Se ha convertido ya en un tópico decir que la expresión “nueva normalidad” tiene ecos orwellianos. Lamento ser tan poco original si comienzo una nueva crónica de esta manera. Son malos tiempos para la lírica, por seguir tirando de clichés, y la realidad no invita a la floritura. Cuando escribo estas líneas, dos activistas medioambientales llevan dos días subidas a una grúa para protestar por la construcción de un nuevo hotel en La Tejita, Granadilla, al sur de Tenerife. Quizás la protesta, en el mejor de los casos, desborde los minoritarios círculos activistas para acabar alcanzando a la mayoría social de esa isla y las restantes. Tal vez incluso adquiera el simbolismo que para Gran Canaria tuvo Veneguera, pues representaba el último paraje virgen en un sur entregado al negocio turístico. No es una época para la expansión constructiva (o destructiva, según se mire) si nos atenemos a las catastróficas perspectivas que el sector turístico atisba en el horizonte. Y quien dice sector turístico, como bien recuerda José Luis Rivero, Catedrático de Economía Aplicada de la ULL, dice incontables ocupaciones, negocios, empresas, autónomos,… que apuntan hacia la verdadera diversificación económica que englobamos bajo la categoría “turismo”.
Es bueno llevar en mente a las camareras de piso, encargados de mantenimiento, jardines, transportistas, animadores, recepcionistas, etc. que dependen en mayor o menor medida de dicha actividad económica cuando, por ejemplo, se expresa un no tajante a la posibilidad de que el GobCan financie durante un tiempo limitado las pruebas del Covid a los turistas. Pareciera que algunos, especialmente en la izquierda, sólo son capaces de pensar en los millonarios patrones hoteleros, los últimos en enterarse de cualquier crisis, cuando se habla de turismo. Y, entonces, todo les parece moralmente inaceptable. Desde luego, sale más barato pagar pruebas sanitarias -de manera acotada en el tiempo- que seguir pagando ERTEs de manera casi indefinida (otros 2.000 millones de euros hasta final de año), por no hablar de las costosísimas ferias de turismo, llámense Fitur (casi 900.000 € sólo en concepto de stand y alquiler del espacio en la edición de 2020), World Travel Forum, la ITB de Berlín, etc. ¿Qué tal si se hace con todo el dinero ahorrado por el Estado durante los tres meses de confinamiento en materia de ayudas al desplazamiento?
No entro en la cuestión de si las muy necesarias pruebas deben hacerse en origen, en destino, en trayecto, etc. pues es algo que se debe decidir, en mi opinión, con criterios sanitarios, aunque sí me parece que no es un criterio precisamente sanitario el que anima a algunos de nuestros dirigentes a pedir que los controles se hagan exclusivamente a los viajeros que procedan de fuera del Espacio Schengen o, en versión más reciente, a los de determinados países más afectados pero de manera aleatoria, en proporción de uno de cada cuatro. Despide cierto tufillo racista una mirada así. ¿Se aplicarán también dichos controles a los viajeros del llamado turismo nacional? Si tomamos Madrid, por ejemplo, como unidad territorial, el riesgo es mucho mayor, con sus 8.400 fallecidos que si hablamos de Portugal, Irlanda, Suiza, Países Bajos, Noruega, Finlandia,… Las cifras de la Comunidad de Madrid son similares a las de la República Federal de Alemania a día de hoy. ¿Habrá distintas varas de medir en función de un muy discutible criterio de “preferencia nacional”? Lo de que se permita venir al turismo británico con meros controles de temperatura cuando el Reino Unido impone la cuarentena a los viajeros foráneos en nombre del “respeto” cae de lleno en el servilismo más vergonzante. Y nos lo tenemos que tragar porque no tenemos la soberanía sanitaria estratégica que tienen otros territorios europeos parecidos a nuestro archipiélago, léase las Islas Feroe o las Aland.
Pero, volviendo a la cuestión económica, en la “vieja normalidad”, creo que era perfectamente razonable cuestionar este tipo de gastos de procedencia pública que no se suelen ver en otros sectores económicos. Sin embargo, en esta excepcionalidad en la que nos hemos instalado, creo prudente y hasta conveniente, que los poderes públicos intenten, con el mejor tino posible, estimular todo aquello que pueda hacer que las constantes vitales del sistema económico se mantengan y no dejen a tantísima gente al albur de ayudas y subsidios, que nunca deben ser preferidos, en mi humilde opinión, a los salarios. Sin perder de vista el objetivo de la diversificación económica más allá del turismo, seamos realistas y admitamos que tal cosa es imposible en los durísimos meses que nos esperan. Por otra parte, seamos conscientes de que mantener la actual dependencia turística nos aboca a la eternización de nuestra condición de sociedad ultraperiférica, subsidiada, terciarizada, con importantes fallas democráticas, en la medida en que es en centros de poder ajenos a la sociedad canaria donde se toman las decisiones que afectan a nuestro sistema económico.
Por otro lado, es bien sabido que en la sociedad actual la categoría “trabajo” es un elemento central en la conformación de la identidad del individuo. Casi la primera pregunta que hacemos cuando conocemos a alguien -hechas las presentaciones pertinentes- es la de a qué se dedica esa persona. Es un factor no sólo de satisfacción de las condiciones materiales, sino de integración social, autoestima, realización personal, etc. Nadie puede pensar que es un chollo tener que acogerse a ninguna renta o subsidio que las administraciones públicas concedan. Salvo quizás en el caso de la prestación por desempleo, que se percibe como un derecho adquirido por las cotizaciones desembolsadas durante el tiempo trabajado con anterioridad, la inmensa mayoría de personas preferirían tener un trabajo y salario estable a ser destinataria de ayudas de cualquier tipo. Criminalizar a las personas que se ven abocadas a solicitar este tipo de medidas es una auténtica canallada. Ahora bien, conviene ser previsores. En una sociedad donde amplios sectores de la población tengan que ser asistidos por esta red de protección, pueden florecer la conflictividad y el odio alimentados por sectores fascistas que se dediquen a propagar bulos de todo tipo. Es vital establecer mecanismos de reintegración en el mundo laboral o formativo para evitar que estos sectores caigan en la cronificación de las ayudas y sufran, entre otras cosas, ataques por parte de quienes ocupen los estratos más bajos del mercado laboral, que puedan interiorizar que “mientras unos trabajan para cobrar sueldos de miseria, otros cobran ayudas sin trabajar”, por usar el lenguaje filofascista al uso. Ejemplos de buenas y malas prácticas ha habido y hay en toda Europa al respecto. Se debe imponer la mesura pues es un tema delicadísimo que exige algo más que buenas intenciones por parte de nuestros gestores. La “nueva realidad” impone obligaciones a quienes administran la cosa pública a la hora de gastar el poco dinero que hay pero éstas no deben estar exentas de solidaridad, empatía y no pocas dosis de realismo y sentido común. Actuar de otra manera sería permanecer sentados en un barril de pólvora mientras vemos cómo otros prenden la mecha que ya prendieron en el pasado.
