Publicado originalmente el 11 de julio de 2016
La tradición postelectoral en la democracia representativa en el Estado Español pone de manifiesto la posición subalterna y marginal que juegan los representantes por la circunscripciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, y por las siete islas en el Senado. Las últimas elecciones no son una excepción.
Si nos fijamos en los partidos nacionalistas canarios en 1989 las AIC hicieron Presidente a un Felipe González que ya empezaba a oler a cal viva; en 1996 y 2000 Coalición Canaria votó sí al Jose Mª Aznar de la Guerra de Irak y de la corrupción a mansalva; en 2004 y 2007 por activa y por pasiva respectivamente al Zapatero que no ejecutó ni un 10% del Plan Canarias, y en 2011 tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria se abstuvieron en la investidura de un Mariano Rajoy que a la postre sería el Presidente de uno de los gobiernos que más se ha cebado con esta tierra. Ninguno de estos apoyos redundó en un cambio sustancial en los niveles de vida de la ciudadanía canaria.
Con respecto a los partidos estatales con representación en las Islas Canarias no se recuerda tampoco diputado o senador alguno que haya puesto en riesgo la comodidad de su silla por poner en liza una cuestión importante para este Archipiélago. Ni merece la pena nombrar la posibilidad de que algún diputado o senador canario votara en contra de la disciplina de voto de su partido, incluso cuando ésta fuera en contra de la mayoría de la ciudadanía de su circunscripción; y estoy seguro que todo el mundo recuerda a los senadores del Partido Popular de Lanzarote y Fuerteventura levantar la mano marcialmente a favor de las prospecciones petrolíferas en costas canarias, en clara confrontación con las miles y miles de personas que se oponían a tal desafío del gobierno español.
Las elecciones del 20-D y 26-J confirman y acentúan esa tendencia en la que las demandas de la ciudadanía canaria están siempre ausentes de cualquier debate, y tampoco hay esfuerzos por parte sus representantes legítimos por revertir tal situación. Parece mentira que hablemos de las personas que tendrían que ser correa de transmisión de las demandas de una comunidad humana que está viviendo probablemente uno de los momentos más críticos de su historia como sociedad: a las Islas Canarias se le suma liderar las tasas de desempleo, pobreza, o fracaso escolar, con un ejecutivo autonómico empeñado en perpetuar el sistema económico y social basado en el tándem especulación urbanística- turismo de masas que nos ha llevado precisamente a esta situación. Fuga de cerebros, consumo despiadado del territorio, altísima densidad demográfica, aculturación galopante, desequilibrios territoriales e institucionales, corrupción político-económica o ausencia de tejido económico productivo son otros de los grandes problemas a los que se enfrenta la Canarias de hoy. Como ven, argumentos no faltan para ser defendidos por parte de nuestros representantes legítimos, ya no solo desde una perspectiva de oportunidad política, sino como una cuestión de necesidad, habida cuenta de que poco se espera motu proprio del nuevo ejecutivo estatal para con este país.
Ya en los programas electorales que avalaban la petición del voto, sorprendió para mal la escasa ambición de los partidos mayoritarios en las materias concernientes para las Islas, así como que hubiera unanimidad (desde PP, a Coalición pasando por Unidos Podemos) en la constitucionalización del estatus de Región Ultraperiférica, el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal, y el desarrollo de las energías renovables. Estos tres ejes fueron un lugar común al que iban a parar muchos de los debates preelectorales que tuvieron lugar y que, primero ,decía muy poco sobre la preparación (por incapacidad o por indiferencia) de los programas adaptados a la realidad canaria; segundo, demostraba una falta de respeto abismal hacia el electorado canario, al que se trató de infantilizar, con un programa indigno del contexto que vive; y tercero, que lejos de impugnar el status quo, lo perpetuaba especialmente con los referente a la RUP y el REF, y en cierta forma con la ausencia de matices del asunto de las renovables.
Esta falta de sustancia y realidad en los programas se consolida en la situación actual, con un Congreso de los Diputados fragmentado, polarizado, y con una calma tensa que sobredimensiona y amplifica cualquier discurso autónomo. Así, el hecho de que los líderes socialistas de Cataluña y Baleares hayan expresado su deseo de buscar mayorías alternativas al PP coloca de forma automática en la agenda a estas dos regiones. En Unidos Podemos, su referente en Andalucía ha puesto de manifiesto la necesidad de que Andalucía y sus demandas tengan presencia en la conformación del ejecutivo, inclusive reabriendo el debate sobre su anclaje territorial. En clave nacionalista el PNV ha puesto un precio elevado en materia de concesiones del Estado a su abstención o su voto favorable, y ERC ha aprovechado para poner de manifiesto la tonga de agravios del Partido Popular para con su comunidad.
Mientras aquí, José Miguel Pérez y Chano Franquis entonan, el «sí bwana» que lleva ensayando históricamente el socialismo canario; Pita ha anunciado en Twitter que recogió su acta de diputada, y Fernando Clavijo le ha declarado como ya hizo con Soria, amor eterno al Partido Popular. Cuando se hablaba de riesgo de upenización de Coalición, jamás nadie podría llegar a imaginar la tremenda falta de dignidad que supone ser el primer partido de toda la Cámara en abrazar, sin acuerdos ni propuesta mediante, al candidato del partido que más ha legislado contra las Islas Canarias en su historia reciente.
Con este panorama de mediocridad rampante, un acto de lógica común y de lo más ordinario como fue la negativa de Nueva Canarias a ser el facilitador de un gobierno del Partido Popular se convierte en una anomalía en esta tradición posibilista, poniendo por delante lo ideológico en un contexto de influencia política difícilmente repetible.
Probablemente esta legislatura o las que se configuren en el corto plazo serán una momento de inflexión en lo sistémico que debería generar el consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas en las Islas Canarias para profundizar en nuestra autonomía y colocar en la agenda las importantes cuestiones sociales que vive nuestra ciudadanía. Por eso, se hace aún más duro que a tenor de lo que hecho y dicho por nuestros parlamentarios y senadores, sigamos jugando el papel de invitado silencioso junto con los murcianos, los riojanos, y los cántabros, entre otros.
A la desmemoria y la inocencia generalizada en lo político, se le une la inexistencia de fuerzas de estricta obediencia al pueblo de Canarias, y una certeza que va tomando fuerza: los que están no nos representan.