“Lo que más me costaba era dejar aquella vida, me gustaba esa vida, nos trataban como a estrellas de cine peligrosas, teníamos todo solo con pedirlo”. «Uno de los nuestros», de Martin Scorsese, relata la historia de Henry Hill, un irlandés de origen que hacía negocios de todo tipo con italianos. Ser gangster era su vocación y a ello dedicó su vida, pese a que no podía entrar en la Familia, para lo cual tenía que ser 100% italiano. En ese oficio aprendió la lealtad, la camaradería y a coger lo que necesitaba, sin tener que tener trabajos mal pagados y estar siempre apretado. Pronto, eso sí, comienzan las traiciones, los asesinatos, que llegaban con una sonrisa, y las conjuras. Ni en la mafia hay códigos sagrados y nadie está a salvo de los chivatazos.
Como en el Caso Faycán, cuyo caso se está juzgando desde el pasado 15 de enero, doce años después de que comenzara su instrucción y quince desde que se produjeron, presuntamente los hechos delictivos. La trama tiene todos los elementos de una película de mafiosos, siempre con la presunción de inocencia por delante. Se juzga el cobro de comisiones ilegales a empresas que trabajaban con el Ayuntamiento, hecho reconocido por la mayoría de los empresarios. El dinero servía para financiar ilegalmente al Partido Popular de Telde, además de para enriquecer ilegalmente, a costa del erario público y de sus responsabilidades de poder, a los ahora investigados.
Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2006, durante el mandato del Partido Popular en la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria. Por la imputación, en 2006 dimite Francisco Valido, entonces alcalde la ciudad. Toma el mando municipal Francisco Santana, de su mismo partido. Al principio fueron 53 los imputados, luego se redujo a 37 y el pasado 15 de enero se sentaron en el banquillo 28 investigados. El PP pierde las elecciones, pero el caso sigue sin juzgarse. Estamos en 2007. En 2010 se quita la vida María Antonia Torres, durante la instrucción de la causa. En la trama están imputados su marido y sus dos hijos, y la Fiscalía la considera una de las cabecillas.
El caso sigue sin ser juzgado, y en 2011 vuelve a ganar las elecciones el Partido Popular, con María del Carmen Castellano a la cabeza. Castellano era concejala de Desarrollo Local y presidenta del PP en Telde en el momento que se produjeron las presuntas ilegalidades. La alcaldesa contó con el apoyo de CIUCA (Ciudadanos por el Cambio), partido que también les apoyó en la época de la trama, y de Coalición Canaria, con Pablo Rodríguez a la cabeza. La legislatura 2011-2015, marcada por la crisis y los recortes del mismo partido en el gobierno, terminan de hundir a la ciudad en una deuda inasumible y una parálisis galopante.
En 2015 el PP solo obtiene 4.308 votos y se queda con 3 escaños, quinta formación más votada. Las urnas pasan factura a la desastrosa legislatura. Pero el segundo plano les vino bien a los investigados en el Caso Faycán. Sonsoles Martín toma las riendas de la formación. Martín tampoco parte de cero. Entre 2003 y 2007 fue concejala de Cultura y Educación, además de la presidenta de las Nuevas Generaciones en el municipio. En 2011 ocupó Desarrollo Local y Contratación, concejalía que había ocupado su predecesora y en ese momento alcaldesa, María del Carmen Castellano. «Quien acepte la comisión de un delito, que pague por lo que ha hecho, pero no significa que todos seamos responsables o culpables», se excusa. ¿No les suena el argumento?
Con todo esto, el 15 de enero de 2018, quince años después de los hechos imputados y doce después de que saliera a la luz, comienza el juicio. En el banquillo, 28 imputados de los 53 iniciales. En la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas presidida por el magistrado Salvador Alba, se han celebrado varias sesiones de un proceso que se presumía largo, pero que parece que se va a acortar. En un principio, 20 de los investigados reconocieron su participación en el cobro de comisiones ilegales. Entre ellos, Enrique Orts, marido de María Antonia Torres, una de las cabecillas para la Fiscalía, los hijos de Torres, los concejales Carmelo Oliva (PP), Guadalupe López (PP) y Candelaria Sánchez (CIUCA), asesores como Juan Francisco Gordillo, y empresarios claves de la trama como Felipe Ojeda.
El caso es que para todos ellos se pide menos de dos años de prisión, por lo que evitarían la cárcel. Además, pasarían a ser testigos de una trama en la que todavía están siendo investigados, con lo que su rol en el caso cambiaría sustancialmente. Y sobre todo, ¿cómo se pasa de imputado a testigo sin haber dictado sentencia? Todos evitarían la cárcel y su testimonio sería clave para esclarecer el caso. Pero ahí no se queda la cosa, porque el investigado 21 que ha reconocido los hechos es Esteban Cabrera, técnico del Ayuntamiento de Telde, para quien se pide 13 años de cárcel, la petición más alta, y cuya pena será considerablemente rebajada. ¿Podría evitar Cabrera también la cárcel?
¿En qué posición quedan los siete que defienden su inocencia? Entre ellos están los ex alcaldes, Francisco Valido y Carmen Castellano. Para Valido se piden seis años de cárcel y 22 de inhabilitación. Francisco Valido sigue siendo el secretario político del PP en Telde. Para Castellano la Fiscalía pide cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación. También sigue en activo, todavía es la portavoz de la formación en el Ayuntamiento. Los otros cinco arriesgan penas de más de dos años de prisión. También en las tramas, en las presuntas (aunque 21 personas hayan reconocido el delito) incluso, siempre hay quien es débil y se va de la lengua. ¿Por dónde saldrán los investigados que quedan? ¿Cómo se defenderán? ¿Qué contarán y qué no los nuevos testigos?
¿Y Telde qué dice? Cristina González Oliva en Canarias 7 esboza lo que piensan los teldenses. «Que devuelvan lo robado», es el resumen de lo recogido. En las calles escucho que todos roban, un argumento muy del gusto del PP. En otro sentido, percibo una indignación similar a la que recoge la periodista de Canarias 7. Lo cierto es que la trama corrupta que han reconocido 21 personas ha perjudicado gravemente a Telde, tanto social como económicamente. Para resurgir de las cenizas, hace falta juzgar a los corruptos que así la Justicia determine, hacer borrón y cuenta nueva, y que la sociedad teldense permanezca vigilante para condenar hechos similares. El 5 de febrero se reanuda el juicio. Un capítulo más de esta película de gangsters en la que nadie conoce a nadie.