“Desde las ciencias naturales, las ciencias sociales o las humanidades se produce abundante bibliografía que redunda en la idea de que el archipiélago está marcado por un esquema de organización social y político depredador del suelo, contaminador de las aguas, destructor del patrimonio cultural y perjudicial, en general, para todas las especies que habitamos las islas”.
(Prensa de Canarias, 17-4-2024)
Me invitan a que exponga mi punto de vista a propósito de las multitudinarias protestas “Canarias tiene un límite” del pasado 20 de abril en todo el Archipiélago. Abro un nuevo paréntesis en la serie de sentencias poli(é)ticas que estoy publicando en esta revista, redactadas por mi heterónimo Pablo Utray, para acoger el debate mantenido por el Clan del Don en relación a las referidas protestas, en las que se exigió un cambio del modelo socio-económico que impera y oprime a buena parte de la ciudadanía canaria. Transcribo la primera parte del debate en formato de artículo tal como me lo envía el mismo Utray.
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Tres hechos políticos, de diferente relevancia y sin aparente conexión, se han producido recientemente en el cortísimo plazo de diez días, del 20 al 30 de abril.
Primero, el mismo día 20, se produjo una protesta de la máxima relevancia: el pueblo canario en unas masivas movilizaciones interpeló “desde abajo” a las élites de poder, canarias y no canarias, exigiendo un cambio del modelo socio-económico imperante bajo el lema “Canarias tiene un límite”. Luego, el 24 de abril, sin aparente relación, el Presidente del Gobierno español interpeló “desde arriba” a las ciudadanías del Estado dirigiéndose a ellas mediante una insólita carta sin intermediarios institucionales, informándoles de que dada la enfangada regresión que atraviesa la democracia en este país de países, con agentes derechistas y conservadores que de forma planificada tratan de deshumanizar y deslegitimar las opciones de progresistas, se retiraba a reflexionar sobre si debía o no continuar con sus responsabilidades de gobierno. Y, finalmente, el 30 del mismo mes de abril, el Cabildo de Tenerife conmemoró el cuarenta y cinco aniversario de su constitución democrática en un abarrotado acto que propició que se mirase hacia atrás en nuestra memoria historia, acto que de inmediato (seguro que por casualidad) fue mediáticamente casi ocultado.
Me referiré a esos dos primeros sucesos relacionándolos de forma interpretativa, argumental y crítica, como ya hizo por nuestra parte Pablo Ródenas de manera resumida en el tercero de estos sucesos, el acto que conmemoró la constitución del primer Cabildo democrático de la vieja Nivaria, también un día 20 de abril, pero de 1979. De esa interpretación surge una conclusión que ya anida en el título de este texto, como hipótesis de viabilidad: es necesario y posible un régimen político canario menos injusto. Se trata más bien de una hipótesis de posibilidad, no de probabilidad, dado los escasos mimbres con los que de momento cuenta la ciudadanía canaria para lograr el ansiado cambio de modelo político-económico, alterando así la hegemonía del actual bloque defensor del statu quo.
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El amplio nexo de tiempo que va de aquel 1979 a este 2024 sirve para poner en evidencia los grandes cambios que ha habido en nuestros modos de vida, propios de la dinámica histórica general y particular de las Islas, dinámica de cambio que se produce en todos sus ámbitos sociales (que se suelen distinguir y catalogar como políticos, económicos y culturales para luego volver a entrelazarlos, conformando juegos de lenguaje y formas de vida compartida que propician nuestra propia y fluida identidad), y que interactúan con las fuertes determinaciones territoriales y poblacionales del Archipiélago. Se puede aludir a ese nexo temporal de cuarenta y cinco años —de forma muy sintética, claro— a partir de algunas buenas noticias y de otras no tan buenas, incluso malas. O a la vez buenas y malas: transición con regresión, desarrollo con corrupción, legalidad con impunidad, distribución con desigualdad, elitismo con hartazgo…
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Para situarnos tenemos que partir de nuestro presente real, al menos abocetándolo. Pese a los continuos cantos de sirena de las élites de poder enmascarando los problemas del común ya no se puede ocultar que la mayoría ciudadana canaria sufre carencias estructurales insoportables. He aquí una sucinta relación: altos índices de paro y pobreza que alcanzan incluso a una parte de la población trabajadora, problemas de vivienda en crecimiento acelerado, desatención de los cuidados a gran parte de los mayores y dependientes, generaciones de jóvenes obligados a vivir de sus familias, o a aceptar trabajos indecentes, o a irse al paro o a la emigración, ciudades agresivas sin ofertas de ocio para pequeños y mayores, costas deterioradas por las construcciones turísticas y a menudo contaminadas por emisarios que expulsan aguas residuales sin tratar, espacios naturales castigados hasta su degeneración. Son muy malas noticias.
