Franklin Delano Roosevelt bautizó su proyecto político como el “New Deal”. La mejor traducción de esta expresión es “nuevo contrato”, porque justo de eso se trataba. Tras dos décadas de capitalismo salvaje que habían conducido a los Estados Unidos, entre otras cosas, al Crack de 1929, se imponía de manera imperiosa la necesidad de llegar a un nuevo pacto con la ciudadanía estadounidense. En ese pacto renovado, los poderes públicos recibían nuevamente la confianza ciudadana a cambio de que el bienestar general ocupara nuevamente la primera de las prioridades en la agenda política. Comenzó entonces una poderosa política de fuerte aumento del gasto público, dirigido principalmente a la creación de infraestructuras pero también a la puesta en marcha de innumerables programas sociales que erradicaran las terribles consecuencias de la debacle económica en la que el capitalismo de casino había sumido a los Estados Unidos. La suya fue una política no sólo de modernización sino de intervención pública en la economía a favor de la igualdad social y la redistribución de rentas. No se puede dejar de mencionar la extensión de los derechos y libertades civiles que, entre otras cosas, permitieron el auge del sindicalismo. También el sector de la cultura recibió un apoyo inusitado, cimentando una nueva conciencia nacional marcada por la confianza en las propias posibilidades del pueblo estadounidense. Después vino la II Guerra Mundial, con las consecuencias conocidas por todos.
Todo esto viene a cuenta de los numerosos “nuevos contratos” que en Canarias necesitamos. O tal vez uno solo pero que encare con decisión los numerosos desafíos de una sociedad que corre un serio riesgo de instalarse crónicamente en el atraso, entre otras cosas por la falta de visión estratégica de su Gobierno. En primer lugar, alcanzar una democracia de nivel aceptable, que no cause sonrojos, a través del encauzamiento definitivo de la Reforma electoral. La propuesta que hay sobre la mesa no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Al día siguiente de su aprobación, si es que así sucede, habrá que ponerse a la tarea de conseguir otra más digna, más hermosa y, sobre todo, más justa. También habrá que alcanzar un acuerdo aceptable con el Estado español, que refleje las necesidades y la voluntad del pueblo canario de autogobernarse, de no ser gobernado por otros, de avanzar en la constitución de sus propias estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, etc. y de ratificar dicho acuerdo en una votación donde expresemos todos los canarios y canarias nuestra opinión al respecto. Es un ejercicio básico de democracia al que jamás renunciaremos, como tampoco renunciamos a ni un sólo metro cuadrado de nuestro territorio ni a una sola milla de nuestro mar.
Hará falta asimismo un acuerdo, importantísimo, por el que se asuma mayoritariamente que el país no se puede construir tolerando la marginalidad, el subdesarrollo, las condiciones miserables de vida de amplios sectores de la población, mientras ponemos nuestro medio natural al servicio de touroperadores y hoteleros extranjeros. No podemos seguir asistiendo al espectáculo bochornoso de una clase política entregada a un caciquismo de cinco estrellas e insultantes salarios y condiciones laborales para nuestra gente. Hay que poner el sector turístico, la principal industria del país, por ahora en manos mayoritariamente extranjeras, al servicio de la gente y no a la gente al servicio del sector turístico. Será también muy necesaria una alianza intergeneracional por la que los canarios y canarias de este comienzo del siglo XXI nos comprometamos a entregar a las próximas generaciones un medio natural en las mejores condiciones posibles y, para ello, es impensable que no sea una de las cláusulas el desarrollo exponencial de las energías renovables en nuestro archipiélago. Otra de ellas será un compromiso contra el expolio de nuestro territorio, que no es inagotable y que debe ser ordenado y regulado con políticas fuertemente protectoras en todos los aspectos. Tendrá que ser un país de mujeres y hombres, donde nadie pueda ser tratado como inferior en función de su género, identidad y orientación sexual: un país también asentado en un pacto por las libertades y derechos civiles de las que podamos sentirnos legítimamente orgullosos. Un país, al fin, en el que su cultura e identidad no sean subterfugios sino elementos de cohesión, diacrónicos y sincrónicos, así como motor de desarrollo de lo mejor de nuestra sociedad.
Todos esos pactos, acuerdos, alianzas, compromisos,… habrán de concretarse en un “nuevo contrato”, que funde la ciudadanía canaria del siglo XXI, para lo cual ya no valen aquellos pactos alcanzados por minorías en la llamada Transición. Más de cuarenta años después, toca a otras generaciones sentar las bases del modelo de sociedad y convivencia que debe regir en las décadas futuras. Toca redefinirlo todo, sin que ello necesariamente signifique renunciar a aquello que de positivo nos pueda haber llegado de la anterior y moribunda etapa. Toca, pues, no ponerse a buscar alocadamente un Roosevelt que nos señale el camino, sino ponernos todos y todas a redactar ese “nuevo contrato”, cuyo cumplimiento tajantemente exigiremos mientras partamos el pan en esas islas que no sean silencio amordazado.
