Yo he visto cosas que ustedes no creerían: naves en llamas más allá de Orión; políticos hablando de limitar el crecimiento turístico; rayos C desvelando que las Islas tienen un límite de carga; líderes insulares descubriendo el desigual reparto de la riqueza, o presidentes declarando que las cosas tienen que cambiar, no cerca de la puerta de Tannhäuser, sino en Canarias.
Es verdad que en esta Blade Runner nuestra particular tampoco han faltado los tacañones habituales, androides ya obsoletos como, entre otros, el presidente de la patronal de la construcción, Óscar Izquierdo –más de 30 años al frente de FEPECO–, que acusó de “vaguear” a los convocantes de las protestas. O Pedro Alfonso, presidente de la CEOE de Tenerife, que dice en la radio que la población local no tiene cultura de trabajo, que prefiere vivir de las ayudas, o que hay hoteles que no se llenan porque falta gente con ganas de trabajar. Están nuestros representantes empresariales superados por los acontecimientos, siguen anclados en los años 90 del siglo XX y no saben qué hacer con su desconcierto. Resulta hasta cómico que tachen de vagos al conjunto de la sociedad y acusen a la población de preferir las paguitas, cuando justo los sectores que ellos representan llevan décadas mamando de la ubre pública y gozando de exenciones fiscales, para después llorar por los riesgos que corre el empresariado.
Con todo, izquierdos, alfonsos y otros replicantes de modelos desfasados resultan predecibles y ya no sorprenden. Décadas de manejo a su antojo los han hecho fachentos hasta el punto de atreverse a insultar a la cara a un pueblo entero sin temer represalia ninguna porque hasta ahora nunca la ha habido. Ahora les falta capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Los que preocupan no son ellos, sino los modelos más sofisticados, los capaces de simular un giro de 180 grados. Los que ahora de buenas a primeras reclaman una ecotasa, pero sostienen a alcaldes que dicen que «no hay otro camino que continuar con Cuna del alma». Los que ahora proponen cobrar entrada a espacios naturales llamándola tasa finalista. Los que dicen que las cosas tienen que cambiar mientras promocionan la llegada de más nómadas digitales y rechazan en el Parlamento una ecotasa, una moratoria o limitar la compra de vivienda. Los que hablan de sostenibilidad, pero le pagan con dinero de todos –los vagos, gandules, ¿se acuerdan?– campañas de promoción turística en FITUR, la ITB de Berlín o la WTM de Londres a un sector de beneficios multimillonarios que se puede pagar solito eso y mucho más.
Así, mientras los androides obsoletos del empresariado hacen de malos de la película, nuestra clase política más visible trata de mantenerse a flote en la misma dualidad en que se debate el detective Rick Deckard. Al igual que el protagonista de Blade Runner, que empieza a dudar de si es humano o androide y no sabe dónde colocar sus lealtades, nuestros políticos empiezan a sentir que el suelo se les puede mover bajo los pies, y que seguir siendo leales a lo que estime oportuno el binomio turismo-construcción, como hasta ahora, podría ponerles en contra a una parte sustancial de la sociedad, o sea del electorado. Saben que la sociedad canaria ya está en la fase de indignación –según el índice de irritación de Doxey (Irridex)– y que la siguiente es la de rechazo, pero, como Deckard, no están dispuestos –todavía– a asumir la nueva realidad. Es en esa dualidad en la que se encuentra ahora mismo la política canaria donde radica el peligro, es decir, en la tentación de convencer a patronales y sector turístico para que acepten una ecotasa, el cobro para acceder a espacios naturales, quizá hasta una moratoria temporal o insularizada, o una ley de vivienda con medidas cosméticas, para de esa forma cantar victoria a dos bandas. Ante la ciudadanía, presentando esos parches como el éxito de las reivindicaciones del 20A. Ante el empresariado y los especuladores, logrando desactivar la oposición al modelo extractivo y depredador, que seguiría adelante con una cara más amable pero sin muchos cambios. Las patronales rezongarían algo, pero poco, y esta agonía insoportable se prolongaría hasta llevarnos al colapso total.
