La industria turística canaria, orientada a un turismo de masas que oferta sol y playa, ha pasado por distintas fases y períodos de altibajos en función de la situación política y económica exterior y, actualmente, compite con numerosos destinos de oferta similar, lo cual nos hace plantear la revalorización de las actividades del sector primario y diversificar la oferta turística de cara a un desarrollo sostenible. El desarrollo turístico acontecido durante las últimas décadas se ha realizado bajo políticas de planificación territorial que, en numerosos casos han obviado el impacto negativo que causa en el contexto ambiental y cultural del territorio donde se desarrolla. De manera que, la evaluación de las relaciones entre el turismo y el paisaje es el primer paso hacia la sostenibilidad turística, y la planificación del turismo debe basarse en la Geografía del Paisaje para aportar alternativas de ordenación tolerables por el medio. En este sentido, podemos decir que la capacidad de carga de un territorio está limitada por las condiciones físicas (entre otros factores) y, por tanto, el crecimiento periódico de la población causado por movimientos masivos de turistas supone un grave problema en la gestión de recursos y residuos.
En cualquier región del mundo, las áreas que más impactos recogen por la actividad turística son las del litoral. Siendo especialmente graves en los ecosistemas playa-duna debido al esencial papel ecológico que cumplen. Estos ecosistemas sirven de barreras que minimizan la acción erosiva de las olas reduciendo su velocidad y amortiguando su fuerza de manera natural. La modificación de este tipo de litoral por grandes infraestructuras y por su edificación, así como por el pisoteo constante de las especies herbáceas, y la modificación de la dinámica eólica pone en peligro la supervivencia de estos sistemas y sus habitantes. Así, segmentación de hábitats y desvinculación de la línea litoral con el resto del territorio, alteración del paisaje, pérdida del patrimonio, consumo intensivo de agua y energía, aumento de residuos y masificación urbanística, entre otros, son el precio que hay que pagar para mantener este “desarrollo”. El crecimiento económico en Canarias, al igual que en otras islas y países como las Baleares, República Dominicana, etcétera, se ha basado en el aumento continuo de la oferta turística para atender a la demanda exterior creciente. Esta oferta ha estado estrechamente vinculada al sector de la construcción y al mercado de suelo, y ha provocado una especialización en actividades de bajo valor añadido. Dentro de los impactos producidos por este modelo de desarrollo, caben destacar la inestabilidad en el pequeño comercio tradicional debido a la escasa competitividad de sus precios frente a la de aquellos productos importados, y la rápida disminución y simplificación de la biodiversidad denotada por la importante tasa de extinción en las especies a causa de la ocupación del suelo (destrucción directa de especies de flora y fauna y destrucción indirecta por degradación y fragmentación de los hábitats).
El verdadero boom turístico comienza en los años sesenta en el sur de Gran Canaria, tras el concurso internacional Maspalomas – Costa canaria, organizada por Alejandro del Castillo (1961), el cual fue ganado por una empresa francesa. Dos años más tarde, la intensa propaganda internacional de la Isla, encabezada por las iniciativas del CIT, genera una afluencia masiva de turistas que ocupan la totalidad de los alojamientos y se acometen obras de nueva construcción para adaptar la Isla a la creciente demanda turística.
El 15 de marzo de 1968 se promulga en Alemania Federal la Ley de Ayuda al Desarrollo a los países en vías de desarrollo (Ley Strauss). Esto facilitó la inversión masiva de capital alemán en las Islas. Con todas las inversiones extranjeras y con la colaboración de la burguesía rural y terratenientes locales se produce en Canarias un proceso de neocolonización (Elsa Rodríguez Aguilar, 2007) en el que se transforma bruscamente la economía local bajo el control de los tour-operadores internacionales, lo cual supone una dependencia de la economía canaria a esta actividad peligrosamente elevada.
En Tenerife, al igual que en otras islas, el asentamiento de hoteles y campos de golf al borde del mar supuso la privatización de playas como ocurrió con Playa Paraíso, en Adeje (2003). Por otro lado, la falta de estaciones desaladoras de aguas marinas de la misma propiedad privada supuso el suministro de aguas para riego de césped por parte de la empresa pública BALTEN, dejando a los agricultores sin recursos (Greenpeace, 2004: 64). Por su parte, el puerto industrial de Granadilla, declarado Puerto de Interés General en 1992, cuenta con informes económicos y ambientales que demuestran los daños irreversibles que causa al medio y su inviabilidad económica (al igual que con el puerto de Arinaga, Agüimes, Gran Canaria), motivo por el que se manifestaron grandes oleadas de descontento social hasta el año 2010 (Gómez Betancor Nuez, 2011).
