¿A qué se va a Madrid? ¿A hacer acto de presencia, homenaje de adhesión o a luchar por un proyecto de bienestar para Canarias que sea algo más que estar a la defensiva del proyecto expansivo del nacionalismo español?
El canarismo autonomista no tiene proyecto para Canarias. Se dedica a dejarse llevar por la inercia de vigilar su particular versión de lo que debe ser el REF, a protestar ma non troppo por una posible reforma de la financiación que perjudique a Canarias, negociar los presupuestos –los que tengan representación en Madrid– y no mucho más… De vez en cuando, alguna reunión en Bruselas a discutir sobre fondos puesto que no parece que haya otro tema de interés. Coalición Canaria y Nueva Canarias no tienen otro proyecto que no sea el de alcanzar el poder. De acuerdo, pero ¿para qué? ¿Su proyecto es continuar como estamos otras cuatro décadas hasta que haya una reforma constitucional y nos tengamos que conformar con lo que nos den al igual que en el 78? ¿Hay alguien pensando en este país a, digamos, treinta años vista?
Sea como fuere, la reciente conmemoración del aniversario de la Constitución española no dejó una imagen muy distinta a la que acabo de describir. De hecho, fue toda una declaración de fe del canarismo autonomista: si hay reforma, que sea una revisión mínima, “sosegada”, para incluir el REF, la lejanía, la insularidad y nuestra condición de Región Ultraperiférica europea. Si la reforma no se nota, mejor. De la fragmentación archipelágica –una peculiaridad geográfica que Canarias parece no compartir con ningún otro archipiélago del mundo– esta vez no se dijo nada.
Cuando escuchaba al Presidente Clavijo hacer declaraciones en este sentido a las puertas del Congreso de los Diputados, me recordaba a aquellos malos alumnos que no llevan preparada la lección: todo les suena pero todo lo mezclan y están deseando que pregunten a otro o que suene la campana. Es obvio que el autonomismo no ha hecho los deberes. O tal vez sea que, como esos malos alumnos, se conforma con escapar con un cinco raspado. ¿A qué se va a Madrid? ¿A hacer acto de presencia, homenaje de adhesión o a luchar por un proyecto de bienestar para Canarias que sea algo más que estar a la defensiva del proyecto expansivo del nacionalismo español? En una fuerza que se declara formalmente como de ideología federal sorprende tanto apego a la Constitución española en vez de estar reclamando por activa y por pasiva la Constitución canaria, como ocurre en todos los estados federales y confederales del mundo.
Los partidos nacionalistas –los cuales, coherentemente, no acuden a este tipo de saraos– andan en otra cosa, como debe ser. Basta oír a Ortúzar o a Pontón, por ejemplo, para sentir esa pulsión que late en cada nacionalismo: la voluntad de construir un país, buscando desbordar las estructuras políticas y jurídicas del Estado que lo atenaza. Se podrán compartir o no sus planteamientos pero ahí sí se percibe un liderazgo y un proyecto. No digamos ya los dirigentes catalanes, a pesar de que ahora deban recoger vela por su unilateralismo desnortado. Nuestros partidos, tanto CC como NC, se dedican a representar una liturgia que –en la versión clavijista– busca anclar todavía más a Canarias al Estado. Esto es, hacerla más dependiente, pues un ancla no es sino un peso muerto que busca inmovilizar una nave. Paradójico cuanto menos, pues el nacionalismo “de verdad” y no el autonomismo busca levar anclas, zarpar, navegar con libertad…
No se entiende tanto apego acrítico al modelo autonómico, por otra parte. Los graves problemas que aquejan a Canarias demuestran cada día más cómo éste no ha servido para su resolución. Es incapaz por sí solo de contrarrestar el peso de siglos de centralismo. Veamos algunos datos de la autonomía real: tasa de desempleo en 1982: 18%; en el tercer trimestre de 2023: 15’2%. Población en riesgo de pobreza: en 1980, el 30’1%; en el 2022, el 36’2%. Número de personas atendidas por los servicios sociales en 2022: 480.015. En 2001 (no he encontrado datos anteriores) fue de 201.620, algo menos de la mitad.
