Sissy Martín Cabrera
Qué divertidas eran esas noches de temporal de agua y viento del sur, en las que había una alta probabilidad de que nos quedáramos a oscuras por un corte de luz, contando cuentos e iluminados por las velas. Además, teníamos la bombona de butano como último refugio doméstico: aunque fallara la electricidad, no todo dejaba de funcionar. Hoy nuestras casas están mucho más electrificadas y un apagón significa quedarse sin muchas más cosas a la vez. Lo que entonces podía parecerme una pequeña aventura resulta bastante menos romántico cuando se mira desde la vida adulta.
Quizá por eso, el gran apagón que sufrió la Península1 en 2025, vivido durante unas horas casi como un desastre apocalíptico, se observó desde Canarias con una familiaridad incómoda. Aquí los ceros energéticos y los grandes cortes de suministro son bastante más frecuentes de lo deseable. Después de diez años esperando para volver a ver la Danza de los Enanos en la Bajada de 2025, y con un cero energético ocurrido apenas unas semanas antes, no faltaron las bromas sobre la posibilidad de acabar viéndolos bailar a oscuras. Eso sí que habría sido un apocalipsis.
La realidad es que La Palma ha sufrido al menos siete apagones generales en los últimos veinte años y, sólo en 2025, volvió a encadenar varios cortes hasta llegar al cero energético de junio. Tampoco ayuda que Los Guinchos, la central térmica de la que sigue dependiendo buena parte del suministro palmero, esté en funcionamiento desde 1954. Más de setenta años después, la propia Endesa la reconoce como una de las centrales más antiguas de Canarias y algunos de sus grupos han superado los cincuenta años de servicio.
Y la fotografía no es únicamente palmera. En 2024 las renovables cubrieron solo el 8,77 % de la generación eléctrica de La Palma y el 8,95 % de la de Lanzarote; en La Gomera apenas llegaron al 10,2 %. Mientras el conjunto de Canarias alcanzaba el 20,8 %, todavía había islas donde alrededor de nueve de cada diez kilovatios hora seguían dependiendo de generación no renovable. En 2025 el archipiélago subió al 22,7 %, incluyendo el autoconsumo, pero el retraso sigue siendo evidente.
Esas centrales tendrán que renovarse. La cuestión es con qué mirada hacemos ese cambio. Podemos sustituir equipos viejos por otros nuevos y prolongar durante décadas un modelo basado en combustibles fósiles, o aprovechar el momento para acelerar de verdad la entrada de renovables, almacenamiento y redes más modernas. Espero que las generaciones futuras no tengan que seguir viendo una central con chimenea desprendiendo humo tóxico junto a la playa, como parte inevitable del paisaje palmero o de cualquier isla hermana.
El problema no es únicamente ambiental. Depender de combustibles fósiles, convertidos demasiadas veces en moneda de cambio geopolítica y sometidos a decisiones tomadas lejos de las Islas, supone vulnerabilidad económica y estratégica. La transición energética no debería entenderse sólo como una carrera por sustituir motores diésel por renovables, sino como una oportunidad para reducir dependencias y transformar parte de la economía canaria.
Las grandes instalaciones renovables seguirán siendo necesarias. El autoconsumo y las comunidades energéticas pueden crecer mucho, pero difícilmente sustituirán por sí solas la generación térmica. Necesitamos parques eólicos y fotovoltaicos, mejores redes, almacenamiento e interconexiones allí donde sean razonables. También conviene explorar fuentes complementarias como residuos agrícolas y ganaderos, geotermia o, a más largo plazo, tecnologías marinas.
La discusión sobre las grandes plantas no debería limitarse a cuántos megavatios se instalan, sino a qué beneficio dejan en Canarias. Parte de esta transformación se impulsa con financiación pública y fondos europeos, por lo que cobra sentido incentivar la contratación de empresas asentadas en las Islas, la participación de pymes, la formación y el mantenimiento realizado desde Canarias.
No se trata de cerrarnos a empresas de fuera. Canarias necesita inversión, tecnología y experiencia exterior. La cuestión es utilizar esa inversión para construir capacidad propia. Dos plantas de idéntica potencia pueden producir la misma electricidad y dejar impactos económicos muy distintos según quién las diseñe, construya y mantenga, o qué conocimiento quede en el territorio.
