Publicado originalmente el 27 de diciembre de 2012
Digamos, para empezar, que no soy partidario de las simplificaciones y menos en un tema tan delicado como éste. Estamos hablando de la vida de mucha gente, de sus proyectos vitales, sueños y esperanzas pero también de situaciones dramáticas, frustraciones y desengaños que no pueden quedar ocultos bajo la insoportable levedad de la consigna. Esta convicción es la que me anima a escribir este modesto texto que, seguramente, no tendrá la profundidad que debiera pero que quizás no ande tan desencaminado. Hablar de inmigración en Canarias es hablar de muchas cosas a la vez y eso no hace sino añadir complejidad al asunto pero creo que, para entendernos, debemos acordar que abordar esta cuestión bajo los mismos parámetros que utilizaríamos en un territorio continental no puede llevarnos sino a un marasmo de superficialidades y vaguedades que no va a ayudar en nada a los propios inmigrantes, a los nuevos canarios ni tampoco a los antiguos.
Demasiadas veces se topa uno con un discurso que calificaré de «ingenuo bienintencionado» en el que se compara a Canarias con Venezuela, Argentina y otros países extensísimos y con densidades de población anecdóticas. Se apela, de paso, a los relatos familiares de padres y abuelos, queriendo comparar ambas situaciones, salvando época histórica y contextos, como si éstos no tuvieran relevancia alguna. Si uno cuestiona semejante proceder, automáticamente es tachado de insolidario, de no tener «memoria histórica» o cosas peores. Es un análisis de vuelo corto y bajo que tiene como principal virtud la de querer empatizar a toda costa con aquellas personas que abandonan su hogar en busca de un mejor porvenir. Loable pero errado y superficial. Nada dicen sus defensores acerca de cómo crecerían los servicios sociales en un contexto de libre inmigración, cómo se financiarían, qué políticas de integración serían necesarias, quién las pagaría, … Todo eso queda en el limbo de lo que no se piensa, lo cual es demasiado parecido a la irresponsabilidad. Del lado de acá, cantos a la bondad de los inmigrantes, a quienes se suele idealizar, y a la solidaridad eterna e infinita. ¿Cómo se podrá sostener esa solidaridad eterna e infinita en términos prácticos? Misterio. Todo lo más, se confía a un mejor reparto de los recursos existentes el bienestar de esa sociedad multiplicada y los hijos y nietos de los que ya están y los que vendrán. Dios proveerá.
Junto a este discurso «ingenuo bienintencionado», vuela igual de bajo el «pseudouniversalista españolón», que vendría a defender una política de puertas abiertas en las islas, basada en un etéreo concepto de solidaridad que no suele ir acompañado de una exigencia de responsabilidad para todas aquellas personas que llegarían a Canarias. Emparentado con el «pensamiento» neoprogre supercool, suele hundir sus raíces este planteamiento en lo que se ha dado llamar la «vulgata marxista», un conjunto de creencias populares acerca de lo que se piensa que Marx escribió y que se aplicaría en todo momento histórico y lugar del orbe, quiera uno o no quiera. Paradójicamente, sus principales defensores suelen confiar al mercado la autorregulación de los flujos migratorios, que por lo visto no deben ser regulados por institución alguna. Es un discurso importado desde la central hasta la colonia y que no tiene en cuenta el lugar donde se ejecutaría, entre otras cosas porque eso importa poco. Lo mismo dan las despobladas provincias españolas que unas islas superpobladas en el noroeste africano. ¡Ancha es Castilla… y sus colonias! Igual el Tirol que Lampedusa. Lo del «análisis concreto de la realidad concreta» lo dejan para sus peleítas entre Cayo, Gaspar y cualquier otro que toque ahora, que a nadie le importa ni cómo se llame. Aquí lo que toca es rasgarse las vestiduras y darse golpes de pecho si el Gobierno, por arte de magia, acierta y se le ocurre una obviedad como que se priorice la contratación de desempleados ya inscritos en oficinas de empleo de las islas antes que importar mano de obra foránea. ¡Qué atentado contra el género humano! ¡Contratar yesistas desempleados residentes en Tacoronte, pudiendo importarlos desde Tomelloso!¿A qué clase de terribles asechanzas expondrán los «nacionaleros» (sic) canarios a los jubilados ingleses y alemanes, inmigrantes climáticos? De nuevo, cuestionar tal óptica supone arriesgarse a que uno sea tildado de racista, xenófobo, fascista o simpatizante de Coalición Canaria, que es lo peor de todo.
