Fue uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, quien afirmó que “quien sacrifica la libertad en nombre de la seguridad, no merece la libertad ni la seguridad”. Es un debate muy actual, que nos remite a la actual situación de violencia contra las poblaciones civiles y las respuestas de los estados agredidos, que en ocasiones ya han sido agresores o amenazan con serlo como vendetta. Mucho de sacrificio de la libertad hubo el pasado sábado en el Parque Santa Catalina. Ni siquiera por la seguridad, sino por la propaganda militar, porque el Ejército presumiera, sin intromisiones ni protestas, del arsenal que usan para la guerra. En el capitalino parque se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas. Un grupo de antimilitaristas, en el ejercicio de su libertad, realizaron una acción pacifista. Los periodistas allí presentes querían informar, como así les asiste su derecho, pero la Policía Nacional identificó a los activistas y a uno de los informadores.
Pero les pongo en antecedentes. Los festejos por este día comenzaron el pasado viernes. Varios cazas sobrevolaron la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con ruidos molestos para la población, que incluso llegó a temer que algo malo estaba pasando. La Policía Local de Las Palmas se limitó a pedir calma en Twitter. Algunos medios han hecho apología del militarismo. Entre varios, resalto el caso de Canarias en Hora que publica un vídeo de un avión militar F-18 sobrevolando la ciudad. Señalan que dichas maniobras “han permitido disfrutar de unas espectaculares imágenes de Las Palmas de Gran Canaria” y “el resultado ha sido fascinante”. Del texto está excluida toda crítica y ni rastro de las quejas de las personas que se asustaron en toda la ciudad por el estruendo. Unas molestias que no son la primera vez que se dan, pero que salen gratis, en cuanto a consecuencias, a los profesionales de la guerra.
El sábado era el día en que Santa Catalina se convertía en escenario militar. Cuenta La Provincia que Marta, de cinco años, cambió su muñeca por un fusil. “Entró en la galería de tiro y allí acabó con ‘los malos’, mientras su padre, Fernando Rodríguez, la grababa con el móvil”, continúa el texto. Francisco Torres, de 9 años, indica que le gustan las armas, no obstante su padre es militar. Un ejercicio, como vemos, muy poco educativo, que inculca valores violentos y no de entendimiento. En medio de la cuasi fiesta privada de los militares y sus familias, un grupo de pacifistas se manifiesta contra semejante despliegue. Emulando estar ensangrentados, denuncian que “la guerra empieza aquí”. Algunos medios de comunicación cubren la concentración. Los policías presentes identifican a los activistas y a uno de los periodistas en concreto, justamente el que estaba haciendo de enlace.
Retenidos, no se permite que sean entrevistados. El periodista también está siendo identificado. Todo por una protesta pacífica. Testimonios de personas presentes aseguran que había agentes secretos en el Parque tomando fotos de los manifestantes. ¿Qué sentido tiene la presencia de secretas en una democracia ante manifestantes pacíficos? En ningún momento se puso en peligro la seguridad de los presentes, en ningún caso los activistas usaron la violencia, al revés, se quejaban de ella, no suponían una alarma social. ¿Qué destino tienen las fotos que hacen directamente a la cara a las personas que protestan? ¿Se están elaborando fichas policiales con los rostros de los manifestantes, como en una dictadura? El artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece multas por tomar imágenes a los policías si «ponen en peligro la seguridad personal o familiar del mismo». Empero, indica eldiario.es en un artículo explicativo que “las precauciones con los ciudadanos es menor. Los agentes sí podrán grabar a las personas ‘de acuerdo con la legislación vigente en la materia’”. Una medida que descompensa adrede los derechos de los ciudadanos en comparación con los de los agentes, cuyas posibles extralimitaciones no podrán ser filmadas y a su vez deja vía libre a la grabación indiscriminada de los ciudadanos.
En cualquier caso, este tipo de acciones demuestran las tácticas intimidatorias de las fuerzas policiales, así como el amplio marco que permite la antidemocrática Ley de Seguridad Ciudadana, una norma que ataca directamente a los Derechos Humanos, como así ha denunciado Amnistía Internacional. A su vez, atacando el ejercicio libre a la información, un derecho ciudadano que no puede ser coartado y que ha denunciado el propio sindicato profesional de periodistas de Canarias, UPCC. Por cierto, dicho comunicado fue enviado a todos los medios canarios y solo honrosas excepciones se hicieron eco, pero el espacio fue significativamente mayor para la exhibición militar en comparación con la denuncia de recortes en libertad de información del sindicato. Se ponen cortapisas al derecho a la información y la noticia es la fiesta donde se da tal atropello. Silencios interesados aparte, estar en una protesta y tomar imágenes, no puede ser, en ningún caso, un motivo para identificar a un informador. Reclamar la libertad de información no puede estar sometido a ambages de ningún tipo. Escribió Eduardo Galeano que “en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira”. Y la mentira cotidiana y, añado, la propaganda, no pueden camuflar las libertades.