Según la RAE apartheid se refiere a la «segregación racial, especialmente la establecida en la República de Sudáfrica por la minoría blanca». En idioma afrikáans significa «condición de estar separados». Las medidas de segregación racial, con violencia de por medio, duraron aproximadamente entre 1948 y 1990, al menos de manera oficial. Tuvo que llegar Nelson Mandela para, con un discurso conciliador, traer la paz y plantar las bases, al menos en la teoría, de la convivencia pacífica.
¿Existe apartheid en Canarias? La respuesta genérica, si lo planteo en una encuesta, sería probablemente que no. Sin embargo, ¿existe algún tipo de discriminación con la población local? Seguramente ahí la respuesta sería afirmativa. Hay evidencias de atropellos varios ampliamente conocidos: el derribo del poblado de Cho Vito argumentando la Ley de Costas mientras se mantienen en pie hoteles ilegales, la falta de soberanía nos ha costado que no nos hicieran caso en temas como el petróleo o el Puerto de Granadilla, el acoso a las vecinas y vecinos de Ojos de Garza por la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria, todavía sin fecha, la construcción en Berrugo, en Lanzarote, denostando el legado de construcciones integradas en la naturaleza y el espacio que promulgaba César Manrique y apartando de la zona a la población local…
En varios de esos procesos se dio un orillamiento de la población autóctona, la población que residía en esos espacios, a otros lugares. Cuando el negocio turístico, industrial o de cualquier tipo se interesa por un enclave, la población local no es freno, se le expulsa o se va produciendo una guerra de desgaste hasta que ellos mismos se exilian. Está pasando ahora mismo en la Playa de Tauro y el pueblo, donde la Asociación de Vecinos de Tauro y Playa de Tauro se ha puesto en pie de guerra:
«Nos quedan a penastres reductos que hay que defender como sea, ya está bien de dejar que destrocen sin ningún pudor nuestro futuro, nuestra isla, la isla de nuestros hijos y nuestros nietos, nuestro orgullo de ser canarios, seres arraigados a este suelo como los dragos, con siglos de historia y de historias, que ya no van a saber donde reconocerse. El que destruye su tierra, se destuye a si mismo».
¿Qué está pasando en Tauro? La empresa Anfi del Mar construyó una playa artificial, expulsando a los campistas, pero sin reparar en que allí hay vecinos. También personas que vivían en infraviviendas y a los cuales expulsó hace semanas la empresa Desokupas, empresa que se dedica a la expulsión de personas que se consideran que ocupan una vivienda. Desokupas está compuesto por ex boxeadores y algún neonazi venidos de la Península Ibérica. Los vecinos denuncian intimidación. Algunas de las personas expulsadas se han quedado sin casa, teniendo que residir en una tienda de campaña o en casa de algún otro vecino. En ciertos casos llevaban varios años viviendo allí, en uno concreto más de diez.
La empresa dice que ocupaba su terreno. La alcaldesa, Onalia Bueno, expone que llegaron cuando se construyó la playa, algo que no es verdad, y que sus chabolas estaban en terreno privado. En cualquier caso la playa está cerrada más de dos años después de la construcción de la playa artificial. El mismo Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente ha abierto proceso por la concesión del terreno. El procedimiento observa irregularidades en el proceso de adquisición y plantea el posible delito de «lesividad para el interés público». Entretanto, José María Hernández León, exjefe de Costas, fue cesado por esta cesión y está pendiente de juicio. La Fiscalía le acusa de prevaricación y falsedad y pide tres años de cárcel y 10 de inhabilitación.
Como en todas las grandes tramas, un imputado y una denuncia de por medio, lo cual no impide que Anfi lleve a cabo su plan, con la connivencia del Ayuntamiento de Mogán. En lo que ha trazado la empresa noruega se circunscribe la construcción de una playa artificial en una zona natural, la prohibición de acceso a la misma por la incoación de hechos anteriormente mencionados, la erradicación poco a poco de los vecinos, apartándolos de la franja costera como denuncia la propia asociación, y la creación de complejos turísticos alrededor de la costa. Por lo tanto, en resumen, se trata de apartar a los nativos para dejarlo en manos de la especulación, el negocio y el turismo manido de sol y playa, y todo ello en medio de irregularidades, como observa la Fiscalía.
