Estamos inmersos en continuos cambios políticos. La inestabilidad y volatilidad del escenario electoral conlleva a la reconfiguración constante de los sistemas de partidos, caracterizados por la aparición de nuevas ofertas electorales o alianzas estratégicas y puntuales con el objetivo de movilizar a votantes indecisos y abstencionistas. Por ejemplo, en territorios como Galicia y Catalunya se están llevando a cabo debates interesantes sobre la articulación de alianzas sui generis o la aparición de nuevas ofertas partidistas que se contrapongan a la elevada polarización existente. En Galicia, En Marea apuesta por una lista única de las fuerzas progresistas gallegas que tenga como máxima “hacer frente a las principales emergencias que vive Galicia”; y en Catalunya han hecho aparición los denominados “catalanistas moderados”, corriente que incorpora a más de 250 personas alrededor de un debate sobre el futuro del territorio catalán fundamentados en postulados centristas, pero defensores de las particularidades de Catalunya con el objetivo de contraponer el actual escenario de crispación y buscar alternativas que pongan freno al conflicto existente. Es decir, existen movimientos y, por cierto, con un mínimo común denominador: la prevalencia en sus ideales de las demandas de los ciudadanos de su territorio o Comunidad Autónoma.
¿En Canarias estamos inmersos en ese debate? Pues parece que sí. Desde que se intuía que el Estado se encaminaba a una nueva repetición electoral se pusieron en marcha movimientos desde la base de la sociedad civil preocupados por la posible merma de la representación canaria en las Cortes Generales. No es baladí. El retroceso de las formaciones estrictamente canarias en Madrid ha ido paulatinamente menguando en consonancia al desafecto y al multipartidismo imperante. También, y no es menos cierto, por la incapacidad de las mismas de rentabilizar los logros conseguidos, siempre en una pugna intra-territorial que fragmenta la oferta y la demanda electoral de este espacio político. Desde la primera representación estrictamente nacionalista de la UPC en las legislativas de 1979 consiguiendo un diputado por Las Palmas; pasando por el acta de Manuel Hermoso (AIC) de 1986 y el de Luis Mardones (AIC) de 1989; hasta la aparición de CC en 1993 con un espectacular resultado de cuatro diputados, repetido en 1996 y 1999, la representación nacionalista canaria ha estado garantizada. Incluso en las elecciones enmarcadas en el nuevo milenio se ha conseguido representación, no con pocas dificultades, puesto que ha ido descendiendo el número de representantes hasta llegar a los dos diputados de CC en la fugaz legislatura saliente.
Y es que, en Canarias, aunque mengüe la representación de Partidos de Ámbito Canario en las Cortes, existe una demanda nacionalista considerable. Así lo demuestran los datos ofrecidos por los investigadores Astrid Barrio, Gabriel Colomé y Jonatan García en su capítulo sobre los Partidos de Ámbito No Estatal (PANE) en las elecciones generales de 2015-2016 (Editorial: CIS). Según los politólogos, las Islas Canarias se encontrarían en la tercera posición, sólo superadas por Catalunya y País Vasco, en sentimiento nacionalista. Le siguen Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana. Es decir, los canarios somos junto a los catalanes y vascos los ciudadanos del Estado español que más sentimiento y preponderancia poseemos hacia el nacionalismo sin Estado. Pero esto no debe extrañar. Los hechos diferenciales del Archipiélago establecen precondiciones suficientes para el surgimiento nacional, regional o meramente diferenciado del resto del territorio estatal. Por ello, en las encuestas del CIS donde se pregunta por el partido político que mejor defendería los intereses de su Comunidad Autónoma, de una forma mayoritaria y transversal, el elector se decanta por CC y NC. Parece, pues, que existe un consenso por parte de la ciudadanía en establecer a los partidos nacionalistas como los defensores de los intereses canarios. No obstante, esto no quiere decir que exclusivamente con esta premisa se pueda ganar elecciones, puesto que son otros los temas o ejes que ponderan en unos comicios electorales generales.
Así, el debate sobre la presencia nacionalista canaria en el Congreso y Senado está servido. A las inquietudes civiles se le suman las tácticas partidistas que, como es lógico, no siempre van de la mano. Aquí existe una discusión compleja pero necesaria sobre la unión o alianza entre NC y CC para ir juntas el 10 de noviembre. Es compleja porque los partidos políticos se mueven por tácticas y condiciones de coste y beneficio que conlleva a que se sientan condicionados por estrategias a corto y no a medio largo plazo. Pero es necesaria por una razón de lógica economicista: disminución de la oferta para concentrar la demanda. Las formaciones nacionalistas pueden disminuir la fragmentación, ya de por sí elevada por la aparición de nuevos actores en liza, a la par que reducen los costes y simplifican el escenario al electorado. En un sistema de partidos con alta fragmentación electoral los votantes pueden verse abocados a la abstención por el coste que la disparidad multipartidista ofrece. Reducir estos costes y crear expectativas adicionales para activar al elector que piensa en la abstención puede ser el movimiento idóneo para la movilización electoral.
Con todo, las vías alternativas están protagonizando el panorama electoral. En Canarias existen buenas condiciones para establecer estrategias particulares que se alejen del agotamiento del electorado para con las formaciones estatales, acusadas unas de poca flexibilidad, y otras de inmovilismo. La ventana de oportunidad para los nacionalistas sin Estado de Galicia, País Vasco, Catalunya o Canarias se abre encaminándose a ser los adalides de la estabilidad y la responsabilidad hacia sus representados. El PNV de Aitor Esteban ya lo promulga: “aquellos dirigentes políticos que se han distinguido por solo pensar en ellos mismos, en sus propios intereses y en los de sus organizaciones políticas, en vez de en un bien común general, de acuerdo entre la ciudadanía, no son los que van a representar esos intereses vascos”. ¿Quién se atreverá a decir lo mismo en Canarias?