Ahora viene el dato estrella para el que el modelo autonómico no tiene propuesta alguna puesto que las soluciones sólo se hallan en modelos distintos y que obliga a reexaminar los datos anteriores expresados en porcentajes: la superpoblación. Siempre me llamó la atención que quienes hablaban del tema lo hicieran tomando el 1993 como referencia. No sé si querían responsabilizar exclusivamente a Coalición Canaria de un problema cuyas culpas están, a mi juicio, bastante repartidas. Yo he preferido irme al año de la autonomía, el 1982. En ese año residían en Canarias 1.397.709 personas. Cuarenta años después, éramos 2.177.701 y subiendo… Casi ochocientas mil personas más en el mismo espacio.
Sin embargo, este somero repaso estaría incompleto sin echar un vistazo a las cifras de la mayor industria del país, ésa que consume la mayor parte de nuestros recursos –no sólo pienso en el suelo y el agua sino también en esas costosísimas ferias de negocios pagadas con dinero público a los hoteleros mayormente extranjeros que hacen caja en Canarias. Obviamente, me refiero al turismo. En 1992 –no hay datos anteriores fiables– nos visitaron 6.019.221 turistas. En 2022, fueron 12.329.171. Más del doble y eso que fue un 5% menos que antes de la COVID. No se comprende cómo no somos todos ricos, a no ser que sepamos que en una colonia, toda la economía gira en torno a los intereses de la metrópoli y no de la propia colonia.
Plantear medidas que limiten el crecimiento (otra enredina lingüística como lo de “crecer mejor”) y de esa forma incidir en el efecto-llamada de población desde el continente europeo no soluciona en absoluto la floridización del modelo turístico canario, con la gerontoinmigración llenando islas como Fuerteventura, de manera señalada. En 2020 la mitad de los extranjeros residentes en las islas provenía de la Unión Europea, aunque aquí al parecer sólo molestan los que provienen del continente africano, con quienes tenemos un deber ético y solidario indiscutible. Sólo estos últimos parecen mover a los políticos canarios a protestar ante Madrid. Convertir Canarias en el solarium de los jubilados europeos mientras nuestra gente no tiene ni dónde vivir dignamente ni otro horizonte que el de emigrar, debe ser, por lo visto, el estado natural de las cosas.
Tratemos también de cómo la función pública en Canarias ejerce un efecto llamada para ciudadanos provenientes de otras comunidades del Estado y un verdadero efecto tapón para nuestros jóvenes en su intento de acceder a la misma. ¿Por qué no habla nuestro presidente de todo esto cuando va a Madrid en lugar de seguir con la cantinela de las anclas que acabarán por hundirnos? Hay vida más allá del descuento de residente, las guaguas gratis, la subvención, la ayuda, la compensación, el descuento, la rebaja, la exención, etc. ¿No son los liberales los que dicen precisamente que “la mejor subvención es un empleo”? ¿Por qué no nos esforzamos en proteger nuestro mercado laboral, garantizando empleos dignos para nuestra gente y, obviamente, no me refiero al PIEC?
Si el canarismo no evoluciona desde su actual autonomismo foralista y conformista hacia una ideología que sintonice con las necesidades reales de la población actual canaria y no sólo determinados grupos económicos; si no es capaz de imaginar un país nuevo y se resiste a continuar encadenado a la rueda del extractivismo turístico; si el canarismo, en fin, no se decide a poner las verdaderas prioridades de esta tierra encima de la mesa, con decisión y valentía, sentándose a la mesa con España a negociar un acuerdo justo y democrático entre ambas partes, de tú a tú, que vaya más allá de la competición por los recursos que sobran en el norte… entonces el único proyecto, no del canarismo sino de Canarias entera, será el “sálvese quien pueda”.