Si hablamos de expulsados tenemos que hablar de la Ley Turística, la Ley 2/2013, que ya se está aplicando en contra de los propietarios de viviendas en zonas turísticas. Dicha ley plantea limitar las residencias de las zonas turísticas a la explotación turística. Mediante cartas, por ejemplo a los vecinos de los Apartamentos Los Aguacates en Playa del Inglés (Gran Canaria), se informa de la necesidad de cumplir la Ley Turística y ceder sus viviendas al explotador turístico.
Los vecinos de este complejo y otros de las zonas turísticas de toda Canarias alegan que existe una Disposición Transitoria que permite los usos residenciales de antes del 1 de enero de 2017. En cualquier caso la Ley es tajante: el objetivo es la «especialización» de las zonas turísticas a través de la exclusividad de esta actividad, que conlleve a una «modernización» de los espacios turísticos. O lo que es lo mismo, las zonas turísticas, las de costa, con las playas buenas, para los turistas. Los residentes no tienen nada que hacer allí.
No podía dejar atrás el Macromuelle de Agaete. Poco hay más que añadir de ese proyecto que no hayan explicado, y con más detalle, los compañeros de Pleiomeris, exposición que completarán mañana con la tercera entrega del reportaje. Solo añadir datos económicos. Un estudio de la Plataforma Salvar Agaete sin Macromuelle, firmado por el economista José Antonio García Jiménez, desmonta que la ampliación del recinto portuario vaya a generar empleo, dado que tras casi 25 años del Puerto actual, los resultados no se han demostrado en esa materia. Agaete sigue con 17% de paro en un municipio de poco más de 5.000 habitantes. El estudio indica que las personas empleadas de Agaete acuden a otros lugares de actividad económica a trabajar, por lo que si un Puerto no ha ofrecido puestos de trabajo, una ampliación no los va a dar.
En cuanto a las aportaciones a las arcas municipales, la recaudación es 0 porque todo va a parar al Gobierno de Canarias, afirma el texto. Sin embargo los pescadores profesionales, en peligro con la ampliación del Macromuelle, sí aportan a nivel municipal. ¿Para qué sirve el Macromuelle entonces? Si es para evitar el monopolio de Fred Olsen, ya Naviera Armas opera desde Las Palmas de Gran Canaria y no hay justificación para que también lo haga en el municipio norteño. Detrás, las sospechas apuntan a la instalación de un Puerto Deportivo y a atraques de cruceros, con lo que volvemos a dejar de lado a la población autóctona de lado para convertir otro espacio de nuestras islas en un parque temático. Además, el plan consiste en ampliar el uso residencial de Agaete, con lo que eso conlleva de aumento poblacional, etc.
¿Dónde puede vivir la población local a juicio de los agentes económicos? Por ejemplo en Juan Grande o Castillo del Romeral. Los vecinos denuncian tormentas de arena y polvo en sus viviendas por culpa de la machacadora, por lo que solicitan su cierre. Afirman que esto provoca problemas de salud, palpables en diagnósticos a diferentes vecinos. En la zona además tienen el Vertedero y la Macrocárcel. Que sea el pueblo del sur de Gran Canaria el elegido para estas infraestructuras, tiene connotaciones evidentes: allí no hay complejos turísticos, ni centros comerciales, ni grandes playas destinadas al sol y playa. En Juan Grande y Castillo del Romeral vive población autóctona, ¿entienden por dónde va la cuestión?
Con todos estos ejemplos, al menos nos acercamos a lo que se podría denominar como un apartheid soterrado. Es una segregación de lo autóctono, marginado y escondido en montañas, medianías y barrios dormitorios, mientras los poderes económicos copan las zonas de interés. Ocurre en cuanto al territorio, pero también en cuestiones culturales o identitarias. Se percibe un plan, más o menos evidente, consciente o inconsciente, de orillamiento de nuestro pueblo, reducido a vivir en espacios que no interesan a la gran economía, rodeados de machacadoras, vertederos y grandes centros penitenciarios, mientras reservan la costa y las zonas turísticas al turismo y a las élites económicas. Es hora de levantar la voz, de denunciarlo y de ser nosotros los que rijamos el destino de nuestros espacios estrella y que además generan actividad económica. No podemos permitir estar apartados en nuestra propia tierra.