Come gather around people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimming
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changing
(Bob Dylan, The Times They Are A-Changing)
La frustrada y frustrante Transición española condenó a Canarias a una autonomía limitada, mientras otros, apoyándose en la cuestionable categoría de “históricos”, y sobre todo en una formidable movilización popular, obtuvieron niveles competenciales muy superiores. ¿Quién sino Canarias, un archipiélago a casi dos mil kilómetros de su metrópoli, en otro continente, con condicionantes estructurales en cuanto a la economía, población, sociedad, articulación político-administrativa interna, acervo económico-fiscal diferenciado, etc. merecía antes que nadie no quedar de convidado de piedra en el “café para todos”? Sin embargo, el escaso peso del canarismo político, la incomprensión y cerrazón de los partidos sucursalistas (alineados con el centralismo por miedo al cubillismo), la debilidad de la experiencia democrática y muchos otros factores hicieron que la oportunidad de un autogobierno en sentido fuerte pasara de largo. Y sin referéndum, por cierto. Nuestro actual y moribundo Estatuto de Autonomía no pasa así de Carta Otorgada a las élites insulares en su negociación a la baja del Pacto Colonial con Madrid. No pueden convencernos de que es la voluntad del pueblo canario democráticamente expresada en las urnas. Por si esto fuera poco, uno no puede dejar de notar que la democracia canaria es de calidad ínfima si además considera nuestra Ley Electoral.
Casi cuarenta años después, la sociedad canaria ha cambiado enormemente. Gobierna desde hace más de veinte años -apoyada en esa misma ignominiosa Ley Electoral- una fuerza autodenominada nacionalista, aunque su nacionalismo sea como mínimo cuestionable. Un titubeante autogobierno se ha abierto paso lentamente a base de la batalla constante -a veces, puro limosneo- con el Gobierno de España. El grave error de haber accedido por la vía lenta (art.143) ha supuesto que, en vez de contar con un estatus plenamente diferenciado, que, entre otras cosas, diera estabilidad a nuestras relaciones con la metrópoli, nos viéramos abocados a la eterna negociación, al regateo interminable para intentar arrancar lo que por derecho nos pertenecía, algo que sólo en contadas ocasiones se ha conseguido. Y para muestra, la incapacidad de lograr que la media de inversión estatal per cápita en Canarias no sea nunca inferior a la inversión estatal per cápita en el resto del Estado. Todos los gobiernos españoles, de cualquier signo, han incumplido el REF en este aspecto. No han podido ni querido negar lo obvio: el Estado español invierte sistemáticamente más en la metrópoli que en Canarias, porque lo suyo es suyo y para nosotros quedan las sobras. Es para ellos la cruda diferencia entre «nosotros» y «los otros». Si en algún momento se muestran especialmente “generosos”, tiene más que ver con la necesidad del voto de los partidos nacionalistas canarios, dada por ejemplo la carambola aritmética de la presente legislatura, antes que con una voluntad de tratar justamente a este archipiélago africano frente a cualquier territorio de su querida “piel de toro”.
El Procès catalán ha abierto una nueva ventana de oportunidad. Se abre paso una certeza hasta ahora desconocida: no reformar la Constitución genera más problemas que mantenerla en la UVI. Casi el 65% de los ciudadanos del Estado español no votaron en su momento la Constitución del 78. El desapego, la desafección crecen imparablemente. El Estatuto, nadie lo votó, exceptuando a Sus Señorías en el Parlamento español. Tarde o temprano, como la estaca, caerán tanto una como otro. Puede que otros regímenes constitucionales soporten mejor el paso del tiempo -el estadounidense, por ejemplo- pero el español y el subsistema canario ya hacen aguas por todos lados. Es el momento en Canarias de poner sobre la mesa proyectos realistas de avance, que redefinan las relaciones con la metrópoli y que nos permitan desarrollarnos como la sociedad madura que ya somos. El independentismo africanista no juega hoy un papel político como el que pudo jugar en su momento de coartada para el cierre centralista. Lleva años abriéndose una nueva conciencia sobre la africanidad de Canarias, no exclusivista, que quiere ser solidaria y activa en la reformulación del papel de las islas con respecto a nuestro continente, sin que ello suponga la ruptura con nuestro actual modelo de relaciones con la Unión Europea sino, antes bien, una superación y mejora del mismo. Es de sentido común el que aspirar a una relación normalizada con nuestros países vecinos no debe implicar necesariamente el abandono de cinco siglos de europeidad sino su reelaboración en términos más justos.
