Publicado el 16 de agosto de 2018
Es un perfil que se repite bastante, tanto en diputados autonómicos como en otros cargos políticos: estudiar Derecho y militar en un partido político, suele ser la puerta para conseguir un cargo público. Muchas de las personas que están en política no acreditan experiencia laboral en otros ámbitos, al menos no fuera de la red de influencia y contacto de su formación. No obstante la carrera de Derecho es la cursada por 15 de los 60 diputados del Parlamento de Canarias, además de por otros cargos públicos de relevancia. En cualquier caso, es una salida recurrente: sea Derecho u otros estudios, muchos políticos sacan sus títulos y van moviéndose en cargos públicos y puestos de confianza en torno a la red de sus formaciones. Varios de los representantes públicos llegan a sus puestos ejerciendo «lo suyo», como reconoció en alguna ocasión Patricia Hernández.
Centrados en los estudios, un aspecto del que se ha hablado mucho en los últimos meses, Daniel Millet resumió en La Opinión los títulos de los diputados del Parlamento de Canarias. De los 60 diputados, 11 tienen Máster, el número 12, el de Asier Antona, fue eliminado porque realmente no lo poseía. El 71% declara tener una carrera universitaria. Los propios diputados gestionan su perfil en el Portal de Transparencia del Parlamento, y algunos obvian su titulación para acudir directamente a su experiencia política. No se solicita la veracidad de ningún título, sino que directamente se puede colocar el título sin verificarlo.
Atendiendo al Portal de Transparencia del Parlamento de Canarias, solo 4 de los 60 diputados compatibilizan la política con otra labor. Se trata de Astrid Pérez, del Partido Popular, que ejerce como docente en la UNED de Lanzarote, Cristina Tavío, del mismo partido, profesora en la Universidad de La Laguna, Francisco Déniz, de Podemos, que mantiene la actividad docente e investigadora en la rama de la Sociología en la Universidad de La Laguna, y José Miguel Ruano, que también compagina con su tarea en la ULL. Todos los demás tienen dedicación exclusiva.
Volvamos al tema, ¿en qué han trabajado anteriormente algunos políticos? La sección de Transparencia de Coalición Canaria expone la hoja de servicios de su Comisión Ejecutiva Nacional. José Miguel Barragán cursó Derecho, pero desde 1986 es Coordinador General de Asamblea Majorera y pasa a ser concejal en Tuineje en 1989. No detalla otro empleo que no sea la actividad política u orgánica en Asamblea Majorera y luego Coalición Canaria. La palmera Guadalupe González Taño ha sido responsable de varias empresas públicas, pero no detalla nada en el sector privado. Otros como Héctor Suárez, Secretario Nacional de Comunicación de Coalición Canaria, es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha sido árbitro de fútbol en distintas categorías. Actualmente es el Director de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias. En otro documento de transparencia, detallan la experiencia de otros candidatos. José Miguel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es Licenciado en Derecho y se une muy pronto a la actividad política. No detalla ninguna experiencia en el sector privado.
El PSOE canario, por su parte, no tiene un documento propio que detalle el currículum de sus representantes y solo remite a los perfiles de la web del Parlamento de Canarias. Patricia Hernández, ex vicepresidenta del Gobierno, declara una Diplomatura en Relaciones Laborales y estudios musicales con el violoncelo. Tras acabar la carrera, y ya en el PSOE, fue empleada en el sindicato UGT. La portavoz Dolores Corujo cursó Psicología pero no detalla ningún empleo anterior a su actividad política. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ni siquiera especifica en su perfil sus estudios, pese a poseerlos. Su actividad se centra en sus trabajos en distintas consejerías. Fuera del Parlamento, el Secretario General, Ángel Víctor Torres, fue profesor de secundaria.
En el Partido Popular, conocemos el caso del Posgrado que no fue tal de Asier Antona. Antona no detalla ningún empleo fuera de cargos públicos o asesorías. Lo mismo sucede con la Licenciada en Derecho María Australia Navarro. Caso similar es el de Josefa Luzardo. Sí declaran algún empleo algunos diputados como Guillermo Díaz Guerra (Inspector de Sanidad), Ernesto Aguiar (Técnico de la Construcción) o Lorena Hernández Labrador (en un Estudio de Arquitectos). Fuera del Parlamento, la ex Delegada del Gobierno en Canaria, Mercedes Roldós, se ha dedicado a la Medicina. El presidente del partido en Canarias, Manuel Domínguez, tiene estudios en Dirección y Administración de empresas y un Máster MBA por la Universidad de Wyoming. Ha ejercido en el sector inmobiliario. Sin embargo, aunque él lo niega, el periódico El Día indica que los estudios realizados a través del Grupo ESM no pueden considerarse licenciatura, atendiendo a la orden de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de 27 de marzo de 2000, que dice en su novena disposición:
«Denominaciones tales como licenciatura, doctorado o diplomatura están reservadas exclusivamente para títulos oficiales establecidos por el Gobierno conforme dispone el artículo 3.1 del Real Decreto 1.496/1987, de 6 de diciembre, sobre actuación, expedición y homologación de títulos, debiendo abstenerse dicha entidad de utilizarlas a fin de evitar situaciones que puedan defraudar la buena fe y expectativas de terceros sobre el alcance del título que se expida. Su utilización llevará aparejadas las mismas consecuencias que las indicadas en el apartado anterior».
