Publicado originalmente el 19 de junio de 2015
Que la Ley Electoral Canaria es tremendamente injusta se le escapa a pocos. Hablamos de un problema enquistado en la agenda política canaria, que se convierte en recurrente cada cuatro años. Añadimos que todos, o la mayoría de representantes de los partidos, coinciden en su injusticia pero no dan el paso para cambiarla. Otros ahora están en contra, pero fueron favorecidos por ella en tiempos pretéritos. Uno de los rasgos esenciales para pronunciarte de manera clara en contra, es estar en la oposición. En el juego de la silla de la democracia canaria cada cuatro años un novio acompaña a Coalición Canaria. Unas veces el PP y otras el PSOE se olvidan de reformarla. El presidente saliente, Paulino Rivero, se acordó de cambiar la Ley Electoral Canaria al final de su segunda legislatura, porque no tuvo tiempo en los ocho años de ejercicio.
Con este panorama el cambio es imperativo. Pero el mismo no debe estar teledirigido desde el poder, sino debe ser fruto y expresión de un amplio debate en el seno de la sociedad canaria, que supere el marco de los partidos políticos. Uno de los debates más recurrentes en este frenético casi mes postelectoral es el de la proporcionalidad. Es evidente que la Nueva Ley Electoral Canaria tiene como reto reflejar mejor la estructura poblacional canaria repartida en los ocho territorios, atendiendo a criterios de proporcionalidad, pero velando porque todos los territorios estén suficientemente representados. Dicha representación se establecería mediante datos demográficos actualizados. Todo ello además, sin los topes electorales actuales, lo que promovería mayor diversidad de formaciones políticas.
Una forma de romper con ciertos insularismos sería la inclusión de una Lista Nacional Canaria. De esta lista de candidatos saldría el presidente de todos los canarios y se podría votar en todas las islas. Esta medida favorecería un discurso propiamente canario y que llegara a todo el Archipiélago. Junto a la lista pancanaria se debe eliminar la triple paridad, erradicando el elemento provincial de nuestra jurisdicción. El equilibrio lo marcará el criterio poblacional. Todo ello reconociendo y reparando el endocolonialismo que han sufrido las islas no capitalinas, cuya problemática no justifica una desproporción en la representación que es profundamente antidemocrática. El camino, tomando algunas de las ideas de Manuel Velázquez Cabrera recogidas por José A. Alemán en «Entender Canarias», puede ser que cada Cabildo decida sin injerencias ni presiones externas qué competencias quiere, puede y considera que le conveniente gestionar, y que delegue en el Gobierno de Canarias el resto de competencias. Compatible con esta disposición, sería necesario asegurar un número mínimo de diputados por isla.
Para una Nueva Ley Electoral Canaria plenamente justa también habría que revisar si conviene o no la Ley D’Hont y su sistema de proporcionalidad, sobre todo en los territorios más pequeños. El debate sobre la Ley Electoral Canaria no debe limitarse a un mero intercambio de propuestas puntuales, sino a un proceso democrático que camine en pro de construir una Nueva Ley Electoral Canaria realmente representativa. La reforma de la Ley Electoral debe abrir, asimismo, una nueva era en la política canaria donde el pueblo sea realmente el protagonista de todos y cada uno de los procesos de cambio. Para empezar, hoy tenemos manifestaciones para sustituir la Ley Electoral Canaria en Tenerife y Gran Canaria. Que esta vez no se quede en intenciones y se convierta en realidad.
