El Gobierno acaba de presentar un anteproyecto de Ley de protección y tenencia de animales de compañía con el que abre la puerta a limitar el número de animales que se pueden tener (y pienso aquí especialmente en el caso de los cazadores), a prohibir los circos con animales o a prohibir las peleas de gallos. Dicho así, es a priori el primero de los supuestos el que llama especialmente la atención por sorprendente, audaz incluso. Quizá regular cuántos gatos puede tener uno en su casa mueva a choteo a ciertos liberales, tan críticos siempre con el intervencionismo público, pero la risa se nos pasa rápido cuando nos acordamos de esos perros de caza abandonados (o cosas peores) en el campo, por poner un ejemplo. Pues nada de eso. Resulta que la información periodística sobre esta iniciativa legislativa no gira en torno a las posibilidades que abre, sino que se centra en la posible prohibición de un fenómeno socialmente marginal, casi puede decirse que anecdótico: las peleas de gallos.
Vaya por delante que aplaudo la iniciativa del ejecutivo de avanzar en la protección del bienestar animal. Este anteproyecto, además, vendría a sustituir a la actual ley, que data de 1991 y que ya fue muy avanzada en su día, de hecho colocó a Canarias a la cabeza del Estado en la prohibición de espectáculos cruentos con animales, como las peleas de perros o los toros. La seguiría Cataluña, nada menos que diez años después, y con una contestación mucho mayor. De aquel carácter pionero y avanzado de la ley canaria 8/1991 poco hemos oído, sin embargo. Que una comunidad autónoma prohibiera entre otras barbaridades nada menos que la llamada “fiesta nacional” (!?) hace la friolera de 26 años no mereció mayor alabanza ni comentario. Lo que sí hubo fue críticas continuadas a un lunar que, es cierto, presentaba la ley, ya que entre los espectáculos cruentos con animales que proscribía no incluyó las riñas de gallos.
Que la crítica es sana y necesaria no vamos a descubrirlo a estas alturas. Sin ella no se avanza. Pero una cosa es la crítica constructiva con la que una sociedad se cuestiona y supera a sí misma, y otra muy distinta es negarle el pan y la sal a los éxitos que se cosechan, que también los tenemos en Canarias. Es lo que ha pasado con la crítica extrañamente selectiva a la ley 8/1991 y sobre todo con las referencias harto frecuentes a las marginales peleas de gallos, como queriendo decir: “oigan, no saquen pecho tampoco que mucho prohibir los toros, pero los gallos siguen”. Como si no fueran fenómenos de magnitudes total y absolutamente opuestas.
Rechazo las peleas de gallos por cruentas y crueles. No creo que hoy las justifique ni sostenga ya ninguna tradición. Pero son espectáculos que tienen prohibida por ley la publicidad, al contrario que los toros, que no sólo gozan de publicidad sino que tienen espacios dedicados en la prensa, la radio y la televisión. Los menores de 16 años tienen vetado el acceso a los gallos, que además tampoco pueden recibir financiación pública, no como la tauromaquia, que ha gozado y goza de no pocas subvenciones. Así, la cría del toro de lidia mueve cantidades ingentes de dinero público, igual que la difusión de los espectáculos taurinos, algo impensable en las peleas de gallos. La maquinaria propagandística oficial no para de vendernos la supuesta trascendencia cultural de la repugnante “fiesta”, pero las riñas de gallos no pueden ni anunciarse, tienen lugar alejadas de focos y miradas. Es esta una supuesta tradición sin presencia ni consecuencia en la Canarias de hoy.
No vale, por tanto, equiparar implícitamente toros y gallos como se viene haciendo en cantidad de artículos de prensa hace años. Tampoco vale la coletilla de que los toros se prohibieron por su escasa tradición en las Islas y por el coste de las corridas; ya vemos cómo se las gasta España con lo que considera sus símbolos. Por no decir que las peleas de perros, esas sí con más arraigo, se prohibieron igualmente.
Ahora con el nuevo anteproyecto de ley se allana el camino para endurecer el control sobre los animales de compañía y los perros de caza. Sólo en la isla de Gran Canaria se abandona en torno a 10000 animales al año, lo que da una idea de la magnitud del problema al que apunta este anteproyecto. Canarias vuelve así a colocarse en el plano legislativo en el grupo de cabeza en cuanto a protección del bienestar animal. Pero no se habla sino de si se van a prohibir las peleas de gallos, como si esa práctica marginal y en franco retroceso convirtiera a Canarias en una meca de la crueldad animal y la hipocresía. Parece que esta vez por fin sí se prohibirán. ¿Proliferarán los reconocimientos a lo avanzado de la legislación canaria? ¿Se publicarán titulares del tipo “Canarias, a la cabeza en protección animal”? Veremos.