La experiencia democrática es ahora, como no podía ser de otra manera, mucho mayor y el autogobierno es bien valorado, hasta el punto de que los canarios favorables al incremento del autogobierno superan en seis puntos la media estatal. Parece lógico en un archipiélago que no debe entrar en el siglo XXI siendo teledirigido, desde el heterogobierno. Conflictos como el de las prospecciones petrolíferas dejaron bien clara la voluntad mayoritaria de la sociedad isleña de que lo que suceda en nuestras islas y en nuestras aguas -sí, nuestras- sea democráticamente decidido por nuestras instituciones, tal vez vía referéndum y no impuesto sistemáticamente desde el Gobierno español, en aquel caso en alianza con una multinacional. Si bien todo es mejorable, la sociedad canaria atesora ya experiencias propias de todo tipo desde las que afrontar el debate inacabado e inacabable de su identidad y su proyecto de futuro, postergado en el 82 y que ahora, exhausto, debe ser revitalizado y puesto en hora. No somos ya aquel pueblo ingenuo y mayoritariamente analfabeto al que cortaron las alas en el 36 o al que usurparon su voz en la Transición. Es hora de tomar la palabra, que será canaria, atlántica y universal.
Así las cosas, debemos – es un trabajo colectivo, en plural- encontrar la fórmula que permita plasmar realidad y aspiraciones de la mejor manera, concitando los mayores apoyos posibles, sin que suponga una fractura social al estilo de las que ya vemos en otros países. Debe ser una fórmula que posibilite el avance real en el autogobierno, estableciendo una división clara de tareas y competencias entre Canarias y España y que suponga, acompañada de otras medidas, una mejora democrática, de tal forma que sea aceptada porque representa un logro con respecto a la situación actual y no en función de batallas partisanas de unos y otros. Debemos también compartir un elemento de análisis previo que no siempre se ha compartido suficientemente, ni siquiera entre los nacionalistas: las situaciones diferentes no deben ser tratadas de modo igual so pena de fundar nuevas injusticias. Esto descarta cualquier federalismo simétrico en el que Canarias sea tratada como La Rioja o Murcia, cualquier actualización del “café para todos”. España puede organizarse como democráticamente considere pero Canarias, de cara a España, tiene que defender una vía propia, excepcional, como corresponde a un territorio archipielágico, situado en otro continente, amén de todo su restante catálogo de singularidades. Hay que ser muy conscientes de que no se trata exclusivamente de cambiar el nombre de la cosa sino la cosa en sí. Contando con todos pero sin vuelta atrás.
Debe, además, ser una fórmula que sea compatible con los diferentes sentimientos de pertenencia existentes en la actualidad, todos legítimos: según el CIS en 2015, “sólo canarios” , un 14% (sólo por detrás de vascos-navarros y catalanes en sentimiento exclusivo propio) ; “más canario que español”, un 20%; “igual de canario que de español”, un 51% y “sólo español”, un 12%. Objetiva y subjetivamente, creo que se pueden hallar fórmulas en las que todos los habitantes de las Islas Canarias se encuentren cómodos y reconocidos en sus legítimos sentimientos identitarios y preferencias ideológicas, sin que ello suponga retroceso alguno en nuestro autogobierno sino al contrario. Pienso que una persona de Villanueva de la Serena, Baku o San Juan de Tucupita, que haya decidido establecerse en las islas de manera permanente, está también interesada en que las Islas Canarias no sean una colonia de segunda categoría sino un territorio autogobernado, plenamente reconocido y con un marco político-jurídico estable y satisfactorio en una democracia de alta calidad. A este loable objetivo ayudarían, en mi opinión, el establecimiento de un concierto económico con el Estado español -puesto que se ha demostrado en el caso vasco su eficiencia para la mejora de todos los indicadores económicos y sociales del país- y, por supuesto, el que dicha fórmula política fuera refrendada en las urnas por el pueblo canario, lo cual la situaría en un escalón superior de calidad democrática frente al Estatuto de 1982. No quiero dejar atrás como factores a discutir el reconocimiento de nuestras aguas archipielágicas, la posibilidad de convertir al archipiélago en Zona Neutral Permanente o la capacidad de firmar tratados internacionales con nuestros países vecinos o los países de histórica relación con Canarias. Inaplazable, una Ley Electoral justa y representativa de la población y los territorios, algo que debe quedar resuelto en esta legislatura.
En mi modesta opinión, la fórmula de la Plena Autonomía Interna es la que más y mejor nos acercaría a este horizonte que he bosquejado brevemente con anterioridad. Seguramente habrá otras posibles y está bien que se conozcan y sean discutidas. Por lo que a uno respecta, dedicaré los próximos artículos a profundizar en este asunto, con la esperanza de que seamos capaces de salir colectivamente de la actual indefinición, discutiendo en torno a modelos y medidas concretas, para modestamente contribuir al final de la misma.