No conozco ningún país que no regule la inmigración. Incluso los países que abiertamente fomentan la misma, la regulan según sus propios criterios, léase Canadá, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, los mismísimos Estados Unidos. También Cuba y Venezuela, por cierto. Seguramente la concreción legislativa de muchos de ellos es abiertamente criticable y para eso está la sociedad civil, para criticarla y proponer alternativas pero no por ello dejan de tener una legislación acorde a sus necesidades y su realidad y no las necesidades y realidad de otros. A veces olvidamos que una política inmigratoria digna de tal nombre debe buscar el éxito del proyecto migratorio, del propio inmigrante, al que no se puede usar y tirar como una colilla y después abandonar para que emigre a otro país a recomenzar su historia de lucha y sacrificio hasta la extenuación. Los nacionales, también los canarios, somos responsables de que la inmigración sea un fenómeno ordenado y procurar que éste salga bien, para que esos inmigrantes se queden entre nosotros. Y sus hijos y nietos, si quieren. Todo esto debe ser legislado y regulado. Cada vez más, se abre paso esa conciencia en la sociedad canaria.
Creo que en Canarias no podemos conformarnos con tener la legislación inmigratoria española sino que debemos aspirar a tener la nuestra propia como ya tienen bastantes otros territorios en el marco de la Unión Europea. Sí se puede hacer. Como en tantas otras cosas, el reduccionismo español no hace sino perjudicarnos. Debemos ampliar miras, buscar otros referentes y construir nuestra propia armazón jurídica -peleando sin descanso contra Madrid, Bruselas y quien sea- que dé respuestas reales a las necesidades de las islas, que son muy diferentes a las necesidades de países continentales como España. Opino también que la legislación canaria sobre inmigración debe, cómo no, partir claramente del análisis de la sociedad canaria, los flujos migratorios que ésta recibe, la economía en la que se insertan, los servicios sociales que podemos ofrecer a los nuevos ciudadanos sin el deterioro de los mismos y sin que se produzca conflictividad entre la sociedad de acogida y los recién llegados, la capacidad de carga que territorios ecológicamente frágiles y ya superpoblados pueden tolerar… Confiar la resolución de todas estas claves al cambio de sistema económico me parece, honestamente, agarrarse a la flor de un berro, por usar el refranero canario. Personalmente, no me importaría empezar a resolver algunos problemas desde ya para que si algún día llega el nuevo sistema económico nos agarre con la tarea más o menos hecha.
Este análisis del que hablo y del que tan poco se oye hablar en las visiones que comentaba arriba, no entra en contradicción, al contrario, con tratar cuestiones aún más espinosas: el concepto de ciudadanía canaria; la caracterización de la inmigración realmente existente -mayoritariamente proveniente de Europa y en especial de España-; hablar de tú a tú con los vecinos de nuestro continente aunque la inmigración africana sea modesta en términos cuantitativos; la controvertida cuestión de la preferencia nacional; el establecimiento de cupos y ocupaciones preferentes; el necesario engarce de todo esto con una realidad social y ecológica donde ya hay cada mes un millón de turistas como población flotante; la justicia y conveniencia de garantizar un retorno digno a nuestros propios emigrados -pasados, presentes y futuros- así como la de garantizar posibilidades de desarrollar su vida profesional a los que ya están en el territorio… Y todo esto, con un profundo anclaje en la legislación internacional, especialmente en todo lo que hace a los derechos humanos, que siempre son mejor salvaguardados si las instituciones y la sociedad civil se empeñan en su defensa y no se deja cuestiones tan delicadas al vaivén de los mercados. Que Paulino Rivero no haga sino dar palos de ciego, a cual más torpe, con la inmigración no debe distraernos. Decrecer, diversificar, repartir justamente,… todo eso debe estar en la agenda pero ni sus efectos van a ser inmediatos ni debe ser obstáculo para que los canarios nos autogobernemos también en materia inmigratoria. Ésa es la brega que la sociedad canaria tiene delante, una brega insoslayable que los «ingenuos bienintencionados» no ven y los «pseudouniversalistas españolones» quieren ocultar. No caigamos nosotros también en la trampa de no ver lo que toca hacer.