Reproducimos este artículo aparecido en El País Canario el pasado 1 de mayo de 2024. Pueden consultar la publicación original aquí.
Pese a la jauría mediática que se empeñaba en acusarnos de turismofobia, nosotras, las manifestantes de ese día, teníamos conciencia clara de algunas cosas que ni el gobierno autónomo ni la clase política en general han querido ver.
La primera es que no se odia al turismo en las islas. Todo lo contrario. El turismo trajo en su momento cierta riqueza para los de arriba, un relativo bienestar para los del medio y algo de trabajo para las clases de abajo. Y lo que reclamamos no es que no haya turismo, sino que este se ajuste al territorio y a las gentes de las islas. El turismo devora territorio y recursos tan imprescindibles como el agua. Somos dos millones de canarios y canarias y dieciséis millones de turistas. Nadie nos ha dicho cuánta agua es necesaria para esos dieciséis millones ni cuánta agua debe ser tratada después de su uso. Más allá de la depredación que los especuladores hacen de nuestro paisaje construyendo camas innecesarias, este modelo de turismo nos trae degradación de nuestras costas y agotamiento de nuestros recursos naturales. Todo para que se enriquezcan unos pocos y la mayoría de la población trabaje, los que pueden, por sueldos muy por debajo de los del resto del Estado, con horarios alargados y un costo de vida cada día más alto.
No hay vivienda para los canarios y las canarias, pero sí la hay para los turistas. Este problema de vivienda, junto con el problema del agua, son las principales consecuencias del modelo turístico impulsado por las clases dirigentes y apoyado servilmente por los partidos políticos en Canarias. Durante la pandemia del COVID-19, se habló mucho de replantear el futuro de las islas y su economía. La respuesta del Gobierno canario fue un documento que reafirmaba la necesidad urgente de continuar con el modelo actual de desarrollo canario. PSOE, Nueva Canarias y Podemos firmaban ese documento y pese a las críticas de algunas instituciones y voces disidentes, fue aprobado y está siendo aplicado a rajatabla por el actual gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Todo ello, porque no tienen, ni quieren, una alternativa para las Islas. Su visión es seguir gestionando lo público como se pueda, beneficiando a los poderes económicos, pero sin pensar ni en las generaciones futuras ni en las miserias del presente.
Los manifestantes del 20A recordamos que no somos los dueños de nuestro territorio, que lo tenemos en fideicomiso para las próximas generaciones. Que hay que cuidarlo y conservarlo para beneficio del presente y, sobre todo, del futuro de todas.
Exigimos un cambio de modelo, que se nos escuche, debata y piense en nuestro futuro y el de nuestro territorio. Queremos unas islas más cuidadas y protegidas, donde las gentes que la habitamos, también seamos cuidadas, protegidas y no explotadas ni expulsadas de las viviendas, las playas o los montes. Las Islas ya reciben dieciséis millones de turistas al año y aun así seguimos teniendo números aterradores de paro, pobreza y vulnerabilidad social. Eso ocurre porque los beneficios del turismo están muy mal repartidos. Los manifestantes del 20A señalamos esa contradicción del sistema y pedimos que se replantee el modelo para que los beneficios del turismo lleguen a todas y no se queden en las manos de unos pocos.
Venimos a decir que la cuerda se ha estirado demasiado y está a punto de romperse. Por eso, salimos y saldremos a las calles, para recordar a los poderosos que las cosas tienen un límite, que nosotras estamos dispuestas poner nuestros cuerpos por la defensa del lugar que habitamos, por una vida con derechos para todas las personas que construimos día a día este país y, sobre todo, para construir nuevos horizontes que permitan pensar nuestras Islas desde los cuidados y la sostenibilidad.