Nueva Canarias remite, en su Portal de Transparencia, a la web del Parlamento de Canarias. Román Rodríguez ha tenido una dilatada experiencia como médico y Luis Campos ha ejercido como asesor contable. El enfermero Pedro Rodríguez es personal laboral fijo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Esther González o Gladys Acuña no especifican ninguna experiencia concreta fuera de los círculos políticos. La senadora María José López fue Jueza de Paz en Santa Lucía de Tirajana. El Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, solo especifica en su currículum su experiencia en cargos políticos. Otros como Alejandro Jorge, consejero del Cabildo de Fuerteventura, cita su experiencia como gestor administrativo e inmobiliario.
En el lado de Podemos, su Secretaria General, Noemí Santana, cuenta su trabajo en la Sociedad Ferrocarriles de Gran Canaria, un puesto en el que las sospechas indican que influyó su anterior militancia en Nueva Canarias. María del Río tiene experiencia en gestión de patrimonio y otras cuestiones relacionadas. Entre los diputados del Parlamento de Canarias todos tienen experiencias anteriores en sectores relacionados con sus estudios. En el resto de instituciones Miguel Montero, consejero del Cabildo, ha desarrollado su actividad en el sector bancario. La otra consejera, la joven Ylenia Pulido, es Licenciada en Derecho y ha trabajado en el Turno de Oficio. En el caso de Podemos, cuenta que el partido tenga una vida corta y no hay creado aún una red de políticos profesionales. El tiempo dirá si en ese sentido son novedosos o se alinean con el resto de formaciones.
La web de Agrupación Socialista Gomera, el otro partido en el Parlamento, no tiene ninguna información relativa en ese sentido. En el Portal de Transparencia de la cámara canaria, aparecen las fichas de los tres representantes de la formación. Casimiro Curbelo es Licenciado en Filosofía y Letras, en distintos cargos políticos desde 1983 y sin aportar experiencia fuera de la política. Melodie Mendoza acredita experiencia como jefa de equipo en una empresa de marketing. Mendoza es una de las once personas con Máster en la cámara. Jesús Ramón Ramos Chinea es Licenciado en Filología Inglesa y ha sido gerente de complejos turísticos.
Entre los consejeros de Gobierno, tras la patada de Clavijo al PSOE entró entre otros José Manuel Baltar, consejero de Sanidad. Baltar es especialista en dirección de empresas de salud, no obstante ha desarrollado su labor profesional en puestos directivos de Hospitales San Roque. De hecho su nombramiento levantó muchas suspicacias. En este sentido hablamos de un caso al revés, un profesional que representa a una empresa ocupa un cargo público en el que la empresa tiene intereses. Su gobierno ha suavizado la Ley de Altos Cargos para que tanto él como el consejero de Economía, Pedro Ortega, vuelvan a sus anteriores empleos tras su actividad pública. Una puerta giratoria de doble sentido y que no es la primera vez que se da en Canarias.
Finalmente, entre los diputados canarios en el Congreso de los Diputados de Madrid se encuentra Sebastián Franquis, del PSOE. Posee una Diplomatura en Relaciones Laborales y ha vivido siempre de la política, salvo un tramo entre el 2000 y 2008 que, dice en su web, centra su actividad «en la empresa privada», sin especificar. Se afilia al PSOE a los 15 años y a los 23 ya era concejal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ana Oramas fue directora de la Sociedad de Garantías Recíprocas de Tenerife, antes de sus cargos políticos. Pedro Quevedo es médico y ejerció como profesor asociado de Salud Pública en la ULPGC. Guillermo Mariscal, del Partido Popular, lleva 16 años como diputado a sus 41 años. Licenciado en Derecho, no especifica ninguna experiencia laboral. Algo parecida es la experiencia de Elena Álvarez (PP). La joven Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, es Arquitecta Superior y tiene un Máster en Energías Renovables. A sus 30 años su primer empleo es la política.
