Publicado originalmente el 3 de marzo de 2017
Llevamos ya varios años asistiendo a maniobras militares realizadas por las Fuerzas Armadas del Estado español en determinados municipios de Canarias, en las que el uso de distintos tipos de aparatos y tropas ha dado lugar a protestas de la población civil por las molestias que generan.
Especialmente agobiantes vienen siendo las maniobras en las que se utilizan helicópteros, bien por la realización de vuelos nocturnos o a baja cota sobre las viviendas, bien por las maniobras de aterrizaje sobre zonas protegidas o en la inmediación de propiedades particulares, las cuales resultan dañadas de diversas maneras.
En el período comprendido entre 2007 y 2016, han sido numerosos los casos de protestas vecinales o institucionales por este tipo de maniobras; podemos recordar los casos de Tacoronte, Güímar, El Rosario o Arico, en Tenerife; o el de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.
Este tipo de maniobras, justificadas con el argumento oficial de mantener un entrenamiento óptimo de las tripulaciones y tropas que participan en misiones de carácter internacional, responde a estrategias intervencionistas en el ámbito de la OTAN. Es, además, un claro ejemplo de vulneración de distintas normativas vigentes y, en todo caso, una muestra de desprecio hacia la población civil por parte del mando militar correspondiente, que en unos casos niega la veracidad de los hechos denunciados y en otros casos ignora las protestas formalmente presentadas.
El incumplimiento en materia de seguridad sobre alturas de vuelo en la vertical de poblaciones, los niveles de ruido y vibraciones, especialmente en horario nocturno, los daños en la integridad de explotaciones apícolas o ganaderas o el sobrevuelo y aterrizaje en espacios naturales protegidos son claros ejemplos de que el Ministerio de Defensa parece estar por encima del respeto a la legislación vigente.
De nada han servido hasta ahora las mociones o los escritos oficiales de protesta que desde ayuntamientos o cabildos se han presentado ante dicho Ministerio. Las maniobras temerarias se siguen produciendo e incluso se remiten notas de prensa asegurando la continuidad de las mismas. La inexistencia de un estado de excepción o sitio en vigor en el Estado español, únicos casos que la Constitución prevé para que las FFAA pudieran superponer su actuación al resto de legislación civil existente, evidencia aún más el carácter claro de abuso por parte de los mandos militares al realizar estas maniobras.
Cabe recordar aquí que la propia Constitución de 1978 establece que las fuerzas de seguridad -entre las cuales se incluye el Ejército- tienen como misión, bajo la dependencia del Gobierno, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, así como velar que el Gobierno ejerza la defensa del Estado de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Si tenemos en cuenta que la integridad del Estado español no está amenazada actualmente por ningún ejército o Estado extranjero, no parece posible justificar que se lleve a cabo tanta maniobra militar sobre zonas urbanas, en espacios naturales protegidos o causando daños a propiedades privadas. Es más, es precisamente la existencia de compromisos creados por algunos tratados internacionales militares como el de la OTAN, lo único que podría generar en todo caso algún tipo de riesgo al Estado español por las intervenciones armadas que las FFAA realicen sobre el territorio, el espacio aéreo o las aguas territoriales de otros países sin el consentimiento de estos.
Para contrarrestar esta mala imagen de las FFAA, se nos suele recordar la realización de labores humanitarias por parte de diversas unidades militares, como la UME, el SAR o en ocasiones la Guardia Civil. Sin embargo, muchas de estas unidades llevan a cabo labores que ya han sido ejecutadas con anterioridad por instituciones civiles o que podrían realizarse sin la necesidad del uso de medios y jurisdicción militar.
El reciente anuncio de maniobras militares en otras Comunidades del Estado español, en contra de la voluntad manifiesta expresada por sus ayuntamientos o ciudadanos, nos confirma la existencia de una política militarista programada por el Gobierno del Estado, que trata de implantar como algo habitual lo que no lo es y que, de forma progresiva, intenta militarizar la vida civil cotidiana de la población.
Podemos interpretar, por tanto, que la continuidad de dichas maniobras, más que un origen defensivo del territorio, obedece a un principio de intimidación o de exhibición de poder, no dirigido al exterior, sino al interior del Estado, con clara intención de que se entienda que cualquier tipo de propuesta soberanista en nuestro territorio insular (o en cualquier otra parte del Estado) sería rápidamente atajada, así como demostrar la superioridad de facto del poder militar sobre cualquier tipo de normativa o Administración civil.
Con este panorama, y teniendo en cuenta el continuo incremento del gasto militar en los presupuestos del Estado, en detrimento de la inversión en materia social, educativa o sanitaria, es fácil pensar en la imposibilidad de un futuro totalmente pacífico para la población civil residente en Canarias, que, a pesar de que ya en 1986 manifestó su oposición a las políticas militaristas internacionales, sigue asistiendo año tras año a un plan programado de convertir nuestras Islas en un área geoestratégica desde el punto de vista militar.
Rafael González (Creando Canarias)
