José Farrujia De la Rosa es Doctor en Historia (Programa de Prehistoria y Arqueología de la ULL), Premio Extraordinario de Doctorado, Premio periodístico de investigación histórica Antonio Rumeu de Armas, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y de la History of Archaeology Research Network (University College de Londres). Es uno de los firmantes a título individual de la campaña «Canarias, con voz y voto» de la Fundación Canaria Tamaimos.
¿Es realmente imparable el cambio de modelo territorial en el Estado español?
Ciertamente, el actual modelo territorial del Estado español es muy poco operativo y necesita una reformulación profunda. El modelo de las autonomías es a todas luces insuficiente; pero debemos ser realistas: la simple reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias no contribuiría en exceso a revertir esta situación, básicamente porque el Estado español ha gobernado en estos últimos decenios con la complicidad de las «élites» políticas canarias. Esto ha propiciado que los canarios/as no podamos tomar decisiones sobre cuestiones que nos afectan directamente. En este sentido, los cambios deberían producirse no sólo en el Estatuto de Autonomía de Canarias, sino además, en la propia Constitución española, para que se reconozcan las singularidades canarias y, en consecuencia, podamos desarrollar las competencias e instituciones adaptadas a estas singularidades.
¿Cómo valora, más de 25 años después de su aprobación, el actual Estatuto de Autonomía de Canarias?
El actual Estatuto de Autonomía de Canarias está desfasado, caduco. Somos una realidad geográfica y política controlada por un país distante, somos el vestigio pasado de un Imperio, un territorio nacional en la vertiente occidental del continente africano. Es decir, Canarias viene a ser un territorio de ultramar como los DUM franceses (Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión), considerado por la Unión Europea como región Ultra periférica (RUP). El Estatuto de Autonomía de Canarias y la propia ubicación geoestratégica del archipiélago canario en el Atlántico han contribuido a reforzar históricamente la concepción de las Islas Canarias como una posesión ultramarina de España, como un enclave estratégico en relación con el vecino continente africano. De forma paralela, y a escala interna, es importante resaltar que el nacionalismo canario desarrollado desde la década de 1980 no ha tenido una verdadera conciencia ni vocación regional. La proyección política del nacionalismo canario se ha circunscrito a la isla, lo que ha propiciado la balcanización de nuestro Archipiélago. El propio Estatuto de Autonomía de Canarias ha posibilitado esta realidad, pues los Cabildos insulares tienen un importante peso específico en la gestión política insular. Esta realidad se vio reforzada a partir de la década de 1990, a raíz de diversos procesos de transferencia de competencias por parte del Gobierno de Canarias y por la mejora de la financiación de los propios cabildos.
¿Hoy en día es suficiente este Estatuto?
Obviamente no. Creo que resulta necesario reformar la Constitución española, y también la Ley Electoral canaria. El actual sistema electoral canario solo favorece la creación de redes clientelares y la exclusión de otras fuerzas políticas del poder. Es importante tener presente que Canarias cuenta con el sistema electoral más injusto del Estado español, pues el 83% de la población elige al 50% de los diputados, mientras el 17% restante elige al otro 50%. Es decir, la actual Ley Electoral Canaria ha permitido el desarrollo de una política muy conservadora durante 30 años, con políticas muy cuestionables en materia social, laboral y medioambiental. Por tanto, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por sí sola, es a todas luces insuficiente.
¿Qué nuevas competencias debiera incluir el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias?
Pues deberían reconocerse nuestras singularidades. Nuestro Estatuto debería ser reconocido en distintos Convenios y Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, deberíamos tener un estatus internacional que nos permitiera tener un nivel de autogobierno privilegiado, permitiéndose la relación con otros Estados, o tener plenamente reconocidos nuestros espacios marítimos, como si fuésemos un Estado Archipelágico.
A su juicio, ¿qué legitimidad aportaría que el nuevo modelo para Canarias fuera votado?
A priori sería un ejemplo del ejercicio de la soberanía popular, una ocasión para empezar a revertir una realidad política que ha colocado a Canarias en la cola de distintos indicadores sociales y en los puestos destacados de pobreza y exclusión social. Pero insisto, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias debe ir pareja a la reforma de la Ley Electoral canaria y de la propia Constitución española.
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