Carmela Cionfrini

Todos debemos haber jugado en alguna ocasión a aquel juego de memoria, parecido al teléfono descompuesto, en el que cada participante debe transmitir el mensaje que acaba de recibir de un jugador al siguiente sin modificar su contenido (suponiendo que lo haya oído correctamente), a la vez que añade nueva información. De este modo, el mensaje es cada vez más amplio, y el objetivo del juego es transmitirlo y enriquecerlo tanto como la memoria de los jugadores permita. Aunque cambien los contenidos, la complejidad o los soportes, la reinvención continua de esta dinámica nos habla de la importancia que concedemos a la memoria y las narrativas colectivas, en las que cada nuevo capítulo aporta al crecimiento del grupo como las cuentas de un collar.
El valor que las sociedades conceden a su patrimonio pone de manifiesto esta inclinación, en la que los jugadores son comunidades enteras que reciben, como un mensaje a través del tiempo y el espacio, aquellos elementos que sus predecesores seleccionaron como característicos, y a los que deberán sumar otros que se transmitan a la generación siguiente. A diferencia del juego, sin embargo, las motivaciones son más variadas y complejas, puesto que la elección que la sociedad hace de dichos elementos no es nunca inocente, si bien es justo apuntar que no siempre es tampoco consciente o deliberada. Hay bienes que han llegado a nosotros por vocación colectiva de conservarlos, otros han llegado por cuestiones prácticas, por continuidad funcional, por una sucesión de casualidades o incluso porque no estorbaban; pero cabe recordar que son tan importantes los que han llegado como los que no. A nadie escapa el abuso que el patrimonio, aún hoy, sufre en determinados contextos como instrumento para moldear la historia o las identidades, para privilegiar unas narrativas o grupos frente a otros, así como los riesgos de su desprotección, o de su desafección cuando representan episodios con los que, en un momento dado, una sociedad no desea verse representada, con el riesgo de eliminar aprendizajes que no convendría olvidar.
Hace poco realicé un taller de autorretratos con dos grupos muy distintos entre sí en edades y contexto, pero con una misma dinámica, en el que pedíamos a los participantes que, mirándose en un espejo, se dibujaran a sí mismos. El autorretrato es un acto de selección y filtrado conscientes, en el que decidimos qué rasgos propios consideramos característicos y cuáles no, pero también qué aspectos de nuestra identidad esperamos que nos representen ante los demás. Esto soy yo, esto no; pero también, esto me gustaría ser, soy esto aunque querría serlo más / menos, o esto es lo que querría que los demás observaran al verme.
La percepción del patrimonio como autorretrato de una sociedad no es espontánea ni automática, sino que tiene mucho que ver con su historia y circunstancias, y es también susceptible de sesgos propios y externos. Canarias, como territorio intercontinental bajo una influencia predominantemente europea, ha ido configurando una visión del mundo — y de sí misma— a través de un cristal moldeado por un contexto ajeno que no siempre contempló sus particularidades. Si bien el uso de lentes prestadas puede servir de apoyo puntual, insistir en una mirada ajena acaba por distorsionar la identidad propia y dañar la visión de una sociedad de forma irreversible.
La visión hoy generalmente aceptada del patrimonio, y que Canarias toma como referente, tuvo sus raíces en el entorno europeo, particularmente en el período de posguerra, en el que gran parte de los cascos históricos habían quedado destruidos, y fue preciso intervenir para conservar lo que quedaba, o incluso reconstruirlos de cero. Las derivas totalitarias de carácter nacionalista que recorrían el continente contribuyeron también a modelar la imagen que se tenía de la identidad de cada país, a la que el patrimonio y la producción cultural debían remitirse, seleccionándolos en función de si reflejaban o no la imagen hegemónica y gloriosa que cada nación tenía de sí misma.
Según registros nacionales y europeos, estas ciudades de referencia contienen frecuentemente extensos cascos cuyos orígenes se remontan al mundo clásico o medieval, dominadas por la presencia de patrimonio artístico-monumental, con notable presencia de edificios institucionales (civiles, militares o religiosos) además de residenciales, pertenecientes al período preindustrial y al siglo XIX, mientras que los porcentajes de edificios protegidos pertenecientes al siglo XX oscilan, según la fuente, entre el 10 y 15%, e incluso menos en algunos casos.
