Se puede comenzar eliminando el argumento falsamente ingenuo que pretende imaginar un salario mínimo uniforme en todos los países. Teniendo en cuenta las diferencias considerables en los salarios, sería o bien demasiado bajo, o fuera de alcance. Pero la propuesta obviamente no es esa. Cuando hablamos del salario mínimo europeo tenemos que entender: sistema de salarios mínimos. En cada país habría un salario mínimo cuyo nivel tendría en cuenta su grado de desarrollo. No se trata pues de un valor absoluto sino de un valor relativo. El objetivo es definir una norma social europea común, pero adaptada a las realidades de cada país.
Al igual que la línea de pobreza se mide en relación con el ingreso mediano, el salario mínimo se definiría en proporción al salario mediano (la mitad de los asalariados gana menos y la otra mitad gana más). Y como la pobreza salarial también se define en relación con el salario mediano, el objetivo principal está claramente definido: hacerla retroceder.
Una larga letanía de ilusiones
En las diversas etapas de la construcción europea, nunca han faltado las promesas de un componente social. La idea de un salario mínimo europeo se ha mencionado incluso durante al menos 20 años. Por otro lado, la implementación de estas hermosas resoluciones se ha pospuesto permanentemente a mejores días, y esto sin duda contribuye a explicar la desafección de la ciudadanía en las elecciones europeas.
En un artículo publicado en La Revue de IRES (al que esta texto debe mucho), Thorsten Schulten, Torsten Müller y Line Eldring recordaban que en 1961 la Carta Social Europea, elaborada por el Consejo de Europa afirmaba [en su art. 4.1, ndt] «el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida satisfatorio”. A mediados de la década de 1990, el Consejo de Europa definirá este salario justo y decente como el que representa, al menos, el 60% del salario neto promedio.
En un informe del 24 de septiembre de 2008 sobre la «sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea», el Parlamento Europeo proponía también el “objetivo de [un] salario mínimo (por ley o convenios colectivos a escala nacional, regional o sectorial) para fijar una remuneración de por lo menos el 60 % del respectivo salario medio (nacional, sectorial, etc.)”y reclamaba (en vano) al Consejo que sea prevean “los plazos para que todos los Estados miembros alcancen dicho objetivo”.
Más recientemente, con motivo de la campaña de las elecciones europeas de 2014, Jean-Claude Juncker anunciaba en su calidad de presidente de la Comisión, que se manifestaba a favor de “que cada Estado miembro introduzca un salario mínimo adaptado a sus práctica nacional de negociaciones salariales y a sus condiciones económicas”.
En fin, en septiembre de 2016, el Parlamento Europeo adoptaba una resolución sobre el dumping social en la Unión Europea. En ella recomienda “el establecimiento de umbrales salariales mínimos mediante la adopción, cuando proceda, respetando debidamente las prácticas de cada Estado miembro y previa consulta a los interlocutores sociales, de un salario mínimo nacional, que debería aumentar gradualmente hasta alcanzar el 60 % del salario medio nacional correspondiente, cuando sea posible, a fin de evitar disparidades salariales excesivas, estimular la demanda agregada y la recuperación económica e impulsar la convergencia social ascendente”.
¿Una equiparación a la baja?
¿Por qué entonces no avanza este proyecto? Sin duda porque se enfrenta a reticencias, entre las que figura el temor de una equiparación a la baja. Sobre este tema se puede evocar un Documento de la Dirección del Tesoro [de Francia] que, en 2014, exploraba la Pistas para el establecimiento de una norma de salario mínimo europeo. Subrayaba que a nivel de la Unión Europea, “la fijación de un salario mínimo común permitiría atenuar las posibilidades de dumping social y de competencia excesiva sobre los salarios”y sugería que la norma europea «Podría tomar la forma de un suelo de salario mínimo expresado en porcentaje del salario mediano de cada país”. La Dirección del Tesoro proponía fijarlo en el 55% del salario mediano.
