Esto fue lo que escribió en 1946 el pastor Martin Niemoller cuando reflexionó sobre lo que sucedió en la Alemania nazi. Hoy podemos darle cierto sentido en el estado español. Y no es que los nazis hayan llegado a “la península” como dirían muchos canarios, ¡no se asusten! sino que la “involución democrática” que estamos presenciando en el estado me hace recordar esto.
Cataluña, al igual que otras nacionalidades históricas, siempre ha sido una nación diferenciada dentro del estado español y no entender esto es no entender nada. Lo asombroso no es que Cataluña, con sus aspiraciones soberanistas, se haya convertido en un desafío para el estado español, lo asombroso es que el estado español utilice, en esencia, la misma estrategia y cometa los mismos errores de hace cien años.
A mitad de 1920 el dictador Primo de Rivera prohibió el uso público del catalán, el izado de banderas catalanas en edificios públicos y suprimió más de 100 organizaciones nacionalistas catalanas, aboliendo finalmente la Mancomunitat; primer autogobierno catalán bajo el cual se modernizó Cataluña a principios del siglo XX, construyendo carreteras y vías de tren, llevando la electricidad a los campos y apoyando una serie de instituciones culturales que jugaron un papel primordial en el noucentisme, desde donde la cultura y la economía catalana tuvieron una especie de renacimiento.
Hoy, año 2018, Cataluña está muriendo más que renaciendo, y tras el controvertido referéndum de independencia celebrado por el gobierno catalán, ilegal dentro del marco legislativo español pero legítimamente refrendado por una mayoría absoluta parlamentaria y democrática, el gobierno de España aplica el artículo 155 para “desplazar del poder” a las instituciones catalanas que intentan hacer realidad la voluntad de la mayoría de los catalanes. Obviamente hay que “cortar cabezas” y hoy tenemos: diez personas encarceladas, diez detenidas, cinco exiliadas, 254 cargos cesados, 24 organismos suprimidos o disueltos, 16 organismos intervenidos, 108 normativas decaídas… un libro censurado, artistas en la cárcel, tuiteros en juicio, parece que estamos regresando a los viejos tiempos cuando Baldomero Espartero en el siglo XIX, refiriéndose a las pretensiones independentistas, decía: “a Cataluña hay que bombardearla cada 50 años”.
Suena extraño pero lo peor de todo no es que ocurra esto. Lo peor de todo es que para muchos ciudadanos españoles la situación es completamente normal. Es decir, España, supuestamente un estado de derecho que resuelve por medios legales las diferencias que se puedan dar dentro de su sistema de comunidades autónomas, está actuando como un buen estado democrático procedería. Y es así como muchos ciudadanos lo ven. Y es así también como el gobierno español lo quiere hacer ver al resto del mundo aunque le toque desplegar una actividad diplomática más histérica que de costumbre y tenga que tumbar a algunos cónsules extranjeros como el de Finlandia o Filipinas. Pero una cosa es lo que queremos ver y otra es lo que realmente es.
Obviamente, la gente no es tonta y no se puede sostener una falsa imagen por mucho tiempo. El periódico americano The New York Times ya publicaba en Enero de 2017: “Lo que está sucediendo en Cataluña es un asalto judicial de España a la democracia y libertad de expresión, un asalto que viola el principio de separación de poderes, que es la base del estado de derecho.” El diario neoyorquino destaca en ese mismo artículo el contraste entre como Reino Unido abordó un desafío soberanista, en 2014 con los independentistas escoceses, a través de soluciones políticas, y cómo el estado español aborda el mismo desafío apostando por la represión y la violencia, y como la “restrictiva interpretación” de la Constitución española, que en teoría debe garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, se convierte en un ‘escudo contra el diálogo’”
Más adelante, y tras el encarcelamiento de todos aquellos responsables que decidieron garantizar el mandato del electorado catalán, la agencia Amnistía Internacional señalaba la evidente “debilidad y carencia de separación de poderes en España”. Cosa más propia de dictaduras que de democracias. Y es hacia una dictadura a donde está yendo España como así denuncia el reconocido Doctor en Derecho Constitucional Javier Pérez Royo hablando de “regresión a una situación predemocrática”.
El diario inglés The Guardian publica el pasado 2 de marzo: “España ha violado los derechos políticos de Puigdemont”, añadiendo que en la “acción represiva” contra el soberanismo catalán participan todos los órganos de poder estatal: “autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales y la misma monarquía”.
Y es que esto no es solo cosa de algunos periódicos, agencias o voces autorizadas sino que el Consejo de Europa le tira también de las orejas a España cuando a través de su informe anual del GRECO le da una nota “global insatisfactoria” a España y denuncia las conversaciones registradas de políticos españoles hablando de cómo se “ponen y quitan fiscales y jueces”, además de cómo es posible que declaraciones de ministros acaben adelantando decisiones judiciales.
No es la primera vez que a España la acusan de violar derechos universales, pues ya hace años viene suspendiendo curso. Empezando por la Ley de Amnistía de 1977 por la que el gobierno español no hace absolutamente nada por identificar, investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de la época franquista, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha acusado recientemente también a España de “maltrato policial” hacia colectivos vulnerables como los inmigrantes ilegales, -devoluciones en caliente, Centros de Internamiento de Extranjeros en malas condiciones- uso excesivo de la fuerza e incluso de la tortura por parte de agentes del Estado a detenidos e indultos a policías condenados. En libertad de expresión y reunión también tiene un suspenso, ya que la ONU exige a España revisar la “Ley Mordaza” por “uso excesivo de sanciones”. La desigualdad de género, la violencia machista, la reforma de la “Ley de Aborto”, discriminación de minorías étnicas, el racismo policial…¡en fin, una buena lista!
Hay dos cosas fundamentales en un estado de derecho, y estas son; separación de poderes y garantía de derechos fundamentales. Y esto en España, simplemente, hoy no se da. Y lo peor de todo es que los ciudadanos están mirando a otro lado, cuando no colgando banderas españolas de sus balcones que más que movidos por un sentimiento patriótico lo hacen por un simple y ramplón anticatalanismo. Como dice nuestro escritor Víctor Ramírez, “el castrado no odia al castrador sino al que no está castrado como él” y es que hace tiempo la sociedad catalana se ha desmarcado de la española, y hoy está solo la puede contemplar con cierta envidia desde una posición social, económica y política más atrasada. Por todo esto, e independientemente si se es catalán o no, es tiempo para alzar la voz y denunciar las violaciones de derechos fundamentales que se están dando entre nosotros antes de que sea demasiado tarde.