El panorama contrasta con el de Canarias, particularizando aquí para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si bien las conclusiones podrían ser extrapolables a otras partes del Archipiélago. La ciudad, cuya fundación se data hace unos cinco siglos y medio, surgió como enclave logístico y de comunicación entre las islas y el continente, como puerto de paso hacia África y Asia por vía marítima y, más tarde, hacia América. Si consideramos la extensión actual de la misma (alrededor de unas 2.800 hectáreas de suelo urbano consolidado) como el 100%, el porcentaje de superficie que cubría la ciudad hacia 1883 era aproximadamente un 3.5%, del cual, la mayor parte correspondía con el casco de Vegueta-Triana, según reflejaba ese año el plano del arquitecto municipal López Echegarreta. Cerca de un 18% de la superficie final de la ciudad se ocupó en los años siguientes (hasta 1945) al calor del desarrollo portuario y el progresivo crecimiento de la industria (si bien las principales actividades económicas de la Isla seguían ligadas a la agricultura y el sector primario), que propiciaron una serie de ensanches. Pero el verdadero boom llegó en las tres décadas que siguieron, cuando se urbanizó cerca de la mitad del total actual, ante el empuje del turismo y el éxodo rural, que atrajeron a la población tentada por la bonanza económica, quedando cerca de un 28.50% de suelo pendiente de ocuparse entre 1975 y la actualidad.
De las más de 1.500 fichas de inmuebles catalogados en la ciudad, casi la mitad se ubican en ese 4% de superficie hoy asociado al núcleo de Vegueta-Triana. Se calcula que, alrededor de un 55% de los inmuebles protegidos se erigió antes de 1900, mientas que cerca del 29% correspondería al período hasta 1945, y un exiguo 16% a las tres décadas siguientes, en las que la ciudad triplicó holgadamente su superficie; tras las cuales la incorporación de nuevas fichas es prácticamente inexistente. La tipología arquitectónica más frecuente es la residencial (más de 8 de cada 10) seguida de los equipamientos civiles y religiosos. El patrimonio industrial/comercial y el hotelero, pese a su papel fundamental en el desarrollo de la historia urbana reciente, corresponderían a cifras cercanas al 6 y 2%. De estas cantidades se excluye el patrimonio etnográfico y arqueológico, que suma unas 214 fichas.
Estas cifras dan una idea del autorretrato de la ciudad que estamos haciendo, y de cómo períodos fundamentales de su historia y, por ende, de su identidad, quedan fuera de la imagen. El pronunciado desequilibrio de bienes protegidos hacia los capítulos más lejanos de la historia de la ciudad, en detrimento de los más recientes, perjudican principalmente a los períodos dominados por el puerto, el éxodo rural, la industrialización o el turismo, paradójicamente los de mayor desarrollo urbanístico, en una situación en la que se mezclan, en palabras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su «Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX (2015)»: “el desinterés en el conocimiento, apreciación y conservación por parte de la sociedad en general”, así como “la desigual presencia del patrimonio cultural del siglo XX en los inventarios desarrollados por las diferentes Comunidades Autónomas entre sus bienes declarados”.
La historia se vuelve incompleta cuando la sensibilidad patrimonial se limita a la estética del mármol y la voluta. Al desechar lo que parece sencillo o carece de ornamento, se pierde un legado único que, pese a su discreción material, es fundamental para entender la experiencia colectiva de una sociedad.
El patrimonio debería ser un reflejo fiel de la Historia desde la mirada propia, protegiendo aquello que la distingue más allá de la antigüedad o la opulencia. Los capítulos relevantes de una ciudad no siempre se escriben en palacios, sino en talleres, alpendres o naves; espacios cuya desaparición supone la pérdida de un fragmento irrepetible de la memoria colectiva. El reciente derribo del taller obra de Luis López Díaz es un amargo recordatorio de esta vulnerabilidad. Fuera de la imagen estereotípica de lo monumental, barrios enteros son abandonados o erosionados por intereses particulares al no encajar en un canon estético rígido de lo que el patrimonio, como recurso común, debería ser o mostrar, y menoscabando así su reivindicación colectiva. Es preciso que la sociedad cuestione en qué espejo se mira y qué imagen le devuelve, asegurándose de que esta sea veraz y representativa de la historia de las Islas. Si bien la identidad debe seguir enriqueciéndose con experiencias y visiones de todo tipo, como ha hecho siempre, es fundamental poseer la autonomía necesaria para discernir qué fragmentos de ese diálogo global nos representan y qué legado se decide, con voz propia, entregar a las generaciones venideras.