Además, hablamos de instalaciones que pueden operar entre treinta y cincuenta años. Si van a ocupar y transformar un espacio durante décadas, parece razonable que exista un retorno para las comunidades que las acogen. Canarias fue pionera en el Estado español al incorporar este principio a su normativa: en junio de 2024 se estableció que los nuevos proyectos renovables instalados en suelo y de más de 2 MW debían ofrecer la posibilidad de participación local en al menos un 20 % del proyecto. En enero de 2026 la regulación se flexibilizó para que esa participación no tuviera que realizarse necesariamente mediante propiedad directa.
La filosofía me parece acertada, pero hay que evitar que una medida pensada para repartir mejor los beneficios termine convirtiéndose en una barrera para las propias empresas renovables y, al final, no se desarrolle ningún proyecto. La participación puede articularse mediante ofertas a residentes, financiación colectiva, cooperativas o administraciones locales; si no existe demanda suficiente, el proyecto debería poder continuar. Pedir retorno territorial tiene sentido; llenar de obstáculos una inversión necesaria hasta conseguir que nadie quiera hacerla, bastante menos.
Y, puestos a exigir participación ciudadana a una actividad que ocupa territorio durante décadas, quizá podríamos desplegar la misma imaginación en otros sectores. No estaría mal que, además de poder participar en el parque fotovoltaico que vemos desde casa, algún día nos ofrecieran comprar una pequeña parte del hotel que lleva cincuenta años ocupando primera línea de costa. No vaya a ser que terminemos discriminando precisamente a las renovables.
El despliegue renovable tiene que hacerse, además, con estándares elevados de protección ambiental. Las plantas eólicas y fotovoltaicas están sometidas a evaluación y condicionantes ambientales, y así debe ser. El propio sector renovable defiende esa exigencia, porque una transición energética que deteriorase el paisaje, la biodiversidad o los valores naturales que pretende ayudar a proteger resultaría bastante contradictoria.
Pero esa protección no obliga a colocar las renovables y el campo en bandos enfrentados. Agricultura, ganadería y energía pueden ser aliados dentro de una estrategia común para reducir dependencias y mantener actividad económica en las islas. El campo canario tiene problemas que empezaron mucho antes de la expansión renovable: de unas 130.000 hectáreas consideradas aptas para cultivo, apenas alrededor de 40.000 permanecen en uso. A ello se suman problemas de rentabilidad, relevo generacional y agua, con costes agrícolas y ganaderos aproximadamente un 40 % superiores a la media española. Ponernos torrontudos y convertir a las renovables en enemigas del sector primario impediría explorar algunas de las fórmulas que pueden ayudar a sostenerlo.
La agrivoltaica es un buen ejemplo. En determinadas explotaciones, cultivos, ganadería y generación eléctrica pueden convivir sobre una misma superficie si la instalación se diseña poniendo en primer lugar las necesidades de la actividad agraria. Los paneles pueden permitir el pastoreo, proporcionar sombra al ganado, reducir en algunos casos la evaporación y producir electricidad para bombeo, refrigeración, ordeño o almacenamiento. A esto se suma una posible renta complementaria para agricultores y ganaderos que trabajan con márgenes muy estrechos.
Y no todo pertenece al terreno de las posibilidades futuras. En La Palma, Bodegas Teneguía ha instalado autoconsumo fotovoltaico en sus instalaciones de Fuencaliente y estima un ahorro superior a los 20.000 euros anuales en su factura eléctrica. En el ámbito público, el Gran Canaria Arena combina una instalación fotovoltaica de 770 kW con 2 MWh de almacenamiento en baterías y ya ha registrado momentos de consumo nulo de la red durante eventos deportivos. Son casos distintos, pero muestran que producir, almacenar y gestionar mejor la energía ya reduce costes y dependencia.