En Fuerteventura, también son muchos son los casos de urbanizaciones ilegales con interés turístico. Uno de los casos más destacables es el Plan Parcial Costa del Faro, el cual se sitúa en la costa NO del municipio de La Oliva con una superficie de 1.478.500m2, ubicado entre una Zona A (áreas de mayor valor natural) y Zona B (zonas con valor natural dominante), de acuerdo con la zonificación del PORN de 2001. Oliva Oceánidas, constituida por la entidad catalana Somiplaya, fue la promotora encargada de este proyecto en el año 2000. Un proyecto que pretendía seguir el modelo de desarrollo turístico de Salou (costa catalana). Finalmente este plan se declara incompatible con el medio natural y se paran las obras, dejando un impacto irreversible que quedará en la memoria de los habitantes de la localidad.
Imagen 1: se puede apreciar la carretera con la que se iba a dotar a la urbanización en plena duna
Otro caso de interés por su carácter ilegal, debido al número de terceros que se vieron afectados y por su actual explotación turística y residencial, es el Plan Parcial Casas de Majanicho, con una superficie de 614.657 m2 para uso residencial, 262.850 m2 para uso turístico, 60.120 m2 para viario y 44.500 m2 para equipamientos, dentro de zonas consideradas por el mismo PIOF (Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura), de alta y muy alta calidad paisajística, además de su importancia para la flora y fauna, especialmente en lo que a las aves respecta (ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves). Inicialmente, el proyecto fue llevado a cabo por Nombredo S.L con la aprobación del Ayuntamiento de La Oliva en el año 2000. Dos años más tarde se declara ilegal por no adaptarse a la Ley 9/1999 de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias e incumplir con las condiciones del Decreto 4/2001. Sin embargo, “la falta de publicación de las Normas Subsidiarias de La Oliva (planeamiento sin adaptar) lo hace ineficaz y por tanto, sus instrumentos de desarrollo (planes parciales, etc.) devienen nulos de pleno derecho” (Ángela María Castellano Santana, 2016). A día de hoy el establecimiento hotelero es explotado por Prieere & Vacances Center Parcs., a pesar de haberse declarado ilegal como hemos dicho.
Imagen 2: urbanización declarada ilegal en Majanicho, junto a otro sistema dunar.
Muchos promotores turísticos ven en Canarias un aumento de sus ingresos por su realidad geográfica, especialmente, por su clima. Ello implica el aumento de la oferta turística y se plantean infinidad de obras, algunas de ellas irrespetuosas con el medio y de carácter ilegal. Así pues, el territorio canario se ve marcado por numerosas consecuencias ambientales debido al desarrollo urbano-turístico, entre las que destacan: la ocupación del suelo agrícola y edificación de mega estructuras en áreas frágiles que causan impacto directo sobre el medio donde se implantan; tratamiento inadecuado de escombros y agotamiento de los recursos geológicos usados como materiales de construcción; incremento del consumo de energía (procedente de fuentes no renovables importadas); producción creciente de residuos sólidos urbanos y problemas para su gestión; alteración sustancial de la dinámica natural de playas y de sistemas playa-duna; incremento de la producción de aguas residuales, deficiencias en su gestión y problemas asociados a la contaminación del agua del mar por vertidos; introducción de especies alóctonas (especies foráneas con posible carácter invasivo), especialmente para la jardinería; daños derivados de la limpieza de playas con maquinaria pesada; etc. Y a todo ello debemos de añadir la pérdida de identidad cultural y la inadecuada “venta de Canarias” bajo imágenes y etiquetas que no se corresponden con la realidad geográfica de las Islas ni con el carácter tradicional de sus gentes.
Referencias bibliográficas
- Greenpeace: https://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/GP_DTC-burbuja-inmobiliaria.pdf.
- Greenpeace: https://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/islas-canarias-destrucci-n-a.pdf
- Gómez Betancor Nuez (2011) “Conflictividad medio ambiental y grandes movilizaciones: el activismo contra el puerto de granadilla”. Revista de Ciencias Sociales
- Elsa Rodríguez Aguilar (2007) “El turismo de masas en Canarias”. Historia de Canarias. © Fundación Canaria 2021
- Memoria Digital de Canarias: https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/2325
- Entrevista a Ángela Castellano (2016) unidad de Política territorial.
