La lista nacional es, a mi juicio, la novedad más positiva de la reforma electoral lograda durante la pasada legislatura. Nacida como elemento de corrección del factor poblacional, está jugando desde su mismo nacimiento un papel de gran calado político y que sólo puede ir a más. Me refiero a la tan necesaria articulación del cuerpo electoral canario en torno a candidatos y propuestas comunes, que no sean representativos exclusivamente de su isla sino de toda Canarias. Dicho de otra forma, la lista nacional de nueve diputados obliga a todos los partidos a pensar en clave de unidad, de país, de tal forma que deben configurar una candidatura que sea, como mínimo, territorialmente representativa de las diferentes islas, si quieren aspirar a recibir votos en todas y cada una de ellas. En una Canarias ideal, ni siquiera sería necesario que esa lista recogiera candidatos y candidatas de todas las islas pero, a falta de otros instrumentos y reconociendo que el arraigo insular de los candidatos es un hecho incontestable, bien está que a la circunscripción de la isla se le añada esta circunscripción del país, que introduce esa tan pertinente perspectiva nacional, archipelágica, formada por hombres y mujeres no exclusivamente procedentes de una sola isla.
A pesar del sempiterno recurso a la trampa por parte de Coalición Canaria, que hemos padecido en varias ocasiones durante esta campaña, nada dice la ley acerca de que el presidente del futuro Gobierno deba figurar en la lista nacional. De acuerdo con los expertos, sería tremendamente complejo articular una medida así, que instauraría de facto dos clases de diputados: los presidenciables y el resto. Sin embargo, aunque la letra de la ley no pueda reflejar esa voluntad de manera literal, sí es posible, evocando el espíritu de la misma, llegar en la práctica política a compromisos y consensos amplios cuando se estima que de ellos surge una mejora sustancial de algún aspecto de interés general. A mi juicio, éste bien podría ser uno de esos casos. Los partidos políticos canarios deberían contribuir, en mi opinión, a fundar un pilar de la cultura político-institucional canaria y obligarse a presentar a sus candidatos a la presidencia del Gobierno precisamente por esa lista nacional, de tal forma que lo contrario sería visto como algo inaceptable, una seña de que el partido en cuestión, o tal vez el propio candidato, no quiere o no se atreve a pedir el voto en todas las islas por razones de cálculo electoral o por cualquier otro inconfesable motivo. Un electorado maduro y responsable como el canario sólo podría penalizar una actitud así. ¿Cómo votar a presidente del Gobierno a quien se refugia en su isla y no es capaz de pedir el voto cara a cara a toda la ciudadanía canaria en todas las islas?
Éste ha sido el caso del Partido Popular en esta convocatoria, que ha escondido a Asier Antona, ante sus previsiblemente malos resultados. En Unidas Podemos han jugado al despiste, regalando el dardo envenenado a un candidato de Sí Se Puede por Tenerife, que es una organización después de sus últimas escisiones, prácticamente circunscrita a esa isla. ¿No hubiera sido mucho más lógico que fuera la candidata por la lista nacional la Secretaria General de Unidas Podemos, partido de ámbito suprainsular, y no se refugiara en su isla? No se atrevió. Sin embargo, sí se atrevieron, y es de agradecer que así lo hicieran, los respectivos líderes del Partido Socialista, Nueva Canarias y hasta la propia Coalición Canaria, que tanto batalló para que esta lista nacional no viera la luz, puesto que hizo cuanto pudo para priorizar sus intereses electorales como partido a los intereses generales de la ciudadanía canaria.
No me parece una ventaja menor el que la lista nacional acabe por configurarse, en futuras reformas, también como un elemento de mejora democrática al reducir la distancia entre representantes y representados y, aunque sea de manera informal, termine por servir en la práctica como mecanismo de elección directa del presidente por parte del cuerpo electoral canario. Como sucede en los países con sistemas presidenciales de vía directa, aumentarían los niveles de identificación de la ciudadanía con la institución y especialmente con la figura del presidente, que sería visto como una elección popular y no como el resultado de un juego de alianzas parlamentario, marcado indefectiblemente por la correlación de fuerzas en cada momento. En estos tiempos de descrédito de la política, donde la amenaza de que acaben participando en la vida pública opciones de marcado carácter antidemocrático es más que cierta, no es de despreciar cualquier elemento que suponga un reforzamiento y mejora de la democracia, por imperfecta que ésta sea.
En cualquier caso, es de esperar que cuando el mecanismo de la lista nacional esté perfectamente asentado -e incluso mejorado por la vía de aumentar su número de participantes, corrigiendo aun más el mencionado factor poblacional- todos los partidos sin excepción presenten por dicha lista a la persona que proponen a la Presidencia del Gobierno. Tal vez ya en esta legislatura que pronto comenzará veamos avances en ese sentido y dentro de cuatro años el sistema electoral sea aún mejor, se parecerá más al país al que se debe. La lista nacional se convertiría así, como ya está empezando a suceder, en un elemento de construcción y cohesión nacional de mayor calado que otros divertimentos de dudosa utilidad. Que el bosque no nos impida ver el árbol y entre tanto ruido electoral, sepamos celebrar también los avances.