¿Pues no decían que las grandes superficies iban a acabar con el tradicional sobrecoste de la cesta de la compra en Canarias? ¿Que hasta iba a terminar con el coste de la doble insularidad? Décadas después de la arribada de aquellas primeras grandes superficies, las cifras siguen siendo tozudas y el informe publicado este fin de semana por el portal kelisto.es, realizado por la O.C.U. y del que se hace eco la periodista María Fresno en el Diario de Avisos, es revelador al respecto. Las Palmas de Gran Canaria es la segunda ciudad más cara del Estado y Santa Cruz de Tenerife, la quinta, a la hora de llenar el carrito de la compra. Y, por seguir con los datos, las Islas «Afortunadas» son el territorio del Estado donde mayor incidencia tiene la pobreza tras aplicar el índice del coste de la vida, en el nuevo mapa de la pobreza elaborado por el diario El País.
¿En qué lugar dejan estos datos a los instrumentos concebidos para amortiguar el efecto de la “lejanía” y la insularidad como el AIEM y el REA? Uno, que no es economista pero sí consumidor, piensa que éste es probablemente uno de los terrenos de batalla más importantes en que Canarias se juega, no sólo la posibilidad de su soberanía alimentaria sino niveles de vida dignos para sectores muy amplios de su población, que pagan a precio de País Vasco con sueldos de Canarias -los más bajos del Estado- el ineludible coste de la alimentación. No veo yo a la clase política preocupadísima por el asunto, la verdad. Todavía no se aclaran con lo de los comedores escolares, por ejemplo. Por otro lado, el otro día conocíamos la iniciativa de Francisca Luengo, titular de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de la firma de un acuerdo con los industriales canarios y los hosteleros -mayormente foráneos- para la promoción y difusión de los productos isleños en el sector turístico. Concretando, el acuerdo se refiere no sólo a los productos alimentarios sino también a otro tipo de productos consumidos en el sector. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, muy loables, no parece que el acuerdo pueda tener la fuerza que necesitaría un país que bate récords de ocupación turística y de niveles de desempleo. ¿Cómo puede “convencer” una institución a empresarios mallorquines y catalanes de la conveniencia de proveerse de productos del país si los precios no son competitivos? Sorprende además que, cincuenta años después del pistoletazo de salida de la industria turística en Canarias estemos tan en pañales en estos asuntos. Como somos ricos, podemos permitirnos por lo visto ignorar un mercado potencial de doce millones de visitantes.
Y, en paralelo, esos dos millones de personas que habitan las ocho islas y que no están en ellos de vacaciones. Muchos de ellos son los que comen papas importadas de Israel porque son más baratas, aunque las compremos en el Hiperdino, porque son del país y ¡ños, qué precios! A los que quizás les gustaría mucho más ir a la tiendita de aceite y vinagre de la esquina pero o ya cerró o cree -muchas veces erróneamente- que sus precios son inaccesibles y que uno es tonto si no va a las grandes superficies. Ésos son los que intentan llenar el carro de la compra, seguramente con poco éxito y mirando con lupa los precios, buscando siempre la marca blanca como primera opción. O esos 18.000 chicharreros que comen gracias a los comedores sociales. Éstos sí que tienen motivos para no dormir y no los importadores de papas, que andan quejándose por la subida del AIEM del 10 % al 15% y reinventándose como “distribuidores”. En este país loco nuestro, al final, hacer la compra va a resultar el acto más político.
