En Canarias, si te condenan y entras en prisión, te quedas en alguno de los centros penitenciarios que hay en las islas. Si una vez dentro, tu corazón enferma y precisas de una intervención quirúrgica, te trasladarán a un Hospital público, donde serás intervenido y, una vez fuera de peligro, te darán el alta, y volverás a la prisión.
Por el contrario, si te absuelven porque tu mente está enferma, y no eres responsable del acto cometido, no habrá sitio adecuado en Canarias para ti, y no podrás cumplir la medida de seguridad que conlleve dicho acto. Entrarás en prisión y serás tratado como un condenado, a pesar de haber sido absuelto. Cuando quede alguna cama libre, te enviarán a uno de los dos centros psiquiátricos penitenciarios que existen en el estado español (Alicante o Sevilla), muy lejos de tu entorno familiar que, para verte unas horas, deberá desplazarse en barco o en avión, asumiendo un elevado coste para ello.
Decía Leopoldo Panero que la historia de la locura es la historia de un puteo social enmascarado en la que los locos son los chivos expiatorios. Y así parece si hacemos caso de la situación que viven los enfermos mentales privados de libertad en Canarias. Es inexplicable la absoluta desidia de la administración autonómica que sigue sin recoger el testigo de las transferencias en materia de sanidad penitenciaria que establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que en su Disposición Adicional Sexta establecía un plazo de 18 meses para hacerlo, y ese plazo venció en 2004.
Es evidente que este retraso no afecta solo a los enfermos mentales penitenciarios sino a la totalidad de enfermos internados en las cárceles canarias, pero en el caso de los psicóticos, el infierno es peor.
Como ejemplo antagónico, el gobierno vasco inauguró en diciembre de 2012 la Unidad de Psiquiatría Legal de «Aita Menni» (Mondragón), cuya finalidad es atender a personas con enfermedad mental grave y que por ordenamiento judicial han de ser atendidas en una unidad psiquiátrica de alta seguridad, sin tener que alejarlos a miles de kilómetros de su lugar de procedencia.
Va siendo hora de que el Gobierno asuma las transferencias en materia de sanidad penitenciaria, no solo por el retraso de trece años acumulado, sino porque las personas afectadas -especialmente los enfermos mentales que deben permanecer encerrados y alejados de sus familias- merecen ser tratadas con dignidad, y no como la escoria social de la que ningún responsable público parece querer ocuparse.
