La libre circulación de personas dentro de la UE fue otro tema clave que bien se discutió en Canarias antes de integrarnos en la UE. Europa lo exigía y Canarias lo rechazaba. El Parlamento canario pidió una prórroga de no aplicación de este principio de diez años. España decidió unilateralmente, desoyendo a nuestro Parlamento, que Canarias no podía otorgarse este derecho y así desde el año 1993 hemos venido recibiendo miles de inmigrantes comunitarios y creciendo demográficamente a ratios sorprendentes muy por encima incluso que la media de España. Solo para hacernos una idea, desde 1993 y hasta 2004 (un período de once años) entraban en las islas unos 25.000 inmigrantes cada año mientras la población local canaria solo crecía en unos 7.500 por año. A finales de los 90 el mercado laboral canario los absorbió milagrosamente gracias al gran auge de la construcción, pero hoy, después de haber estallado la burbuja inmobiliaria, con la escasa diversificación económica y con los problemas estructurales de las islas nuestro mercado de trabajo no puede absorberlos. No sin entrar, al menos, en feroz competencia con nuestros trabajadores locales que hoy tienen que enfrentarse a una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 40% de la población y condiciones laborales más precarias.
La libre circulación de personas junto a la de bienes y servicios debió, en teoría, relocalizar mejor los recursos productivos, pero yo me pregunto si países como Polonia, Bulgaria, Grecia o Canarias, que han sido desprovistos de buena parte de su capital humano ahora trabajando en países como Alemania o Reino Unido, se han beneficiado de esta relocalización de los recursos. Solo para hacernos una idea de la magnitud de este flujo de personas, tras el “Big Bang” europeo del 2004, con ocho nuevos estados miembros de Europa del Este, 20 millones de personas han emigrado desde el centro y este del continente hacia los estados miembros más ricos. Estas son más personas que todos los inmigrantes europeos que emigraron a Norteamérica en la época colonial. Además, como bien puntualizan algunos expertos, la mejor relocalización de recursos a lo largo del bloque debió estar atrayendo más inversión extranjera y dinamizando más la economía en la UE y sin embargo la inversión extranjera es lo que ha decaído más en los últimos años. En el caso de Canarias la Inversión extranjera ha caído un 64% en 2016 y cuando vemos en las noticias que la inversión extranjera en Canarias está aumentando debemos tener en cuenta que esta inversión se hace generalmente en el sector inmobiliario. No nos engañemos, no se están levantando fábricas y generando actividad y empleo sino vendiendo inmuebles y urbanizando. En definitiva, la susodicha relocalización de recursos no ha compensado la masiva pérdida de empleo y el fuerte empobrecimiento que hemos sufrido en Canarias. Si a esto le sumamos la estrategia de vender suelo al mejor postor, en un país pequeño donde este recurso es escaso y preciado, ya podemos imaginarnos los desequilibrios y la insostenibilidad del plan.
Es interesante también observar cómo, al mismo tiempo que nos descapitalizamos, estas islas se convierten en un territorio de tránsito de los flujos migratorios africanos hacia Europa y en una mera zona residencial europea, al estar dentro del espacio Schengen -eliminando controles fronterizos dentro de los países miembros- y haciendo creer a los inmigrantes que una vez dentro de Canarias ya pueden desplazarse libremente por el resto de países europeos. Obviamente esto tiene un efecto llamada sobre la inmigración irregular. ¿Son, entonces, positivos los efectos del Espacio Schengen y la libre circulación de personas sobre Canarias? La respuesta la podemos deducir observando cómo algunos países han suspendido el acuerdo Schengen, como Francia, Suecia o Alemania, bajo la amenaza de inestabilidad política e inseguridad, y eso que ninguno de estos países está situado en una zona fronteriza como lo está Canarias y tampoco padecen altas tasas de desempleo. Es por todo esto y por más razones que deberíamos poner freno a las políticas europeas migratorias en Canarias y apostar por recuperar los controles fronterizos en las islas junto con una ley de residencia canaria adaptada a nuestras necesidades. Hemos escuchado a nuestros líderes políticos decir que la libre circulación de personas por la UE es beneficiosa pues permite a los profesionales canarios enriquecerse y formarse en Europa pero olvidamos que si este capital humano cuando regrese a Canarias no encuentra el medio necesario para desarrollar su potencial de poco habrá servido a nuestra sociedad. Entonces, ¿Cuál será el precio de todo esto? Sin embargo, habremos cumplido con creces ser la puerta fácil hacia Europa, una fuga de cerebros constante y vender nuestros solares a extranjeros con todo el impacto consecuente sobre nuestro medio y sociedad.
