Durante este mes de diciembre, Este Canal (el consorcio de televisiones locales del Sureste de Gran Canaria) viene grabando un documental sobre la mujer rural y su transcendencia en nuestra historia reciente.
La iniciativa no es solo encomiable en tanto que ayuda a conocer el trabajo de las miles de mujeres que, con la casa a cuestas, con animales, familia y con casi nada que echarse a la boca, emigraron desde el interior de la isla a este Sureste ya colonizado por el tomate. También lo es, decíamos, para que estas mujeres se vean reflejadas y reconocidas, en un ejercicio de autoestima y de necesario reconocimiento al ingente trabajo de fanegas, de empaquetadoras, de aparcerías, de sudor y de miserias.
Muchas de las protagonistas de este proceso histórico que llenó de vidas el Sureste de Gran Canaria durante la década de los 50 y 60 del siglo pasado, tienen algo en común; y es que muchas de ellas son objeto de una Pensión No Contributiva. Así es que, de los casi 44.000 pensionistas no contributivos con los que cuenta el Archipiélago, entorno al 70%, son mujeres.
Canarias, a su vez, es la Comunidad Autónoma del Estado con mayor porcentaje de pensionistas no contributivos. Hablamos de pensiones que no llegan a los 370 euros, en 14 pagas. Una cantidad tan indignante como insuficiente. Así, todos y cada uno de estos pensionistas forman parte de ese 44,6% de canarios que, según el Informe de la Red Europea Contra la Pobreza, se encuentran en riesgo de exclusión o pobreza. Con un agravante determinante, en el caso de los pensionistas no contributivos, y es que estos lo son -pensionistas- en tanto que sufren de un hecho cierto que debe ser objeto de protección, y que en gran medida les imposibilita el trabajo, como son la jubilación -razón de edad- o la incapacidad -razón de minusvalía-.
En estas semanas, por un lado, se debaten y previsiblemente se aprueben -con los votos del partido de gobierno (CC) y con el apoyo de los partidos que sustentan al mismo (PP-ASG), los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Mientras, por su parte, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, se registran y se debaten las enmiendas que darán cuerpo a la parte económica del REF.
Son estas dos oportunidades únicas para tratar de lleno la insuficiencia de recursos que afecta de manera cierta e indiscutible a estos 44.000 canarios y canarias -fundamentalmente canarias-. Primero, desde aquí, el Gobierno de Canarias y los partidos que lo sustentan, deben y pueden complementar, como ya hacen otras Comunidades, estas pensiones no contributivas, y lo puede hacer en el ámbito de sus competencias, hasta el máximo legal permitido, entorno al 25% de la pensión, lo que en cómputo mensual supondría un aumento de 107,59 euros, estableciéndose así la pensión no contributiva máxima en la cantidad de 476,49 euros, una cantidad, por otra parte, manifiestamente insuficiente. Además, desde Madrid, los partidos que debaten las enmiendas a la parte Económica del REF, deben tratar los gravísimos problemas de desigualdad y pobreza que afectan a esta tierra. El REF, además de fiscal y económico, debe ser también social, y es necesario que en él se incluyan derechos y partidas que permitan financiar este complemento autonómico, sin perjuicio de otras estrategias que permitan alcanzar una suerte de Renta Básica Canaria.
Para acabar con la pobreza y la desigualdad en Canarias, empecemos por tratar con justicia y dignidad a nuestros pensionistas. Para comenzar a atajar la pobreza y la desigualdad en Canarias, empecemos por las Pensiones No Contributivas.
