Estamos en clima de debate sobre el cónclave de Presidentes del G20, previsto para el 30/11 y 1/12 próximos en Buenos Aires.
Allí se debaten sobre los problemas económicos contemporáneos de la economía mundial capitalista, según la lógica del poder concentrado en las aspiraciones de las corporaciones transnacionales y su necesidad de ampliar la esfera de los negocios, el objetivo de la ganancia y la acumulación.
Se trata de una reunión asumida con prevención por los anfitriones locales del Gobierno argentino, que organizan el encuentro con unos 20.000 agentes de seguridad, entre locales y extranjeros, con tres cercos de seguridad que cierran la Cumbre del G20 a la población, y un consejo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugiriendo a los habitantes que desalojen la ciudad el 30/11, en un día declarado asueto en la capital de la República Argentina.
Existe la represión preventiva, generando miedo en la población y cerrando el camino del debate al conjunto de la sociedad. El pueblo quiere saber de qué se trata, se decía en la revolución de mayo de 1810. La respuesta de la seguridad oficial está a contramano del reclamo social.
Por eso las denuncias anónimas y de prevención contra un imaginario de violencia que no considera la ejercida contra la mayoría de la sociedad ante la recesión, la inflación y el ajuste, sin considerar la represión explícita ante la protesta social.
En ese marco se inscriben los debates en sentido contrario a los del poder, los que se transitan en otros ámbitos, con una agenda dispuesta desde las necesidades sociales más amplias.
Las agendas del poder suponen condiciones para la liberalización de la economía y mejoras en la rentabilidad de los inversores de capital.
En ese sentido se discuten las reformas estructurales que demandan los sectores dominantes del sistema mundial, especialmente modificar el régimen laboral y previsional.
Al mismo tiempo se demandan favorables condiciones para un desarrollo de la infraestructura adecuada para la extracción de las riquezas naturales, abundantes en Nuestramérica y esenciales para el sostenimiento del modelo productivo y de desarrollo capitalista contemporáneo, más allá del efecto climático, en la Naturaleza y en la sociedad y sus poblaciones.
¿Es posible otro orden?
Desde los pueblos se intenta una agenda alternativa y por eso la Confluencia No al G20 y No al FMI organiza una discusión con movilización de carácter alternativa, donde articulan movimientos sociales, políticos y culturales muy diversos.
Incluso antes, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, se realiza el Primer Foro de Pensamiento Crítico en el Estadio de Ferro, con más de 50.000 inscriptos, menos de la mitad de la Argentina.
A continuación, Clacso organiza la Conferencia Latinoamericana y Caribeña. Ambos acontecimientos nuclean a buena parte de investigadores e intelectuales de la región para instalar una crítica al orden hegemónico. Todo a días de la Contra Cumbre organizada por la Confluencia popular No al G20 y al FMI.
El tema de fondo es como ganar conciencia en la construcción de una subjetividad socio cultural que pueda disputar otro orden social, político, económico y cultural. En sí mismo supone un programa relativo a otro orden, tal como imaginara el Foro Social Mundial cuando en 2001 proponía que Otro Mundo es Posible.
Muchos se interrogan si es posible pensar en un orden alternativo ante la ofensiva contemporánea del capital, que en la Argentina se presenta explícito en el Programa de ajuste y reestructuración regresiva que supone el Presupuesto 2019, de reciente aprobación en el Parlamento.
Ideas para un programa alternativo
Es más, nos interrogan sobre cuál podría ser el rumbo del modelo productivo alternativo.
Vale considerar las síntesis parciales al respecto y contenidas en las demandas de los movimientos populares, por un modelo agrario sustentado desde la soberanía alimentaria. Ello supone modificar el modelo agrario exportador subordinado a la dominación de las transnacionales del agro negocio y la biotecnología. Se debe asentar un plan desde la agricultura familiar y comunitaria, las formas cooperativas y de autogestión pensando en la atención del mercado interno y la cooperación con los países vecinos.
La articulación integrada de la producción primaria con el sector industrial resulta imprescindible, redefiniendo estratégicamente el papel de la energía, desde una concepción soberana y de derecho a la misma. Es un proceso en contra de la mercantilización en el uso y la producción energética, más aún con la perspectiva de un presente contaminante en la explotación de los hidrocarburos no convencionales, vía fractura hidráulica. Ese insumo estratégico de la producción mundial debe subordinarse a una lógica de derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y a la propia energía.
Todo lo dicho confluye en un modelo financiero donde la organización social y la autogestión son fundamentales, sin intermediación de la banca transnacional, con papel explícito en sentido socializador de las finanzas y la participación popular en la orientación del crédito.
La Argentina tiene antecedentes en la propuesta del primer ministro de economía, Mariano Fragueiro, sustentando la organización de las finanzas para el aliento del mercado interno y las necesidades sociales. Pero es también la historia del cooperativismo de crédito y la participación popular en la gestión financiera.
Para hacer realidad este programa se necesita articular el saber popular y profesional, contenido en la experiencia social ampliada y en una tradición de escuela y universidad pública, con variados institutos de ciencia y tecnología públicos para superar la dependencia tecnológica.
En la respuesta social a la agenda del poder podremos encontrar pistas para un rumbo diferenciado del actual que consolida una lógica de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso y de la riqueza.
* Artículo de Julio C. Gambina publicado en Rebelión. Compartido bajo Licencia Creative Commons.