Voy a atreverme a opinar y hasta a discrepar, aunque a Gustavo Matos, Nira Fierro y otros abades del Mester de Progresía, que diría mi admirado Pepe Alemán, no les guste nada el asunto. Son tiempos excepcionales -ahí estamos de acuerdo- y por lo visto el pensamiento crítico, la ideología (lo que quiera que sea eso), deben dar paso al aplauso épico o, todo lo demás, al silencio obediente. Soy de los que piensa que el mejor servicio que podemos hacer a nuestra sociedad es apoyar lo mucho que se pueda estar haciendo bien y seguir siendo críticos con las cosas que consideremos que se podrían hacer razonablemente mejor. Eso incluye el juicio mesurado que algunos quieren confinar.
Así pues, constato lo que mucha gente constató desde un principio: al “unidos lo paramos” y “no existen los territorios” – sí existe el territorio del Estado-nación español, ése es uno, grande e indiscutible- le siguió una suerte de “155 sanitario” que brilló especialmente en su intento de centralizar las compras del material necesario para afrontar la crisis. Anoche, el presidente del Gobierno de España ensayó una suerte de defensa de dicha estrategia “en un mercado muy agresivo” por, digamos, economía de escala. Lo cierto es que parece haber funcionado bastante mejor la vía multilateral y para Canarias es, casi por definición, la vía más lógica antes que esperar una vez más por los repartos de Madrid. Especialmente cuestionable resulta el tener que esperar por las cifras de contagiados por islas, algo de lo que disponíamos con relativa celeridad antes de la declaración del estado de alarma. También nos han centralizado la información, con beneficios más que cuestionables.
Anuncia ahora la ministra Montero lo que bien puede calificarse de “155 financiero”: el Estado español quiere confiscar los fondos del superávit de las administraciones locales, no deficitarias, obviamente. En Canarias hablamos de unos 4.500 millones de euros que atesoran municipios y Cabildos en sus arcas. Si bien se habla de un “préstamo reembolsable”, la Historia reciente no contribuye a inspirar mucha confianza. Si la respuesta del Gobierno de Canarias va a depender del PSOE, ya podemos prepararnos para lo peor: nula voluntad de plantar cara ante tanto descaro. El nacionalismo, todo, unido, el que está en el Gobierno y el que está en la oposición, debe levantar la bandera de la defensa de que los fondos generados por las administraciones canarias sean gestionados y reinvertidos en las muchísimas necesidades que hay en las islas. Los Cabildos y los Ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen mejor conocimiento y capacidad para que el dinero no se pierda por el camino. Y, además, es de justicia.
En definitiva, creíamos que Ciudadanos era el principal adalid de la recentralización y el PSOE no pierde el tiempo. O el nacionalismo canario espabila y arma un discurso y una práctica política a la altura del envite o se normalizará esta situación tan indeseable de tener que estar defendiendo lo evidente. Siempre habrá quien intente aprovecharse de la excepcionalidad para defender sus intereses y, de paso, mandar a callar a una sociedad civil emocionalmente noqueada, como fue uso y costumbre no hace tanto.
