Fumata blanca. Con retraso, pero ya hay nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, publicado en el BOE el pasado martes 6 de noviembre de 2018. Un Estatuto refrendado por todas las partes actuantes menos por el pueblo canario. Si no nos hubieran inoculado un miedo atroz a los referéndums y a la democracia directa, nos parecería una anomalía que el sujeto activo de la norma estatutaria, el pueblo canario, no la haya refrendado en una votación libre y directa. En cualquier caso, de una forma u otra, el Estatuto plantea mejoras y dudas que cabe resaltar.
En primer lugar, por fin se da por finiquitada la injusta Ley Electoral Canaria. El nuevo sistema acaba con la doble y triple paridad, añade un parlamentario a Fuerteventura y se estrena una lista canaria, que incluye a todas las islas, y que suma en diez los parlamentarios para que sean 70. Veamos qué pasa ahora con las formaciones más favorecidas por la triple paridad, en especial Coalición Canaria. Ya las anomalías serán menos y veremos si hay o no cambios importantes. En cualquier caso, se prevé un paradigma distinto. Para empezar, el presidente saldría previsiblemente de esa lista de 10 parlamentarios canarios y tendremos, a buen seguro, un Parlamento muy coral. Ciudadanos entrará a buen seguro y es previsible un vaivén de subidas y bajadas. Lo que está claro es que no se esperan mayorías absolutas, por lo que habrá que entenderse. Lo cual, por otra parte, no es novedad en Canarias.
En segundo lugar, una medida novedosa, el fin de los aforamientos. Una disposición ampliamente aplaudida porque acaba con privilegios medievales que no tienen sentido. Este hecho puede afectar a Fernando Clavijo que ahora podría ser investigado por los Juzgados de La Laguna por el Caso Grúas. Veremos si Canarias aguanta, aunque sea a poco de las elecciones, con un presidente imputado por una causa. En cualquier caso, lo que está claro que este hecho puede determinar si Clavijo es el candidato de Coalición Canaria o no. Las malas lenguas hablan de una posible fuga al Senado para volver a estar aforado. Aparte del caso Clavijo, la norma permite aterrizar a la clase política a la tierra, donde están los comunes, donde se juzga a las personas por los hechos cometidos.
En tercer lugar, me parece reseñable la ampliación del mar canario. No es nada del otro mundo, pero ya el Archipiélago puede decidir en temas que le afecten directamente. Es un engaño, una migaja, pero acaba con el disparate anterior. Los avances no siempre son radicales y sí poco a poco. Una de las cuestiones que más se echa de menos en el Estatuto son más competencias. Las nuevas son pocas y limitadas. Por un lado, la posibilidad del presidente de disolver la Cámara y convocar elecciones para renovar el Parlamento. Otra de las nuevas competencias es la de convocar referéndums, eso sí, siempre constitucionales. Vista la connotación que ha adquirido la palabra, eso es muy limitado. ¿Se podría haber convocado el referéndum sobre las extracciones petrolíferas? Si la energía es competencia estatal, yo estoy convencido que se hubiera bloqueado igual. Fíjense, y vuelvo al tema del inicio, que ni siquiera se está votando este Estatuto de Autonomía.
Por último, el Régimen Económico y Fiscal se establece como una fuente de financiación separada de la autonómica, lo cual, en teoría, pretende subsanar la lejanía canaria, esa cacareada lejanía e insularidad. Tenemos Estatuto, mejor que el anterior, pero posiblemente peor que el que necesitaríamos para manejar los designios de nuestra tierra. El 6 de noviembre de 2018 fue el día de publicación de este Estatuto de Autonomía, posiblemente ajeno al común del pueblo, al cual no le importan demasiado estas cuestiones, por desgracia. Posiblemente hay agentes interesados en que esto sea así. Es muy probable que esta indiferencia se pudiera paliar con un acercamiento a la importancia de decidir aquí las cosas que nos afectan. Entonces el pueblo participaría en el proceso de manera activa y solicitaría votar su Estatuto. Canarias sigue sin voz ni voto, por desgracia, pese a las nuevas medidas de la norma autonómica.