El cambio de modelo –extractivo y depredador, insisto– es impostergable. No se va a lograr ni con ecotasas –que no van a disuadir a nadie de venir a Canarias– ni cobrando entrada a los no residentes en los Clicos, el Teide, el Birigoyo o el Roque Nublo. Ese cambio necesario va mucho más allá de lo puramente turístico; entra de lleno en la gestión del territorio, la salud del tejido social, el ejercicio de derechos, el riesgo de colapso medioambiental, la distribución de la propiedad y la riqueza… Detallar todas sus ramificaciones es una tarea que excede en mucho mis capacidades y la extensión de este texto. Aun así, sí quiero destacar algún que otro aspecto que veo surgir en el debate con frecuencia y que considero conviene matizar. Uno de ellos es la insistencia machacona en que hay que construir vivienda social. Vaya por delante que el porcentaje de vivienda social del parque inmobiliario canario es irrisorio y debe aumentar sustancialmente. Pero construir nuevas viviendas para acoger en los extrarradios a canarias y canarios que ya no pueden permitirse vivir en sus barrios céntricos de siempre, ahora gentrificados e invadidos de gastrobares y viviendas vacacionales, es cuando menos un sarcasmo que nadie puede proponer seriamente como parte de la solución. Los únicos que se beneficiarían de nuestra expulsión de los centros urbanos son los androides obsoletos del sector de la construcción –¿en qué quedaría el cambio de modelo?– y los androides más sofisticados, los de la política, por aquello de la dualidad. El cambio pasa por reducir la carga poblacional, no por construir más para acoger a todavía más gente. ¿Y cómo incrementamos el porcentaje de vivienda social si limitamos la construcción de vivienda nueva? Obligando a sacar al mercado las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias, un escándalo en sí mismo, y que casi por sí solas resolverían la crisis habitacional. Para ello hay que presionar a la clase política para que abandone su dualidad calculada y se moje con medidas incómodas para ellos pero necesarias para el común, como por ejemplo confiscar viviendas desocupadas para arrendarlas a precios sociales.
Otro elemento que está en boca de todos es el de limitar la compra de bienes inmuebles a extranjeros. El gobierno encargó recientemente un estudio jurídico para valorar la viabilidad de la medida y también propone a la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa convocar un foro monográfico sobre la superpoblación. Está por ver qué recorrido tiene dicho foro de celebrarse, pero lo cierto es que en el entramado de la UE las iniciativas de este tipo de órganos consultivos rara vez se traducen en nada concreto. Mucho más recorrido tendría plantear este debate en el Europarlamento y en el seno del Consejo, que es donde se legisla y se toman las decisiones. Pero para eso el Gobierno de Canarias tendría que pasar primero por el de España y convencerlo de la necesidad de abordar sin demora la saturación poblacional del Archipiélago en el nivel europeo, lo que exigiría grandes esfuerzos, no poca presión y mucha capacidad de aguante y negociación. El gobierno canario –nuevamente la dualidad– parece haber optado por la vía europea de menor desgaste, más fácil, pero también más inocua.
Tampoco aquí han faltado a la cita «expertos» en la cosa jurídica presurosos a proclamar la imposibilidad de limitar nada porque lo impiden los tratados en los que se fundamenta la UE. La libre circulación de capitales y personas, dicen, no admite cortapisa. Pasan de puntillas sobre el hecho de que estados como Malta, Dinamarca o Finlandia entre otros ya restringen la venta de bienes inmuebles a extranjeros, y Finlandia la limita incluso a sus propios nacionales a la hora de establecerse en el archipiélago de Aland, asunto del que ya hemos escrito anteriormente y que se suele soslayar convenientemente. Contestan nuestros «expertos» que esas disposiciones especiales se negociaron en el proceso de adhesión de esos estados a la UE, y tienen razón. Pero no es menos cierto que Canarias puede aducir su estatus de región ultraperiférica y sus circunstancias especiales, tan nombradas, como baza negociadora, algo que otros territorios de la UE no pueden hacer. «Imposible, habría que modificar los tratados», oímos decir. Y vuelve a ser verdad. Sin embargo, es innegable que la próxima gran transformación de la UE ya se está gestando –entre otras cosas con la probable ampliación hacie el este y sureste y la modificación de los tratados–, lo que abriría una ventana de oportunidad a cambios que antes hubieran sido inviables. Todo ello sin perder de vista que el artículo 65 del Tratado de Funcionamiento de la UE hoy vigente ya contempla que, en palabras de la comisaria Mairead McGuinness, «tales restricciones pueden estar justificadas por razones de orden público o seguridad pública, o por razones imperiosas de interés general conforme se reconoce en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, a menos que dichas restricciones sean discriminatorias y desproporcionadas con respecto al objetivo perseguido». Ninguna de estas vías de negociación será fácil de transitar. Pero si algo hemos aprendido en la UE es que lo que parece inamovible un día puede renegociarse al otro si se dan las circunstancias, como ocurrió por ejemplo con la mutualización de la deuda, verdadero anatema de la época de la austeridad que acabó aprobándose años después.
El modelo de desarrollo para Canarias no puede ser el de la superpoblación, la explotación, la pobreza disparada o la destrucción medioambiental. Sin territorio no hay convivencia posible. El cambio de modelo no es parchear las apariencias para que todo siga igual, ni pasa por construir más ni puede seguirse fundamentando en que la población local sea la que sufrague los gastos que generan los visitantes. El mensaje de la ciudadanía canaria es claro: basta ya de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Existen vías que explorar para cambiar las cosas, y nadie dijo que fuera sencillo. De la capacidad organizativa de la sociedad civil canaria y de la presión política que seamos capaces de ejercer dependerá que ese nuevo modelo de futuro se vaya materializando en una transformación profunda, gradual pero real, en vez de embarrancarse en cuatro o cinco medidas deslavazadas que se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.