La posibilidad de que a Canarias se le imponga un modelo de expolio petrolífero supone la mayor amenaza que el pueblo de las islas haya enfrentado en los últimos siglos. Ellos se juegan muchos millones y nosotros seguir existiendo. Por eso los resortes del poder, en el Estado español, se han engrasado para que la multinacional Repsol extraiga el posible crudo, aun a riesgo de acabar con el medio, la economía y hasta la subsistencia en las islas.
José Manuel Soria no está en el Gobierno de España por ser buen gestor, sino por ser canario, un canario sin escrúpulos. También por mantener firme a un PP isleño cuyo seguidismo hacia este suicidio colectivo provoca nausea. Soria no es ministro de industria por casualidad ni mérito, sino porque debía ser él quien patrocinara este desafío a favor del gran capital multinacional y en contra de los intereses generales de Canarias. Y tampoco es casual, ni obedece a otra lógica, que el ministerio, por esta vez, aunara las áreas de industria y turismo: había que minimizar la posible oposición del empresariado turístico canario, casi siempre cortoplacista y sediento de carantoñas –aquí viene a pasar sus vacaciones el ministro, a hoteles ilegales- y subvenciones.
Existe una estrategia bien marcada en contra de los intereses de Canarias y de la voluntad del pueblo isleño. Cada paso que dan, como la comunicación de la aprobación del estudio de impacto ambiental 4 días después de una cita electoral y previo a un puente festivo en el Archipiélago, no hace sino evidenciar que están jugando en nuestra contra y con las cartas marcadas.
Por nuestra parte hemos ido agotando vías: se ha seguido la senda institucional, con los cabildos y ayuntamientos de las islas más afectadas, el Gobierno y el Parlamento autónomos en contra. Se les ha pedido que abran la vía democrática, a través de referéndum. Se ha salido a la calle, en las manifestaciones más multitudinarias de la historia de las islas orientales. Estamos cansados de recoger y aportar firmas. Ha habido argumentos sociales, económicos, científicos y jurídicos. Y todo ello ha sido hasta ahora despreciado, quedando aun abierta la vía judicial, con la fecha del 10 de junio marcada en rojo para que el Tribunal Supremo falle la posible paralización del proyecto.
Por eso el próximo sábado 7 de junio, esta vez en todas las islas y a la misma hora, tenemos la responsabilidad histórica de defender a Canarias, en una demostración masiva del sentir popular del Archipiélago. Diciendo no a un modelo económico impuesto y destructivo, en el que nos jugamos algo más que el bucólico azul del horizonte: nos jugamos si decidimos nosotros o ellos, nos jugamos el mar, el turismo y el agua de abasto, desalada, que ha permitido nuestro desarrollo.
Tenemos la obligación de dar una respuesta clara y contundente, a la altura de la amenaza que se nos viene encima, y dejando de lado por un momento las múltiples diferencias que nos separan. Constituyendo un frente común, con el objetivo último de parar este despropósito. El pueblo, a través de los colectivos que han liderado esta oposición, delante; las instituciones canarias, detrás, prestando el apoyo necesario.
El próximo 7 de junio, tres días antes del previsible fallo del Supremo, no será lo mismo que salgan por las calles de Canarias 3.000 a que lo hagan 300.000; ni que pase en dos islas en lugar de en las ocho. Hay que echarse a la calle para mandar un mensaje de firmeza a ese aparato bien engrasado, del que aun queremos esperar algo de cordura: ¡Paren esta locura, ahora que pueden!
Si no –hay que avisarles-, este archipiélago, que no es Palencia ni Teruel, sino unas islas situadas en la costa norteafricana, a más de 2.000 kilómetros de Madrid, y que además acumulan los peores indicadores sociales, económicos y laborales, puede dejar de ser el bello vergel vacacional para convertirse en un problema grave para el Estado español.
