Uno, en su más pura ingenuidad, a veces se deja sorprender por la enorme caradura de algunos de nuestros políticos, significadamente, nuestro Presidente. Aduce Paulino Rivero, a cuenta de la posibilidad de reducción del número de Consejerías en estos tiempos de crisis, que «éste está determinado por el Estatuto» y por tanto no se puede modificar. No es cierto. El número de departamentos que tiene el Gabinete canario viene determinado por el Decreto 187 / 1995, de 20 de julio, y puede ser modificado como cualquier otro decreto, bueno fuera. Sólo hace falta eso que se suele llamar voluntad política. Sucede que ésta última no suele casar bien con los intereses de los partidos políticos, acostumbrados como están éstos a llegar a las instituciones en nombre del común para seguidamente pasar olímpicamente de él y tomar aquéllas como sus rehenes. Se puede decir, no sin razón, que éste no es el principal problema de la comunidad política canaria; que primero va la irracional por antidemocrática Ley Electoral que Coalición, Partido Popular y Partido Socialista reformarán para el 2015, como pronto. Se podrá argumentar, también acertadamente, que la organización política-administrativa del archipiélago, la distribución de competencias, no sólo en lo que hace con respecto a España sino a las propias instituciones canarias, es francamente mejorable. Aparte, da sana envidia ver cómo los catalanes van plantando cara a un asunto tan espinoso en su país, a cuenta de la vuelta a las veguerías. Conocidas son las tesis de José A. Alemán a propósito de este asunto y su defensa del papel de los Cabildos como instituciones puramente genuinas de las islas, frente al Gobierno de Canarias, un mimetismo, como tantos otros, adoptado ante la ausencia de un pensamiento canario no sucursalista. Cada cual que asigne el orden de prioridad que considere a cada una de estas cuestiones y otras de carácter parecido. Pero, por favor, que no nos tomen el pelo. En definitiva, no hacemos sino constatar la fragilidad del sistema político canario, que tiene como sangrante consecuencia las enormes dificultades para constituir el sujeto político canario. ¿O era al revés?
