Consume, consume, consume. Sal de la autopista en el enlace 26 y vete al centro comercial. Compra, compra, compra. Un coche, un viaje, un mueble para tu jardín, aunque no tengas jardín, que siempre habrá un sitio donde ponerlo. Gasta, gasta, gasta. Sé feliz, deja que te adivine el futuro, cómprate una casa. En elecciones, vota, vota, vota. Enormes letreros te guían por el camino de tu bienestar. Miles de mensajes estimulantes, miles de sueños consumistas colonizan nuestro territorio. Las vallas publicitarias, escaparate de la material felicidad, tienen patente de corso en las Islas y se fijan donde mejor convenga al anunciante, al gran empresario o al partido con dinero. En terrenos de dominio público, en zonas rústicas, en fachadas de viviendas… en cualquier lugar que sea bien visible desde las arterias viales que recorren nuestras Islas. Larga ha sido la lucha de los colectivos ecologistas y legislación no falta, pero de voluntad política andamos más bien muy escasos. Las vallas publicitarias, en su inmensa mayoría, son ilegales. No cuentan con permisos ni licencias, se sitúan en los márgenes de las carreteras y autopistas (en terrenos de propiedad pública o de protección de infraestructuras), violan la normativa de carreteras y, a pesar de todo esto, ahí siguen, sin que las instituciones sean capaces de hacer cumplir las normas que ellas mismas dictan. ¿Por qué?
A pesar de los aparentes esfuerzos de algunos cabildos y ayuntamientos, la retirada de vallas publicitarias ilegales en Canarias parece convertirse en algo realmente imposible. En primer lugar porque se hace la vista gorda con la instalación de las mismas, permitiendo que se ubiquen en cualquier lugar; en segundo lugar porque, a pesar de ser ilegales y estar instaladas, muchas de ellas, en zonas de dominio público, se les permite la posibilidad de recurso ante una orden de desmantelamiento y pueden, además, acudir a la vía contencioso administrativa, con lo que el proceso para retirarla puede llevar años, beneficiándose de los ingresos que le reportan, por una actividad ilegal, durante esos años y exponiéndose a sanciones irrisorias para esas empresas; en tercer lugar, porque a la mayoría de ellas no se las investiga ni se les ordena su desmantelamiento y, en cuarto lugar, porque las empresas publicitarias tienen conexión directa con los grandes partidos políticos, que utilizan sus servicios en campañas electorales, anunciando sus “productos” en esas vallas ilegales. Los mismos políticos que después acceden a las instituciones y que, teóricamente, tienen la responsabilidad de retirarlas.
Las vallas publicitarias son el escaparate del modelo económico que se ha implantado en esta tierra. Inducen al consumo perverso y desmedido, pueden infringir las leyes –sin mayores consecuencias para las empresas propietarias o anunciadoras-, producen una evidente contaminación visual –yo diría que psicológica, también-, son un atentado contra nuestro paisaje y nuestro medio natural y suponen un peligro para las personas, por distracción en la conducción o caídas en caso de vientos o tormentas. No las necesitamos para vivir y, mucho menos, para consumir con responsabilidad. Afean nuestro paisaje y agreden, visualmente, a nuestros visitantes y a las que aquí vivimos. Hay razones para reclamar una Canarias libre de vallas publicitarias.
José Manuel Hernández (Creando Canarias).