Aquí aparece además una parte de la transición que suele quedar escondida detrás de las placas y los aerogeneradores. Cuanta más generación solar y eólica entra en el sistema, más importante resulta saber cuándo producir, consumir y almacenar. Canarias ya pierde parte de su potencial renovable porque existen momentos en los que hay recurso disponible pero el sistema no puede absorber toda esa electricidad. En algunos sistemas insulares los recortes de generación han superado varios puntos porcentuales. Instalar más potencia sin resolver ese problema sería producir energía para después verla desaparecer, como lágrimas en la lluvia.
Por eso el almacenamiento ya no puede considerarse un simple complemento. Baterías y bombeo permiten guardar electricidad cuando sobra y devolverla cuando se necesita. Pero también hace falta software para prever producción y demanda, decidir cuándo almacenar y coordinar una red cada vez más distribuida.
Ahí existe otra oportunidad para Canarias. La industria renovable necesita sistemas de control, predicción, análisis de datos y gestión de redes. Buena parte de ese trabajo puede desarrollarse aquí y convertir los problemas de nuestros sistemas pequeños y fragmentados en conocimiento útil para otros territorios insulares.
Eso exige formación. Si importamos los equipos, las baterías, el software y también a los profesionales capaces de manejarlos, habremos reducido emisiones, pero desaprovechado buena parte del potencial económico. La Formación Profesional y las universidades deberían acompañar la transición formando técnicos de mantenimiento, especialistas en almacenamiento, programación, electrónica de potencia y gestión de redes.
La transición tiene también una paradoja de género. Según el CIS, en febrero de 2026 el 79,1 % de las mujeres afirmaba estar mucho o bastante preocupada por el cambio climático, frente al 62,4 % de los hombres, pero su presencia en el sector renovable sigue siendo menor. Es importante incentivar la incorporación de mujeres a los ámbitos tecnológicos y técnicos, todavía muy masculinizados, pero sin olvidar la otra mitad de la transición: la social. El desarrollo renovable necesita también perfiles jurídicos, ambientales, económicos, de comunicación o sociología capaces de trabajar en el relacionamiento social, la participación y la aceptación de los proyectos. Son ámbitos con una presencia femenina mayor y, sin embargo, a menudo reciben menos reconocimiento que la parte puramente técnica. Si queremos hablar de una transición completa, hay que valorar toda la cadena de desarrollo y no solo aquello que termina convertido en megavatios.
En los hogares aparece otra dimensión. El autoconsumo puede convertir un tejado en un pequeño activo productivo, reducir la factura durante décadas y ofrecer, en muchos casos, una rentabilidad más interesante que mantener ese dinero en productos bancarios muy conservadores. Pero exige un desembolso inicial que puede ser una barrera para muchas familias.
Por eso tienen sentido incentivos simples y directos. Frente a subvenciones que obligan a adelantar dinero y esperar su resolución, bonificaciones en impuestos como el IBI o el ICIO hacen el beneficio más inmediato. El problema es que su implantación depende demasiado del municipio. Varios ayuntamientos de Tenerife y Gran Canaria ofrecen estas ventajas, mientras en las islas menores siguen siendo mucho menos comunes. Una política que beneficia al sistema no debería depender tanto del código postal.
Y queda una barrera todavía más evidente: no todo el mundo tiene tejado. Quien vive de alquiler, en un bloque de viviendas o sin una cubierta adecuada también debería poder participar. Ahí cobran importancia el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, que permiten compartir instalaciones entre vecinos, pequeñas empresas, cooperativas o administraciones y extender los beneficios de la generación distribuida a quienes no pueden instalar paneles por su cuenta.
Al final, la cuestión no es cuántas placas o aerogeneradores caben en Canarias. Podemos sustituir progresivamente combustibles fósiles por sol y viento sin modificar demasiado nuestra estructura económica, o utilizar esa transformación para fortalecer empresas, sostener el campo, desarrollar tecnología, formar profesionales y permitir que la ciudadanía participe de sus beneficios.
La soberanía de Canarias también se juega en la energía: cuanto más capaces seamos de producir, gestionar y almacenar aquí lo que consumimos, menos dependeremos de decisiones tomadas fuera. Ojalá entonces las velas vuelvan a servir sólo para una velada romántica y no para recordarnos lo lejos que seguimos estando de esa soberanía.
- N. de la E. península Ibérica. ↩︎