Y se podría seguir anotando: por ejemplo, el deterioro de la sanidad y la educación pública (sin ir más lejos, la gravísima desatención educativa de la inmensa mayoría de los menores de 0 a 3 años). Por su parte, los movimientos ecologista, feminista y sindical, en su intersección, sumarían a ese listado mil intolerables agravios más, concretándolos de forma pormenorizada. Añádase a esa relación, por último, el ensimismamiento de una élite política que hace de los cargos públicos su permanente modus vivendi, a costa de vivir encerrada en una burbuja de insensibilidad, incompetencia y autocomplacencia, sometida a la preservación de los intereses lucrativos de las grandes cúpulas empresariales.
Un ejemplo: el permanente apoyo gubernativo y legislativo al crecimiento del sector turístico por encima del diez por ciento anual, con la consiguiente acumulación privada de riqueza y salida de capitales al exterior, vía privilegios legales y extralegales. Un contraejemplo: no lo hay. No existen hechos parlamentarios y gubernativos que avalen que se trabaje significativamente por la ampliación de la democracia y la eliminación de los privilegios de las élites extractivistas. Porque no se habla aquí de poner tiritas en la herida social, sino de su cura, haciendo cambios significativos en el modelo social impugnado.
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Las marchas de protesta en las que participaron más de ciento cincuenta mil personas el 20 de abril en todas las islas y en varias ciudades españolas y europeas, con el aliento solidario de la inmensa mayoría de la población canaria, fueron una enmienda a la totalidad del modelo social, político, económico y mediático que se padece en Canarias. El 20 de abril fue un shock, fue un antes y un después, fue un cambio en el paradigma cultural de la identidad del pueblo canario, que del propio desconocimiento ha pasado al autorreconocimiento. Es decir, de la resignación asumida ante la injusticia hemos pasado a tener una imagen menos distorsionada de la vida en el Archipiélago, una imagen —por tanto— de rechazo consciente de esa injusticia. El componente crítico de la nueva actitud colectiva se ha logrado a partir de un proceso muy lento que finalmente estalló, sin que las élites dirigentes lo vieran venir, apoltronadas en sus burbujas de bienestar desigualitario.
El cambio cultural implica una nueva imagen del “nosotros, el pueblo”, viéndonos como una sociedad democrática que reclama iguales libertades y derechos, como una sociedad que exige a sus representantes que propicien sin subterfugios un cambio real en los modos de vivir de la inmensa mayoría. Si ese cambio cultural se puede o no empezar a materializar en sus principales exigencias va a depender de los muchos factores que hay en juego. Todo presente de cambio entraña la apertura de la dinámica histórica, en el ahora y aquí, no en ya veremos. No queremos el futuro que nos han diseñado quienes de forma insensata han creído que no hay que poner límites a la depredación y la rapiña. Incluso lo que hoy se dice que es (mágicamente) sostenible, mañana se mostrará como (realmente) insostenible. No queremos su futuro, queremos otro futuro, un futuro democrático en el que se escuchen y se asuman las necesidades improrrogables de las mayorías intergeneracionales actuales, próximas y venideras. (Continuará)