Así, en las últimas elecciones al Parlamento del Estado español (Junio de 2016), la oferta de los partidos políticos que participaban no logró convencer a 10.394.047 votantes, (el 30,16% del censo electoral), es decir, que de 36,5 millones de posibles votantes, sólo votaron 24,16 millones (emitieron voto un 69,67% del total posible).
Esta proporción es similar a la registrada en diciembre de 2015, donde hubo un 69,67% de votantes efectivos y un 30,33 % de abstención. A esto debemos sumar un 0,93 % de votos nulos en junio de 2016 (0,89 % en diciembre de 2015), y un 0,75 % de votos blancos en ambas ocasiones.
Independientemente de lo partidario o no que pueda ser uno del sistema democrático vigente o de la estructura territorial del Estado en la que le ha tocado vivir, lo cierto es que resulta inaudito que a una gran parte de la población, es decir, casi 10,4 millones de personas, le resulte indiferente quién gobierne, en vista de los acontecimientos vividos y sufridos durante los últimos 8 años.
Tal vez por una propaganda mediática que intenta predisponer a determinadas posturas a parte de la población, o incluso a extender ideas generalizadas derrotistas, con un mensaje subliminal de que “pase lo que pase se mantendrá la corrupción y la aplicación de medidas de recortes sociales”, o que “todos los partidos son iguales”, el caso es que la abstención se mantiene como la postura política más elegida por la población con derecho a voto.
O tal vez sea por las aberrantes cifras de educación del Estado español, donde según la OCDE, en 2014 1 de cada 4 jóvenes comprendidos entre los 15 y los 29 años, ni estudiaba ni trabajaba (un 25,8% frente a una media del 14,9% en la UE),o donde el 45% de los adultos entre 25 y 64 años no había acabado ni el Bachillerato ni su equivalente en FP.
El caso es que una extraña pasividad se ha implantado en gran parte de la población, y que por tanto, es ella en gran medida la responsable de que no pueda expulsarse del poder a los partidos más corruptos y responsables de las políticas antisociales.
Ajenos a la lectura o interpretación de cualquier programa electoral, adoptan una cómoda abstención, seguros de que tanto si votan como si no, nada cambiará. Y mientras tanto esto ocurre, los representantes de las políticas liberticidas que luego tanto criticamos en la calle, aquellos que aplican las doctrinas neoliberales privatizando servicios públicos y recortando inversiones sociales, se frotan las manos por esta mantenida y convencida postura de que “nada puede cambiar”.
Tanto si queremos un Estado canario propio, como si lo que buscamos es una política dentro del actual Estado español, pero con mayor grado de soberanía, o simplemente, con más garantías de derechos sociales y menos inversiones disparatadas o pérdidas en corruptelas, se hace necesario empezar por un cambio de gobierno, expulsando del poder a los representantes del Partido Popular y del Partido socialdemócrata español (PsoE), optando por las ofertas políticas que si bien no cuadren con nuestro ideal político al 100%, estén más próximas al mismo.
Ignorar esta realidad, es seguir aguantando mandato tras mandato nuevos recortes sociales, nuevas medidas represivas e hipotecando un posible futuro más desarrollado de nuestras Islas. No valen excusas ante la actual situación. Es elegir entre más de lo mismo o iniciar el camino hacia un cambio progresivo, paso a paso, pero cambio, al fin y al cabo.
Rafa González/ Creando Canarias
