a los dos primeros asuntos una reforma como la que se está discutiendo, sinceramente, y si tengo que elegir entre servicios públicos gestionados por una institución con suficientes recursos y capacidad y la autonomía local, elijo lo primero. En muchas ocasiones he defendido el principio de subsidiariedad como un criterio básico a la hora de acercar la administración a los administrados -¡qué fea palabra!- o si se quiere, como la mejor forma de acortar la distancia entre los servicios y sus usuarios, sin embargo, quizás no he dejado suficientemente claro que me refería a aquellas situaciones en las que las administraciones pudieran hacerse cargo de las funciones en cuestión y no tuvieran que hacer dejación de las mismas por incapacidad o mala gestión. Aludir a una supuesta “recentralización”, como hace José Miguel Ruano (CC) o un “intento de centralizar el Estado”, en palabras de Román Rodríguez (NC), es, en mi opinión, observar el problema con la lente equivocada.
Remata la jugada el Consejero defendiendo la inclusión de la “singularidad canaria” en la reforma, supongo que porque las cifras que se están usando para dirimir estos asuntos arrojan resultados menos drásticos por tierras de España, donde la población está más dispersa y el mapa de municipios, como tantas otras cosas, es algo bien diferente. No estoy seguro de que reivindicar el papel de los Cabildos -no conozco instituciones más canarias que éstas- como salvaguarda de los intereses de los ciudadanos sea menos efectivo a la hora de hacer patente la singularidad canaria que defender la existencia de municipios de 2.000 y pico habitantes. O que en la isla de El Hierro, de unos 11.000 habitantes, haya tres municipios, lo cual debe ser un fantástico ejemplo de la “singularidad canaria”, por lo visto.
Pienso que, más que enrocarse en encendidas defensas del Estado del Bienestar que los ayuntamientos apenan pueden sostener dadas sus miserias, mejor harían los políticos de PSOE, CC y NC en armar propuestas desde las que defender una reforma local canaria que tenga como principal objetivo una racionalización de recursos que derive en mejores servicios a los ciudadanos de las islas. Si eso implica la desaparición de unos cuantos ayuntamientos, adelante. Sin miedo ni dobles lealtades para con los caciquillos locales que financiaron sus ayuntamientos y de paso hicieron suculentos negocios a golpe de recalificación. Sugiero que se explore la posibilidad de adaptar las cosas bien hechas, como por ejemplo, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, que tiene un largo recorrido de atención social ejemplar y saneamiento presupuestario en una zona que fuera conocida como el “triángulo de la pobreza” y hoy es la envidia de Gran Canaria a muchos niveles. La idea de que haya islas que por su población y tamaño no tengan municipios sino exclusivamente Cabildo a nadie debe asustar. . Los Cabildos deben jugar el papel que en muchas ocasiones tuvieron y que ahora en algunas islas se ve maltrecho: organizar la solidaridad ciudadana y territorial, actuar como redistribuidor de rentas en el nivel insular,.. lo cual nos llevará obviamente a hablar de su financiación, función tributaria, etc. Bien mirado, parece una organización de la cosa pública más racional y acorde con nuestra realidad que micromunicipios raquíticos sin capacidad de respuesta real para los acuciantes problemas de los ciudadanos. Como si fueran políticos profesionales.