En estos días conocíamos la sentencia, en primera instancia, de lo que se ha venido en denominar el Caso El Trompo, en La Orotava. Se trata de un procedimiento judicial en el que estaban imputados el empresario Ambrosio Jiménez Quintana, el exalcalde Isaac Valencia (Coalición Canaria) y el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás Martí, acusados de promover la construcción de un macroedificio comercial en pleno corazón del Valle de La Orotava, en un suelo clasificado como rústico potencialmente productivo. El caso, con una importante proyección mediática en su recta final, se inició en el año 2002 y no hemos conocido una primera sentencia hasta catorce años después debido, como se reconoce en la misma, a la premeditada intencionalidad de los acusados y sus abogados -pagados, excepto el del empresario y durante casi todo el proceso, con dinero público- en retrasar la instrucción del sumario, con continuas peticiones de sobreseimiento -que fueron desestimadas una tras otra- y a que el Ayuntamiento de La Orotava retrasó, deliberadamente añadimos nosotros, la remisión de la documentación que le exigía el Juzgado de Instrucción (no olvidemos que los responsables de remitir los expedientes eran el Secretario y el Alcalde, ambos acusados). Es decir, se utilizaron todas las argucias legales posibles para dilatar el proceso y así verse beneficiados de lo que en derecho se conoce como atenuante de dilaciones indebidas, o en otras palabras, la reducción de las posibles condenas por infringir el derecho de toda persona a un proceso rápido, como así ha sucedido finalmente.
Han sido necesarios catorce años y miles de folios de instrucción para resolver algo que, a todas luces, era relativamente sencillo de dilucidar: el edificio, de más de 25.000 m2 de superficie y más de 80.000 de volumetría, se empezó a construir sin ningún tipo de licencia y no se paralizó ni se derribó (a pesar de las denuncias presentadas por Iniciativa por La Orotava -IpO- principal grupo opositor en el Ayuntamiento) sino que se finalizó sobre un suelo calificado por el PGO vigente en ese momento como rústico. El asunto no tenía más enjundia. Un clarísimo caso de delito contra la ordenación del territorio que, asombrosamente, tardó 14 años en resolverse -aunque aún se puede recurrir hasta llegar al Tribunal Supremo, algo que sucederá con toda certeza-.
Finalmente, en una larga sentencia -de 80 folios-, se desgrana, con bastante exactitud -y hablamos desde el conocimiento profundo del caso- el entramado político-empresarial-funcionarial que hizo posible la consumación de este delito y el enriquecimiento de algunas personas gracias a la estrecha colaboración entre quien era el máximo mandatario municipal, el que tenía la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y el empresario sin escrúpulos que actúa al margen de la ley como si no tuviera que atenerse a las normas jurídicas, como si estas no se dirigieran a él, sino al resto de ciudadanos y que muestra un absoluto desprecio por las normas protectoras del medio ambiente[i]. Un esquema que nada tiene de excepcional, pues se repitió en numerosos municipios canarios, pero que nos sirve para ilustrar uno de los modus operandi de la política tripartita en Canarias durante los últimos veinticinco años.
