En el momento que escribo este texto, la derecha está preparada para el asalto. Primero será al año 2020, con su habitual champán, langostinos o chuletillas de cordero. Para un día como hoy, el que se publica la columna, queda el ataque y derribo, el acoso al acuerdo de gobierno y la política ideológica vestida de interés general. Algunas de esas quejas habrán salido en la cena, copa en mano. «La izquierda se ha aliado con el independentismo, con el populismo y con los que quieren romper España». Los cuñados, en su papel, repicarán argumentos de los medios de la caverna mediática de manera acrítica y aleccionadora. Hoy, por el día que se publica el artículo, ya comenzará el acoso y derribo en la opinión pública. Palabras clave: ruptura de España, ETA, independentismo, bolivariano, clases medias, caos.
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para gobernar el Estado es, a priori, casi la única carta que le quedan a las clases populares para recuperar un poco la esperanza en un 2020 de dudas y nubarrones, en un contexto de encona de la derecha y con la extrema derecha como tercera fuerza estatal con sus dos diputados por Canarias incluidos. El pacto de gobierno incluye medidas de interés en ámbitos laborales, como el compromiso por un empleo digno, con la derogación de la Reforma Laboral, una adecuación de la cuota de los autónomos a sus ingresos o la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), en ámbitos educativos, con la derogación de la LOMCE, en ámbitos sanitarios, limitando los conciertos públicos o eliminando progresivamente los copagos, en ámbitos de la vivienda, persiguiendo los alquileres abusivos, en ámbitos de derechos sociales, fomentando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, acabando con los techos de cristal, paliando la brecha salarial o profundizando en los derechos de las personas LGTBI o una apuesta por la sostenibilidad y contra el cambio climático.
Medidas, grosso modo, que todas y todos firmaríamos pero que hay que exigir que se cumplan de manera efectiva. La derecha berrea por la subida impositiva a lo que ellos llaman clases medias, que no son otros que los que cobran más de 150.000 euros al año. Desde luego, tienen conciencia de clase. Por el dinero se mueve el pez, pero también en este acuerdo está la cuestión territorial. No solo de Cataluña y de lo que pueda exigir ERC para votar sí o abstenerse, en un laberinto no solo para el PSOE sino también para los nacionalistas de izquierda, que pueden poner en riesgo su relato en Cataluña. También por el acuerdo, este ya sí firmado, con el PNV. El pacto incluye medidas como evitar la judicialización de la política, algo que está sucediendo en Cataluña, la cesión de competencias pendientes al Gobierno vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, el reconocimiento de las identidades territoriales, impulsar la presencia de las instituciones vascas en el ámbito europeo, el deber de consensuar con el PNV las medidas fiscales que se vayan a plantear, prevé la participación a nivel internacional del País Vasco a nivel deportivo y cultural o la modificación de los llamados decretos digitales.
El gobierno que está a punto de conformarse contiene un programa que, a priori, resulta muy atractivo a nivel de mejoras sociales y de representación territorial. Los partidos nacionalistas vascos y catalanes y, posiblemente, otros territorios del Estado, ya se han percatado de la excelente oportunidad territorial y en cuanto a condiciones de vida que supone el próximo gobierno. Es cierto que no está claro que puedan durar cuatro años, no es menos verdad que ese gobierno debe aspirar no solo a la investidura, sino a sacar unos presupuestos generales con el apoyo que actualmente tienen, pero es una oportunidad que elimina el panorama oscuro que plantean las derechas reaccionarias y, a nivel territorial, puede ser la oportunidad perfecta para arañar derechos, competencias y una mayores cotas de autogobierno. El otro modelo es el centralismo y el sable.
¿Dónde está en ese contexto el nacionalismo canario? Agazapado, debatiendo qué hacer, calificando a Podemos y al gobierno que se quiere conformar de bolivariano, ideologizado… Si alguna ventaja ha tenido históricamente el nacionalismo canario moderno es su transversalidad pero ya ni eso. Oramas es claramente aliada de las derechas. Su discurso es indistinguible con el de Ciudadanos o el Partido Popular, y sus reivindicaciones para Canarias llevan un sello regionalista de derecha. Quevedo quiere votar que sí pero no quiere romper disciplina desde el minuto 1. El diputado time-sharing duda y, entre la indigestión en el seno de su partido con el pacto, y la que se puede producir con el socio que le permitió conseguir su acta de diputado, no sabe hacia dónde caminar.
El nacionalismo canario no demuestra estar a la altura cuando se están debatiendo cuestiones de calado en el Estado. Con la sentencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) de Luxemburgo que reconoce los derechos de Oriol Junqueras como eurodiputado, sumado a este gobierno que prevé en sus acuerdos, porque no le queda otra si quiere formar gobierno, garantizar derechos sociales y territoriales, los nacionalismos periféricos tienen la oportunidad de dejar a la derecha española en la estacada, esa derecha que duda hasta de las autonomías y apuesta por el centralismo. Mientras, el jaleo en Nueva Canarias y la ideología dominante de Ana Oramas en Coalición Canaria, orillan la opción de erigirse en un actor importante para la gobernabilidad en el Estado, arañando logros, competencias y mejoras sociales para Canarias. Canarias, una comunidad que, por si fuera poco, tiene algunos de los peores indicadores sociales y laborales de todo el Estado. ¿Esta era la reunificación que luchaba por Canarias y que pretendía ser una opción interclasista al modo del PNV? ¡Guárdenme una cría!
