La corrupción vuelve a la actualidad política canaria. No se trata de nuevas tramas, sino de dos casos acaecidos hace más de una década. Hablo del Caso Trompo, visto para sentencia en primera instancia, y del Caso Las Teresitas, cuyo juicio acaba de arrancar y que ya está dando mucho de qué hablar. Los dos están ligados a un tiempo y a unas formas concretas. Un tiempo en el que pocos se atrevían a discutir el piche que invadía las islas, porque esa era nuestra forma de vida. Fue una época de bonanza ficticia en el que las alcaldías se llenaban de pelotazos en pro de la modernidad. Aunque algunos se hayan quedado anclados en ese modelo, ahora se discuten mucho más esas prácticas de acoso al territorio, a pesar de que la Ley del Suelo pudiera demostrar lo contrario. Unas formas, en las que la connivencia entre el empresariado y la clase política era habitual. El lodo que dejó aquellos barros constituye los numerosos casos de corrupción que salieron a la luz. Este modelo no ha muerto, está agazapado en viejas formas y en oportunistas que juegan a regeneración.
Un trompo en La Orotava
En el Trompo fueron condenados a penas de prisión el exalcalde de La Orotava, Isaac Valencia, y el empresario Ambrosio Jiménez, además del secretario municipal. El delito fue construir el Centro Comercial El Trompo en suelo rústico, con la participación de los tres, en el año 2002. Jiménez y Valencia representan dos estereotipos claros de empresario que se pasea por los ayuntamientos como Pedro por su casa y de alcalde que le abre la puerta y acaba relacionando su interés privado con el interés público. Muchos culpan a Valencia de haber convertido el Valle de La Orotava, un lugar hermoso, en un auténtico espacio sin personalidad. Si bien no cumplirán cárcel, al no tener antecedentes, la sentencia condena a toda una forma de hacer las cosas, a unas prácticas extendidas y con los pelotazos urbanísticos siempre como protagonistas.
La pregunta es si la construcción de este Centro Comercial, visto para sentencia para la Justicia, sería legal con la Ley del Suelo, que prevé eliminar los órganos reguladores y permite construir en suelo rústico, atendiendo al interés público. Como quien determina ese extremo es el municipio, el interés público lo controlan ellos. No quiero decir con ello que no haya ayuntamientos que no quieran azulejiar su patrimonio natural, pero el riesgo de que los irresponsables monten sus chanchullos con los amigos, todavía, por desgracia, sigue siendo latente. Por lo tanto, es posible que una fórmula adecuada sea una simplificación de los trámites, pero sin eliminar un actor regulador, llámese COTMAC o llámese como sea. Por eso la Ley del Suelo es un auténtico desvarío en el que los tres partidos más votados nos quieren embarcar.
Las Teresitas
Primera semana del juicio del Caso Las Teresitas. La trama cuenta con todos los ingredientes para tener interés por sí misma: un exalcalde en el banquillo de los acusados, Miguel Zerolo, otros doce acusados, entre ellos Manuel Parejo, antiguo Concejal de Urbanismo, los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia o dos concejales de PP y PSOE que votaron a favor, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, y numerosos testigos, entre ellos el actual alcalde, José Manuel Bermúdez. Por si fuera poco, los primeros días ya han sumado varios ingredientes más. El alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió la compra de terrenos como una forma de defender la playa. Por si faltaban elementos, un miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias denuncia coacción para que no votara en contra de un crédito de 5.500 millones de pesetas a un trabajador de Ignacio González, dinero empleado para comprar algunos terrenos de Las Teresitas. El trabajador cobraba un sueldo de mileurista. Ayer declaró Santiago Pérez, denunciante del caso, quien incluyó en su testimonio a la diputada Ana Oramas. Según Pérez, Oramas ofreció pistas sobre el posible fraude. Resulta que Ana Oramas es hermana de Pía Oramas, la arquitecta municipal que elaboró el informe que tasó el frente de la playa en unos 19 millones de euros.
El Caso Las Teresitas lleva llenando periódicos unos 15 años. En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió el frente de la playa a Inversiones Las Teresitas, empresa creada en 1998 por Plasencia y González. La arquitecta municipal, Pía Oramas, valoró dichos terrenos en unos 19 millones de euros. El Ayuntamiento pagó 52,2 millones de euros. Para más inri, la mayoría de esos terrenos ya eran propiedad del consistorio, dado que se adquirieron hacía más de 30 años. El juicio se prolongará durante tres meses, en un proceso mediático que pretende dilucidar la verdad sobre una trama que tiene todos los elementos de los pelotazos de manual, con empresarios, intermediarios y políticos de por medio, desoyendo a los técnicos. Sin embargo, Zerolo y los suyos cometieron algunos errores que tendrán que explicar ante la justicia.
¿La perpetuación de un modelo?
Con la vuelta a escena de estos casos, la corrupción vuelve a ser a protagonista. Canarias es escenario diferenciado de una forma de hacer las cosas que contradecía la legalidad. Mientras, Rita Barberá, Bárcenas o uno de los nuestros, Soria, ocupan el centro de la diana de la indignación política. La corrupción canaria está emparentada con un modelo de construcción desaforada pegada al turismo y los servicios. Muchas de las veces hay un actor central: Coalición Canaria, un partido ligado a los intereses económicos de un sector concreto y cuyo poder se evidencia sobre todo en Tenerife. Eso sí, con dos aliados indispensables: PP y PSOE. En connivencia, en pactos de gobierno o en la propia lógica política, ellos han permitido también que esta forma de hacer política haya ocupado nuestro día a día. No hablamos de tiempos pasados. La Ley del Suelo quiere introducir en la legalidad algunos elementos que siguen estando en la ilegalidad. Otra vez PP y PSOE son consentidores privilegiados. Y mientras, algunos siguen haciendo negocio.