Por un lado tenemos a un empresario y promotor urbanístico que se jacta públicamente de su veneración hacia Franco y de haber entregado dinero a todos los partidos (léase CC, PSOE y PP), que entiende que todo es comprable y que desprecia cualquier norma que pueda interponerse ante su interés personal y su beneficio económico. El empresario, además, que impulsó el desembarco de las grandes superficies comerciales en Tenerife y el modelo socio-económico a ellas asociado (consumismo voraz, implantación de grandes multinacionales extranjeras, capitalismo salvaje, destrucción del pequeño y mediano tejido comercial, precariedad laboral, etc.) y que fue aplaudido por los dirigentes de los partidos políticos a quienes, según sus propias palabras, financiaba (como ejemplo el acto de inauguración del Centro Comercial El Trompo en 2004, con procedimiento judicial ya abierto, al que no dudaron en asistir el Secretario General del PSOE en esos momentos y el futuro presidente de Canarias, Paulino Rivero). Un empresario que sigue los dictados de las multinacionales foráneas y se convierte en su hombre en la Isla. Él tramitaba la compra de los terrenos, hacía todo lo que fuese necesario para obtener las licencias de construcción -todo lo que fuese necesario-, construía los edificios y, finalmente, cuando ya todo estaba «en regla», se los vendía a esas multinacionales. Además, se aseguraba la construcción, anexa a las grandes superficies, de su propio centro comercial, como sucedió en La Laguna y en La Orotava. Pero para ello necesitaba unos gobernantes municipales que no pusieran trabas y que «facilitasen» el otorgamiento de las licencias. En el caso que nos ocupa un alcalde de sólida formación nacional católica, populista, con mayoría absoluta, al que nadie en su partido (CC) se atrevía a contradecir porque era depositario de un buen caudal de votos imprescindibles para Cabildo y Parlamento, fácil de encandilar con las mentiras del progreso y la generación de empleo que traían las multinacionales y que gestionaba el municipio como si se tratase de su finca particular. Faltaba una tercera pata, imprescindible para que todo fluyera. Un alto funcionario municipal, en este caso el más alto del escalafón, el Secretario General, que diera apariencia de legalidad a lo que no lo tenía y que se atreviera a dar un brinco por encima de aquella legislación molesta que pudiera entorpecer la ambición de los otros actores.
Así, Ambrosio Jiménez, comenzó las obras[del Centro Comercial El Trompo] sin haber solicitado licencia urbanística, esto es sin autorización, sin preocuparse por una eventual suspensión o paralización de las obras, porque era conocedor de que el Ayuntamiento acabaría concediéndole los permisos necesarios para la edificación(…) y con total indiferencia y menosprecio por el racional uso del suelo y por las normas reguladoras de la protección de espacios naturales, decidió afrontar la construcción del Trompo. Mientras, Isaac Valencia, aceleró la construcción mediante un decreto por el que se daba licencia a una obra ilegal, con una actuación completamente caprichosa perjudicando a la ciudadanía y a la administración pública ejerciendo un abuso de poder manifiesto, al igual que su actuación al margen de toda conducta reglada, de la Ley, y de los propios intereses de los vecinos de La Orotava y de la Isla de Tenerife. La base «jurídica» que sostiene el decreto citado fue realizada por el Secretario, con nulo respeto a la ley, al ordenamiento jurídico, y a los principios constitucionales que deben guiar el comportamiento de la Administración Pública, y constituye una expresión de la voluntad particular del secretario municipal, apartándose groseramente de la resolución que en Derecho procedería. Un trabajo coordinado y planificado para que llegara a buen puerto, sostenido en los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio -por el que han sido condenados- y que ha supuesto notables beneficios económicos, al menos para el empresario, pues desconocemos si se ha investigado o no el patrimonio de los otros protagonistas.
Un procedimiento -el de la construcción de El Trompo- bastante torticero, que hubiese pasado desapercibido si no hubiese existido un grupo político en el Ayuntamiento que, en coherencia con su discurso, no dudó en emprender una batalla contra estas agresiones al interés general. Las consecuencias: descalificaciones personales y colectivas en los medios de comunicación; silencio mediático; persecuciones a sus miembros; ocultación de información; intentos de romper el grupo político municipal; intentos de sobornos; extensión de mentiras e informaciones falsas entre la ciudadanía… Cualquier medio que supusiera un desgaste suficiente para silenciar una voz incordia que trataba, con sus escasos medios, de correr las cortinas para que todo el entramado quedara al descubierto, a los ojos del pueblo. No lo consiguieron.
José Manuel Hernández Hernández/ Creando Canarias
[i] Utilizamos cursiva para reproducir textos extraídos de la Sentencia.