El interés de esta contribución es que provenía de Bercy [sede del Ministerio de Hacienda francés, ndt] y legitimaba un proyecto que no era completamente fantasioso. Pero, al mismo tiempo, el documento insistía con fuerza sobre la necesidad de fijar en cada país el salario mínimo a un nivel “adecuado” o “apropiado”. En un primer momento, “el suelo podría establecerse así del 45% al 50% del salario mediano” y “en una versión más ambiciosa, un objetivo a medio plazo podría ser fijado al nivel correspondiente al futuro salario mínimo en Alemania, es decir aproximadamente el 55% del salario horario mediano”.
En la actualidad, el programa de la lista Renaissance (LREM) [La República en Marcha, partido del presidente Macron, ndt] también propone un “salario mínimo adaptado a cada país europeo para limitar la competencia por los bajos salarios y garantizar un nivel de vida decente”. Pero fue en una entrevista en Le Parisien del 10 de abril cuando su cabeza de lista, Naathalie Loiseau, precisó el nivel de alcanzar: “por país, al menos la mitad del salario mediano”. Otras listas proponen un nivel más elevado, del 60%, e incluso del 75%, como France Insoumise, si bien no hace del mismo un objetivo realmente prioritario.
De esta forma, con el pretexto de que la lista LREM propone una versión devaluada, el debate iniciado tiene el riesgo de llevar al abandono de la idea en sí misma. También se han planteado otras objeciones, frecuentemente por quienes no desean asumir de forma clara su hostilidad a este proyecto.
Los sindicatos escandinavos e italianos están en contra
En Suecia y en Italia no hay salario mínimo interprofesional, y es cierto que los sindicatos de esos países no lo quieren. Están apegados a las negociaciones de rama o sectores de actividad y temen una estatización que reduciría su capacidad de negociación. Piensan que generaría el riesgo de un ajuste hacia abajo, no ya entre los países sino, en esta ocasión, entre sectores de actividad. Es un hecho que en Suecia los mínimos convencionales son netamente superiores al umbral del 60%, incluso en los sectores peor pagados. Pero ¿qué decir de Italia donde el mínimo convencional era en 2015 de 6,8 euros en el sector de la limpieza?
Esta posición no tiene en cuenta la lección alemana. Los poderosos sindicatos de industria se oponían, con los mismos argumentos, a la propuesta de un mínimo interprofesional avanzada por Verdi, el sindicato de los servicios. Si cambiaron de parecer se debió fundamentalmente a la disminución de la cobertura de la negociación colectiva. El salario mínimo interprofesional apareció entonces como un suelo que limita la caída hacia abajo.
Por otro lado, en 2017, la Confederación Europea de Sindicatos, aunque dividida, consiguió llegar a un acuerdo sobre una resolución que afirma que los salarios mínimos en Europa deberían corresponder a salarios dignos (living wages) al menos iguales al 60% de las remuneraciones medianas.
La Unión Europea no es competente
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el 2000, no dice nada sobre la cuestión salarial, ni incluso sobre el derecho a un salario digno. De esta forma marca una regresión en relación con la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en 1989, que hacía del derecho a una “remuneración equitativa” un derecho social fundamental [en su art. 5, ndt]. De forma más explícita, el artículo 153-5 del Tratado sobre de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que sus competencias “no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal”.
Pero ese artículo pone de relieve una hipocresía total si se recuerda hasta que punto esa regla se infringe cada vez que la Comisión hace recomendaciones a favor de la moderación salarial y de la flexibilización del mercado del trabajo. Y en el caso de los países llamados en crisis (Grecia, Irlanda y Portugal), hay que acordarse como condicionó la troika su apoyo financiero a la puesta en práctica de reformas estructurales, que afectan directamente a la política salarial.
Y eso continúa, también en relación con las elecciones europeas. Hace algunos días, la nota de coyuntura de Eurobank, uno de los principales bancos griegos, informaba a sus lectores que: “las medidas pre-electorales anunciadas la última semana por el Primer Ministro griego Alexis Tsipras fueron acogidas con una cierta prudencia por las instituciones europeas que expresaron su intención de examinar esas medidas en profundidad. Si se muestra que están en contradicción con los compromisos de Grecia en el marco del programa de vigilancia, las instituciones podrían decidir demorar el próximo tramo de restitución de las ganancias realizadas sobre los títulos griegos”.
