Se abre entre los puertorriqueños un claro deslinde de posiciones políticas y de visiones de mundo como no había ocurrido desde la fundación del ELA. Eso es lo que ha logrado revelar el actual conflicto universitario frente al Gobierno, aun cuando se hacen innumerables esfuerzos publicitarios por desviar la atención del verdadero problema.
Contra la recomendación de expertos en el tema, incluyendo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y contra criterios morales y el sentido común más básico, existe un grupo político y económico poderoso que pretende imponer una comprensión llana y simple del momento histórico que vive el país. Este grupo quiere convencernos de pagar la deuda cueste lo que cueste y sin cuestionamiento alguno.
Atrincherados en esa visión, le piden a la gente más joven que renuncien sin chistar a sus ilusiones, las mismas que en el pasado han sido consideradas sagradas por todos los partidos políticos y agrupaciones civiles, esto es: el acceso a una educación superior de calidad.
Desde hace tiempo se piensa que las divisiones partidistas no representan las líneas divisorias reales en la política puertorriqueña. El conflicto en torno a la universidad sí expresa que un abismo se ha abierto entre nosotros: unos a favor de la expoliación y la miseria que implica el pago de la deuda y otros a favor de reconstruir la vida colectiva alrededor del bien común.
Ambos grupos queremos transformaciones profundas para el país y sus instituciones. Los que apoyan el régimen de la deuda quieren que todo cambie para ellos conservar sus privilegios. Nosotros queremos que cambie para que el país y sus instituciones sean más inclusivas y mucho más participativas y justas. El primero impone la necesidad de una gobernanza vertical, que no reconoce “acuerdos” horizontales, y la segunda exige que nada se decida sin esos mecanismos de participación.
Existen señales que apuntan a la configuración en Puerto Rico de un estado represivo. La burla constante de los procesos democráticos, el poco respeto que dispensa el gobierno a la dignidad humana y las libertades de expresión y protesta, la supresión del debate público real por parte de los medios corporativos, se nos presentan ya como situaciones alarmantes.
El problema de fondo no puede ni debe ser escamoteado: se trata del carácter antidemocrático y colonial de la existencia de la Junta de Control Fiscal, de donde emergen las políticas que atentan no solo contra la Universidad sino también contra el bienestar, la salud y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo en general.
Frente a la destrucción de lo colectivo, nosotros aspiramos al bien común. Eso es lo que está en juego. De este lado nos encontrará la historia.
