El 11 de febrero de 1873 se proclamó la Primera República, que representó uno de los intentos más ambiciosos de los pueblos y de las naciones para caminar hacia una institucionalidad confederal protagonizada por las clases populares en los municipios, los territorios y las naciones presentes en el Estado español, así como para la liberación de las colonias del yugo imperial. Esta fecha olvidada cristaliza una culminación de luchas populares y republicanas para revertir el centralismo oligárquico que históricamente ha representado la monarquía. La autodeterminación municipal y nacional quedó así concretada en un proyecto político y democrático para transformar el Estado, a la vez que planteó la redistribución de la riqueza y la conquista de derechos sociales, civiles y nacionales.
Este enorme legado, que tanto peso ha tenido en experiencias democráticas transformadoras, como la misma Segunda República, ha quedado (casi) olvidado. Su recuperación no es un acto de memoria histórica sino de reivindicación política en un momento especialmente grave de crisis de régimen. Los movimientos republicanos de los pueblos del Estado español, impulsados por las clases trabajadoras y populares, han sido el principal motor de la emancipación social y política en nuestra historia. Estaríamos hoy, por tanto, ante una nueva oportunidad de cambio, si movimientos sociales y organizaciones de izquierdas consiguen conjugar las aspiraciones de democracia política y de justicia social, en todos los ámbitos de explotación, opresión, dominación y depredación ecológica, para alcanzar una mayoría de edad y una condición plena de la ciudadanía que la monarquía y su régimen nos niegan.
La crisis pandémica ha llegado después de una década perdida en la cual los partidos del régimen han impuesto el neoliberalismo a golpe de garrote. La Ley Mordaza aprobada el 2012 es la culminación de esta deriva. Utilizada contra los movimientos populares y soberanistas durante el primer estado de alarma, ha sido empleada de manera récord en lo que concierne al número de sanciones: más de un millón. El uso de la Ley Mordaza contra el movimiento por la vivienda, con multas por parar desahucios, es el enésimo intento de atemorizar a la gente para que no participe activamente en la defensa de sus derechos civiles y sociales, como pueden ser el derecho a la protesta y a un hogar digno. Esta represión coincide, además, con la furibunda persecución sobre los movimientos soberanistas que en los últimos años han estado en el punto de mira del Estado.
La lucha por las libertades civiles hace necesario no solo derogar la Ley Mordaza, sino también un programa que defienda la amnistía de los y las presas políticas para poner fin a la criminalización de la sociedad civil y el derecho a la autodeterminación, hasta reconocer la independencia nacional si así lo desea la nación en cuestión. No es casual que, con el advenimiento de las experiencias democráticas mencionadas, la campaña por la amnistía y las libertades civiles de las clases populares haya sido una constante contra el cierre autoritario al que recurren las élites.
En las luchas republicanas de nuestro tiempo el feminismo está llamado a jugar un rol clave al denunciar todas las desigualdades políticas y civiles, en lo público y lo privado, que subyugan a las mujeres a una condición de servidumbre. La emancipación y la conquista de derechos por parte del movimiento feminista expresa, de hecho, las mejores virtudes republicanas al pretender derribar las estructuras de poder del patriarcado: en muchas ocasiones las activistas republicanas y las feministas combaten una misma estructura desigual de poder aplicada a diferentes ámbitos, esta es, la del soberano que gobierna despóticamente, ya sea sobre el Estado, sobre la empresa en el frenético capitalismo de plataformas, sobre el hogar o sobre los cuerpos.
La época nos exige estar a la altura. En el transcurso de la presente crisis vírica, pero también económica, destaca el aumento y la concentración de la riqueza en cada vez menos manos mientras enormes sectores de casi todas las clases sociales se empobrecen a marchas forzadas. Hace falta, pues, un programa mínimo de transformación económica y social que conquiste el derecho a la vivienda (regulando los alquileres en todo el Estado y parando los desahucios), que garantice la salud pública (con la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y la reconstrucción de un sistema sanitario público); y que establezca el derecho a la existencia con nuevos mecanismos como la renta básica. Se trata, pues, de emprender un proyecto de transformación económica que comporte un modelo productivo no dependiente. Una transición ecosocial frente a la alternativa industrial militarista del régimen que deja desmantelar la industria civil mientras prioriza la venta de armas a regímenes dictatoriales. Una transformación, en suma, que garantice un orden justo y seguro dirigido por los pueblos frente a las reformas de un bloque neoliberal (progresista cuando le conviene) en las que el PSOE parece encontrarse más cómodo, en el compadreo complaciente con los magnates del oligopolio energético e inmobiliario.
Objetivos estos que deberían acompañarse de la mano de una reforma fiscal que, siguiendo la estela de la Tasa Covid, grave las grandes fortunas, las transacciones financieras y ponga fin al fraude fiscal de las grandes élites, entre las cuales se encuentra la monarquía. De este modo el programa mínimo se verá financiado de forma justa, aspirando a la superación de las desigualdades y fiscalizando las grandes fortunas.
La monarquía es la clave del cierre elitista y autoritario del Estado, como continuamente se pone de manifiesto en las resistencias que encuentra todo intento de investigación seria sobre su corrupción. No cabe sino oponerle una alternativa que discurra en los términos mencionados. El sentimiento popular republicano en Cataluña y en el resto de pueblos del Estado español, como muestran encuestas recientes, refleja el anhelo popular de estos cambios. Hace falta construir alianzas que permitan avanzar hacia un Pacto de San Sebastián del siglo XXI para tumbar el régimen monárquico y comenzar a conquistar las Repúblicas de la gente trabajadora. Es la hora de avanzar hacia procesos constituyentes en favor de los derechos colectivos, las libertades y las soberanías de los pueblos del Estado.
Revistas firmantes: Catarsi, Viento Sur, Nortes, Sin Permiso, Agon, A Xanela, Maig, Realitat, Sororis Causa, Debats pel Demà, Institut Sobiranies.