Limitar la compra de vivienda a no residentes. Es una de las medidas estrella de entre las que vienen reclamando muchos de los colectivos opuestos al modelo de (sub)desarrollo impuesto en Canarias. Si la situación socioeconómica en general roza ya lo insostenible para amplias capas de la población, el encarecimiento galopante del acceso a una vivienda digna es seguramente el elemento más palpable de la injusticia y el deterioro social al que nos han llevado décadas de ceguera voluntaria y avaricia turística. Con la vivienda vacacional, el turismo ha salido de hoteles y apartamentos para colonizar también casas y pisos donde antes residía la gente del país; el alquiler vacacional es mucho más lucrativo para los propietarios, y los turistas que vienen a Canarias tienen un poder adquisitivo mayor que el nuestro, con lo que en pocos años han desaparecido muchísimas viviendas del parque inmobiliario residencial. Por si fuera poco, esta rentabilidad fácil atrae a muchísimos nuevos compradores, de dentro y fuera de las Islas, animados además por la concepción del ladrillo como valor refugio para sus ahorros. Es un negocio redondo, a costa de nosotros, canarias y canarios expulsados de nuestros barrios de siempre, marginados de nuestro mercado inmobiliario por no poder pagar precios y alquileres europeos con sueldos canarios.
Con este panorama no es de extrañar que sean numerosas las personas y los colectivos que exigen proteger a la población residente en su derecho de acceso a una vivienda digna, para lo cual –dicen– habría que restringirle la adquisición de vivienda en Canarias a personas no residentes. Se ha llegado a esgrimir como argumento que en 2023 el 38 por ciento de las compras de bienes inmobiliarios correspondió a personas extranjeras. Así, parece lógico reclamar que la compra de vivienda en Canarias pase a ser un derecho exclusivamente para la población residente en el Archipiélago, de ahí que sea una matraquilla constante en todos los debates y reivindicaciones sobre el cambio de modelo. Sin embargo, no por repetida deja de ser una medida completamente ineficaz y profundamente injusta con los canarios.
Ineficaz en primer lugar porque a menudo se confunde a personas “no residentes” con personas “extranjeras”, principalmente europeas de poder adquisitivo medio-alto. Pero ser extranjero no equivale a ser no residente; es más, sabemos que la población extranjera residente en Canarias es muy numerosa, no poca es de origen europeo y de posición económica saneada. Si buscáramos qué proporción de ese 38 por ciento de compradores extranjeros que cito arriba era ya residente, quizá nos lleváramos una sorpresa. En segundo lugar, obtener la residencia en Canarias para nacionales de estados de la UE no comporta dificultad ninguna. Si las restricciones son mínimas, el control de las mismas es escaso, por no decir inexistente, conque de poco sirve basar un sistema restrictivo en una condición que se obtiene con facilidad. Bastaría con solicitar la residencia primero y comprar la vivienda que se quiera después. Además, aproximadamente la mitad de las nuevas llegadas a Canarias corresponde a personas de nacionalidad española, no pocas a la búsqueda también de invertir un capital en el negocio rentable de la vivienda vacacional, o sea que contribuyen igualmente al alza de precios. Limitar la compra de vivienda a nacionales de la UE pero no a nacionales españoles sería una medida discriminatoria inaceptable para el derecho de la Unión, al menos con el encaje jurídico actual de Canarias en la UE.
En tercer lugar, cualquier medida restrictiva de la compra de vivienda para los no residentes, aun en el caso harto improbable de que prosperara, seguiría dejando la puerta abierta a la acumulación de activos inmobiliarios en manos de los grandes tenedores residentes –de cualquier nacionalidad– si no se limita drásticamente el número de viviendas vacacionales que pueda explotar cada titular. Sin embargo, esta otra limitación, a priori más eficaz, sorprendentemente no goza de tanta popularidad en el debate sobre el modelo de (sub)desarrollo canario.
Pero es que limitar la compra de vivienda a los no residentes sería, encima, tremendamente injusto para con los miles de canarios y canarias residentes en el exterior por motivos laborales o de la índole que fuera, que quedarían privados automáticamente de su derecho a adquirir una casa en su lugar de origen, mientras que extranjeros pudientes sin ningún tipo de vinculación con Canarias pasarían a tener más derechos por el simple hecho de poder establecer su residencia en el Archipiélago. Sería absolutamente inaceptable.
Para rizar el rizo todavía más, por si fuera poco, tenemos que en este debate suele recurrirse al ejemplo de las islas finlandesas de Åland, entre otras, como caso paradigmático de éxito en la limitación de compra de vivienda a no residentes. Es absolutamente incorrecto. Si el caso de Åland resulta revelador es precisamente porque no se basa en el concepto de residencia, sino en el de arraigo. Así, Åland sólo permite acceder a su mercado inmobiliario al completo a quienes tengan derecho de domicilio en el archipiélago –los nacidos en las islas que tengan al menos un progenitor con derecho de domicilio–, o a finlandeses con más de cinco años de residencia y dominio del sueco, el idioma local. Tampoco se permite iniciar ninguna actividad empresarial sin derecho de domicilio, del que también depende la participación electoral. Las personas extranjeras sólo pueden comprar vivienda en Åland si cumplen una serie de requisitos y únicamente en zonas estrictamente delimitadas del archipiélago. Todo esto para preservar el control de las islas en manos de la población local de Åland.
Si el caso de Åland resulta interesante, es precisamente porque no basan sus restricciones en la residencia o no residencia, sino en si se tiene o no arraigo. De ahí que plantear el caso de Åland como ejemplo, pero seguir planteando la residencia como elemento de base para las restricciones resulte una contradicción en los términos. Por todo lo expuesto queda claro que restringir el derecho de adquirir bienes inmuebles en Canarias a no residentes tendría poca capacidad disuasoria en la práctica. No sólo no mejoraría el acceso a la vivienda para la población local, que seguiría siendo expulsada y sustituida por turistas y foráneos de mayores posibles; es que además estaríamos cerrándole la puerta a volver a miles de compatriotas residentes en el exterior. La solución no pasa por residencia sí o no, sino que ha de basarse en el concepto de arraigo, inspirado en las buenas prácticas de otros territorios, pero adaptado a las realidades y necesidades específicas de Canarias, para que de una vez podamos canarias y canarios tomar el control de la tierra que pisamos, construir nosotras y nosotros el país que vivimos.
