La nacionalización del petróleo en Venezuela, la verdadera, la impulsada por la V República, no fue un proceso precisamente consensuado con los directivos de la antigua P.D.V.S.A. No podía serlo puesto que era condición necesaria deshacerse de aquella casta que sangraba los recursos del país en beneficio de una minoría. Sin embargo, el proceso ha sido bien distinto en la empresa pública de telecomunicaciones venezolana, C.A.N.T.V., según nos contaron miembros del Equipo de Transición al Socialismo de la empresa en su sede en Barquisimeto. Calculan que un setenta por ciento del personal de la empresa puede ser contrario al proceso de reformas actual, y ahí siguen, trabajando, sin que sean despedidos ni perseguidos por sus ideas, como a más de uno seguramente le gustaría, quizás en ambos bandos. Es importante comprender también, en mi opinión, que Venezuela venía de participar en la oleada neoliberal de los noventa, en la que el negocio de las telefonías fija y móvil prácticamente se regaló al capital privado, que no invirtió lo más mínimo en la creación de una red digna de tal nombre, sino que se limitó a atender a aquellos que le permitieran una cuota de negocio sin preocuparse de las necesidades del país. La verdad es que no se puede decir que Venezuela, a día de hoy sea un país subdesarrollado en la materia. Creo que no conocí a nadie sin móvil y no estuve en ninguna casa que no tuviera teléfono fijo, por si alguien pensaba que Chávez los había requisado. Tampoco me pareció que estuvieran intervenidos, la verdad, aunque con estos rojos nunca se sabe.
Aparte, un elemento muy interesante se da, a mi juicio, en la participación de las comunidades en la definición de sus necesidades a través de Mesas Técnicas conjuntas con la empresa. Así, son las comunidades quienes proponen ante los técnicos de la empresa la implantación de teléfonos públicos, centros de comunicaciones, (locutorios, cibercafés,…), oficinas de Ipostel –que compite en inferioridad de condiciones con la multinacional MRW-, así como emisoras de radio comunitaria. Las radios son unos de los pilares de este proceso puesto que se han acabado convirtiendo en lugares de encuentro y participación comunitaria además de altavoces de ideas. Esta constelación, si no lo entendí mal, se reúne en la A.N.M.C.L.A. y su importancia es, según me contaron, creciente. Háganse una idea, en la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que sustituirá a la del año 2000 y que democratizará el espacio radioeléctrico, un tercio del mismo estará reservado a las radios comunitarias, otro tercio a las instituciones (de cualquier signo, obviamente) y el tercio restante al capital privado, que no está abolido, por cierto, ni parece que vaya a serlo. Allí mismo pregunté acerca del asunto de las licencias no renovadas para determinadas radios. La respuesta es clara: las concesiones de licencias para radio no son algo que se pueda vender o heredar, como habían hecho estos señores. Uno de ellos poseía cinco licencias, tres no le fueron renovadas y otras dos sí, por ejemplo. Hacer aparecer estos actos administrativos como un intento de cercenar la libertad de expresión puede entenderse por desconocimiento o por pura hipocresía, mientras aceptamos tácitamente que el negocio comunicativo en el Estado español esté en manos de tres o cuatro grupos mediáticos o que un señor como Luis del Olmo acumule concesiones sin rubor alguno. Otra cosa es que las personas que apoyan el proceso no vayan a echar de menos a aquellas emisoras claramente alineadas con la oposición que no han visto sus licencias renovadas. Este vídeo lo explica bastante bien, así como la columna de información a la derecha, con perdón. En otro momento dedicaré más tiempo al asunto de los medios de comunicación, por lo menos mi visión durante mi estancia allá, pero sí les aseguro que Venezuela no es una dictadura donde se recorte la libertad de expresión. Como me dijo alguien, “aquí se puede hacer de todo menos hablar mal de la oposición”.