Un aparente consenso en Alemania
En un informe del WSI, un instituto de investigación ligado con el DGB [Confederación de Sindicatos de Alemania, ndt], Thorsten Schlten y Malte Luebker proponen una revisión de las posiciones expresadas en Alemania, que hace aparecer un verdadero consenso, al menos formal. El ministro alemán de Trabajo, Hubertus Heil, avanzó en enero de 2019 la idea de un “marco jurídico europeo para el salario mínimo” que debería ser una prioridad de la presidencia alemana en el segundo semestre de 2020, tal como se había comprometido la gran colación (SPD-CDU/CSU). La ministra de Justicia, Katarina Barley, cabeza de lista del SPD en las elecciones europeas, desea que “el salario mínimo europeo se convierta en un tema central de las elecciones” ya que “todo el mundo debe poder vivir de su propio trabajo y ello en todos los lugares de la Unión Europea”.
Los verdes alemanes reclaman una “directiva sobre el salario mínimo que garantice a todos los asalariados de la Unión un ingreso digno, que tome en cuenta el coste de la vida en cada uno de los países” y Die Linke, el Partido de Izquierda, milita a favor de una “reglamentación que obligue a todos los Estados miembros de la Unión Europea a introducir un salario mínimo que garantice un ingreso básico digno, superior al 60% del salario mediano en cada país”. En fin, la DGB apoya el proyecto de un “sistema europeo de salarios mínimos”.
Durante ese tiempo, los salarios mínimos convergen
El avance hacia un sistema de salarios mínimos parece tanto más factible cuando, a pesar de la crisis, se observa un movimiento de recuperación. Entre 2008 y 2019, el salario mínimo (en poder adquisitivo) ha aumentado claramente en el conjunto de los países del Este: entre el 27% para Croacia y el 190% en Rumanía; el 58% en Hungría, el 62% en Polonia. En los países del Sur de Europa la progresión ha sido significativa: el 23% en Portugal y el 29% en el Estado español. Solo Grecia no se ha recuperado de las políticas de austeridad, con una disminución del 24% del poder de compra del salario mínimo.
En fin, en los países más avanzados, la progresión del poder de compra es moderada, como máximo de un punto anual. Este marco general, extraído de la base de datos del WSI, muestra que en conjunto el salario mínimo aumenta más rápido en los países de salarios bajos. ¿Por qué no encuadrar y organizar esta evolución?
La experiencia húngara
Una crónica anterior señalaba un notable estudio que mostraba que en Estados Unidos los aumentos del salario mínimo benefician a quienes perciben salarios bajos, sin destruir empleos. Attila Lindner, uno de los coautores de ese estudio, acaba de publicar otro, Who Pays for the Minimum Wage, redactado con Péter Harasztos, un colega húngaro (a publicar en la American Economic Review, una revista académica). Se basa en una “experiencia natural”, el fuerte aumento –de casi el 60%- del salario mínimo que tuvo lugar en Hungría en el 2001, que la hizo pasar del 35% al 55% del salario mediano.
Tras un análisis extraordinariamente minucioso y que utiliza una modelización completamente ortodoxa, los autores concluyen lo siguiente: “teniendo en cuenta el efecto relativamente débil sobre el empleo, nuestros resultados sugieren que los salarios mínimos podrían constituir un útil eficaz para redistribuir el ingreso de los consumidores a los trabajadores de salarios bajos, sin pérdida importante de eficacia”.
Parece pues que sería posible un consenso bastante amplio sobre la idea de que un sistema de salario mínimo europeo sería racional y deseable. Sin embargo, ese proyecto tiene el riesgo de quedar en punto muerto, a pesar de que no sería más que una respuesta muy parcial a los desequilibrios intrínsecos de la Unión Europea y más específicamente de la zona euro. ¿Habría que ver en ello el indicio de una incapacidad congénita de la construcción europea para deshacerse de su lógica ultra-competitiva?.
* El autor es Michel Husson, economista y miembro del Consejo Científico de Attac-Francia, que publicó este artículo en francés. Traducido por Viento Sur. Compartido bajo Licencia Creative Commons.