Con la soberanía de nuestras políticas migratorias en manos de España y la Unión Europea poco podemos hacer desde Canarias. Estamos vendidos. Lamentablemente no tenemos capacidades para abordar el fenómeno de la inmigración y reducir su impacto. Y no solo eso sino que el principio de libre circulación junto con las políticas autonómicas cortoplacistas e insostenibles de “vender solares a extranjeros” empeoran y aceleran todo mucho más. Recordemos que las migraciones deben servir para corregir desequilibrios y no para producirlos por eso es de vital importancia que tengamos una Ley de Residencia en coherencia con nuestro modelo de desarrollo y no al revés.
Otro asunto importante es el gasto. Especialmente ahora que tanto hemos oído hablar de que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, y por tanto, ahora toca apretarse el cinturón y llevar una vida de austeridad. Si alguien alguna vez ha tenido la sensación de que el dinero de las ayudas europeas no se está empleando bien es porque está en lo cierto. Es un despilfarro continuo. Sabemos que el 80% del presupuesto de la UE se gasta en agricultura y en ayudas regionales: los sectores con menos valor añadido y con grandes problemas de eficiencia. ¿Es esto promover el desarrollo económico? Es cierto que el sector primario es un sector estratégico y de vital importancia pero si el 50% de los fondos que vienen de Europa a España son en forma de subvenciones a la agricultura y en España solo el 9% de la población activa trabaja en el sector primario, ¿qué impacto están teniendo las ayudas europeas en el 91% restante? Además, de ese 9% tenemos que descontar a los cientos de miles pequeños y medianos agricultores, ya que la mayor parte de los fondos europeos se lo llevan 60 familias. Si no le convence solo compare la cantidad de ayudas europeas que recibe un latifundista español con un agricultor pequeño de medianías. Está claro que no tienen un impacto real en la calidad de vida del campesino que trabaja por cuenta ajena, ni sobre los pequeños y medianos agricultores que son los verdaderos guardianes y dinamizadores de nuestro entorno rural.
El centro de pensamiento británico Open Europe citó en una lista ejemplos de casos extravagantes de despilfarro de dinero europeo. El caso del Tyrol austriaco es para llorar. La UE financió un proyecto en esta región para “incrementar la conexión emocional de los agricultores con el paisaje”. Durante el proyecto se entrevistaron varios agricultores esperando de ellos que reconsideraran su vínculo emocional con el paisaje y fueran más conscientes del mismo. ¿Financiaría usted con su bolsillo un proyecto así? ¿No, verdad? ¿Entonces, por qué con dinero europeo? Otro de los casos más descarados fueron los 162,7 millones de euros destinados a la red de colegios privados en la que los hijos de los funcionarios europeos van a estudiar. Increíble que estas cosas pasen en Europa, ¿cierto?
Otro asunto es el del propio gasto de las instituciones europeas. El expresidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, cobró un total de 366.871 euros anuales en 2013. Para hacernos una idea el presidente de España, Mariano Rajoy, cobró 78.000 euros ese mismo año. Barroso se embolsó casi cinco veces más el salario del presidente español y más del doble que el presidente de Francia o Reino Unido. Los eurodiputados cobran 147.000 euros al año. Si sumamos las dietas, viajes y extra costes puede llegar hasta medio millón de euros anuales. Ni los congresistas americanos perciben tanto dinero público. ¿Esto es gastar responsablemente el dinero?
Honestamente creo que a veces una simple pregunta bien formulada puede contener la propia respuesta. En nuestro día a día suceden muchas cosas de las cuales no nos enteramos, y sin embargo, nos afectan en nuestra vida. Es por eso que hoy toca abrir el debate sobre si lo que estamos haciendo está funcionando y cómo podemos hacer para mejorar. En la próxima y última parte de este artículo nos haremos algunas preguntas más y propondremos algunas alternativas.
