Sábado 7 de junio de 2014. Los canarios protestan contra la imposición petrolífera del Estado español. Las manifestaciones son concurridas y con una asistencia muy alta. Entre los manifestantes, un Pablo Rodríguez que está en ese momento en el pacto de Gobierno del Ayuntamiento de Telde, con los responsables del absuelto Caso Faycán, PP y CIUCA. Rodríguez cuelga una foto en redes sociales con su bandera canaria. Pablo sabía que, aunque el Estado lo negara, Canarias tenía derecho a decidir qué hacer con sus riquezas, si extraerlas o no, y en caso de extraerlas decidir la forma de explotarlas. En definitiva, Pablo sabía que Canarias, pese a todo, tenía derecho a elegir su futuro. La posición no era compleja, buena parte de las instituciones en Canarias, encabezadas por el Gobierno de Canarias al mando de su partido, estaban en contra de la imposición.
Miércoles 11 de junio de 2014. José Manuel Soria, Ministro de Industria y Turismo por aquel entonces, es elegido pregonero de las Fiestas de San Juan (Telde) y nombrado Hijo Predilecto de la ciudad. Pablo está en el grupo de gobierno pero no protesta por el acto y participa en el nombramiento del petrolero ministro. Algo que, por contrastar, no hicieron los concejales de Nueva Canarias. La concentración se saldó con varios heridos. En una protesta en la que se congregaron varios millares de personas, las fuerzas policiales custodiaron el pregón privado en la Ermita de San Pedro Mártir, un pregón y un nombramiento contra el pueblo. Rodríguez agasajó ese día al ministro responsable del dislate petrolero, días antes se manifestaba contra sus políticas. Soria bajó sonriente del vehículo mientras escuchaba la ensordecedora pitada. La crítica del líder de Coalición Canaria en Telde quedó en nada, a los hechos me remito.
Más de cuatro años más tarde, Pablo Rodríguez es vicepresidente del Gobierno de Canarias de rebote. Tras la ruptura del pacto con el PSOE, Clavijo recompuso su gobierno e incluyó al teldense. Fue el enésimo acomodo de Rodríguez tras fracasar en las elecciones teldenses, donde su formación solo obtuvo dos concejales y tras conseguir 21.755 votos en la provincia de Las Palmas en las Generales de 2015, que le impidieron ser diputado canario en Madrid, dicen algunos que su gran objetivo. Por lo tanto, es vicepresidente y consejero de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de Canarias por designación directa. Las perversiones de la política a veces son paradójicas. El segundo de a bordo de Fernando Clavijo cumple un papel muy político en el equilibrio de fuerzas entre las dos islas capitalinas y lo recurrente de su presencia en puestos orgánicos de la formación solo se puede comprender en el contexto de la práctica inexistencia de Coalición Canaria en Gran Canaria.
A Pablo le ha tocado defender cosas complicadas. Siempre en el punto de mira en el reclamo de las carreteras, una determinación que no reflexiona sobre la movilidad en Canarias, a Rodríguez le tocó el marrón de poner palabras a la expulsión de los residentes de las zonas turísticas «para no poner en peligro a la joya de la corona». Pero eso no sería nada con la defensa que ha hecho del Macromuelle de Agaete. El vicepresidente indica que el impacto del Macromuelle no superaría al actual muelle, algo del todo ilógico, dadas las sospechas sobre un proyecto que no ha publicado un anteproyecto para debatirlo. Con oscurantismo, el consejero destaca la aportación económica que tendría para todo el norte, sin dar datos, con los mismos argumentos del señor Soria cuando el petróleo. Un extremo, el del empleo, desmontado por José Antonio García Jiménez, economista, que demuestra en un estudio que el actual puerto no ha cambiado las condiciones laborales en el norte, por supuesto tampoco en Agaete. Por lo tanto, el nuevo muelle tampoco aportaría el cuantioso empleo que los valedores del proyecto defienden.
Pablo Rodríguez, que creía que Canarias sí podía decidir en el tema petrolero, considera que «un solo municipio no puede decidir el devenir de una obra de interés general», aunque en este caso sea el más afectado por dicha obra. Con todo, rechaza la propuesta del Cabildo de Gran Canaria de hacer un referéndum y la negativa del Ayuntamiento de Agaete, precisamente por la imposibilidad de votar lo que quieren o no en el municipio norteño. La decisión, indica Rodríguez, corresponde al Consejo de Ministros y no al municipio. Tal cual, a lo Soria. El vicepresidente subraya las ingentes oportunidades económicas que el Macromuelle proporcionaría, sin aportar datos, y pretende que el proyecto sea participativo, algo que no está pasando ni de lejos. Entretanto, agosto fue una explosión de acciones contra el Macromuelle en Agaete, en el marco de las Fiestas de las Nieves y el Bioagaete Cultural y Solidario. El cierre fue una macroconga que llenó el muelle de personas que se oponen a que Agaete caiga en las redes de la especulación, como ya pasó en el sur.
Cierro con algunas reflexiones. ¿Cuál es el interés de la ampliación del Puerto de las Nieves? No es creíble que solo pretenda ampliar la competencia entre empresas marítimas, hablamos de un cambio de modelo para Agaete, se atisba un cambio de modelo para el norte. ¿Hacia dónde va el norte? Muchos elementos indican que el norte y la costa noroeste está en las miras de la especulación, una vez el sur de Gran Canaria está sobreexplotado. El Macromuelle de Agaete cambiaría el panorama por completo del municipio, podría aumentar la densidad de población y la vivienda y servicios se encarecerían. La carretera de La Aldea, que transita por Tamadaba, ignorando el trazado propuesto por Ben Magec, abre el camino de la explotación costera e interior de toda aquella zona. Los especuladores ya no solo compiten en el sur, pretenden exportar su modelo al norte. «¿Perderemos definitivamente el valioso paisaje del oeste de Gran Canaria?», se pregunta Ben Magec. En el camino son necesarios elementos políticos como Pablo Rodríguez, un vicepresidente designado directamente por el presidente y cuya presencia está justificada en el equilibrio de fuerzas en Coalición Canaria. Rodríguez ha aceptado el rol y se dedica a negar el derecho a decidir, como ya hiciera José Manuel Soria.