Durante el reinado de Federico II el Grande de Prusia se producen multitud de concesiones al pueblo. Redacta el Derecho prusiano, abole la tortura o garantiza la independencia judicial. Estamos a mediados del siglo XVIII y Federico bebe de las corrientes ilustradas que pretenden educar al pueblo, pero sin la participación del mismo. Sin embargo, embarca a Prusia en guerras continuas contra Austria, llegando a la conocida como Guerra de los Siete Años. Todo ello por una obsesión de la dinastía prusiana por dominar al vecino, algo que él convirtió en acción continuada de gobierno. Por ese mismo motivo, no fue capaz de abolir la servidumbre, instrumento muy apreciado por las élites locales. El despotismo ilustrado se sigue practicando en democracia, lo vemos día a día. Las élites marcan agendas y acciones de gobierno, y los gobernantes, ciegos y despóticos, lo hacen pasar por el bien común.
No se me ocurre mejor ejemplo para este tipo de política que la puesta en escena de la Ley del Suelo. Fernando el Grande comenzó su legislatura ofreciendo buenas palabras, respeto al medio ambiente, incluso limitación en la llegada de turistas al Archipiélago, antes de que Kiessling le tirara de las orejas en su parque acuático. Luego el presidente se desmarcó rápido, volvió a las faldas del Partido Popular «porque había que arreglar las malas relaciones Canarias-Estado» y pronto empezó a hablar de «eliminar los costosos trámites del suelo» que imponía la COTMAC. Ante eso, reflexiona José A. Hernández en un artículo en esta revista: «La verdad es que a este gobierno hay que reconocerle el buen uso de la táctica del despiste y premura, ya que en escaso tiempo de gobierno se ha dedicado a tirar cortinas de humo con temas banales para tener entretenida a la sociedad, mientras con alevosía y premeditación elaboraba esta ley que acabará con el futuro de estas islas«.
En este camino de destruir el territorio, Coalición Canaria suele encontrar un aliado incondicional: el Partido Popular, los compinches, pero con eso ya contaban Clavijo y los suyos. Su socio de gobierno, en cambio, se está erosionando internamente por este tema. Hace unos días el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Ignacio Lavandera, reconocía en un acto ante la prensa que no existía un debate interno al respecto. Sin embargo, en el seno del partido existen facciones rebeldes que no están contentos con el apoyo incondicional al socio. Gabriel Corujo y Gustavo Matos son dos de los miembros más contestatarios. Escribe Matos en un artículo de opinión: «Todavía no sabemos en qué momento la voladura controlada de toda nuestra forma de entender el territorio se convirtió en una prioridad de esta legislatura. Ni en las negociaciones entre PSOE y CC previas a la formación del Gobierno, ni en el documento que plasmó el acuerdo, ni en el discurso de investidura del Presidente hace ahora un año, se trasladó a la ciudadanía que demoler la cultura legislativa del territorio acumulada en Canarias durante décadas iba a constituir el núcleo duro de la acción del gobierno». Volver a incidir sobre lo anterior: los rodeos de Coalición para llegar al punto al que querían y añadimos un elemento, la claudicación de un PSOE sometido a los intereses de mantener la poltrona, en el papel de consentidores.
Otro aspecto, que denuncian personas contrarias a la medida, es la prisa de Clavijo para poner en marcha esta medida. Una celeridad que incluso le ha llevado a rechazar la posibilidad de un hipotético referéndum sobre dicha ley «porque retrasaría su aplicación». Esta es la apertura democrática de la que alardea este gobierno. Dejando de lado el carácter autoritario y despótico (vuelta a ese término) de la norma, añadimos el tantas veces denunciado nacionalismo de apariencia que lleva a cabo esta unión de intereses. En este sentido, Enrique Bethencourt señala en un brillante artículo en su blog: «Resulta poco o nada creíble un nacionalismo que no sitúe en primer plano la protección de su territorio y de su medio ambiente». Tan poco creíble como el pseudonacionalismo mezclado con el insularismo rancio y casposo que practica.
A la fiesta del suelo no podía faltar la clase empresarial canaria, los favorecidos, siempre tan innovadores y generosos. Pedro Agustín del Castillo, presidente de Binter Canarias y miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, se muestra favorable a la medida, ¡oh, qué sorpresa! Dice que con el levantamiento de la moratoria se creará más empleo. Del Castillo lamenta el retroceso que ha supuesto esta moratoria, que según él, ha lastrado el crecimiento de empleo en Canarias. El elemento que faltaba para justificar todo: el empleo. Termina apostillando: «escuchan al empresario, independientemente de lo que decidan. Antes no se escuchaba a nadie, esa es la diferencia». Si usted tenía dudas de al servicio de quién estaba el Gobierno canario, el presidente de Binter se las despeja. Si cree que la lucha de clases estaba enterrada, miren la fuerza con la que defienden a su clase social.
La carta otorgada
Pero, ¿qué dice la Ley del Suelo? El anteproyecto consta de 186 páginas, a través de las cuales explica la aplicación de la ley. Además de la desaparición de la COTMAC, lo que abre la veda a que cualquier administración inicie el proyecto que desee sin control, la polémica se ha centrado en el artículo 36, que habla sobre el suelo rústico. Dice en el punto 3 de este artículo: «El perímetro del asentamiento vendrá determinado por la ocupación territorial actual y el necesario para atender el crecimiento vegetativo futuro, incluyendo el suelo preciso para las dotaciones y equipamientos que correspondan, cuando no sea posible su localización en el interior del asentamiento». Por lo tanto, se acaban las protecciones y se inicia el camino desaforado por construir donde a los empresarios les de la gana, lo que siempre habían querido. Sobre el artículo 61, que viene a decir algo similar, indica Enrique Bethencourt: «Y, por si fuera poco, indicando en su texto que, de forma excepcional, también se pueden permitir en suelo rústico los usos residenciales, industriales, de equipamientos y servicios, y ‘cualesquiera otros usos y actividades que completen, generando renta complementaria, la actividad realizada en esas explotaciones’. ¡Cógelo, Cuco!».
Clavijo no parece poner de acuerdo a todos los agentes que él querría con esta medida. Si no lo ha hecho con su socio de gobierno, el PSOE, al que incluso le ha ocultado información, tampoco lo ha conseguido con el ex presidente, Paulino Rivero, firmante de uno de los manifiestos contrarios a la Ley del Suelo. Un destacado militante socialista como Juan Fernando López Aguilar, también ha hecho lo propio, según el ex ministro «porque alienta la corrupción». Técnicos como Faustino García Márquez, arquitecto y urbanista, califica la norma como «inquietante». Considera García Márquez que con la ley se retrocede a 1999 y afirma con rotundidad: “nos estamos jugando el territorio, y esto es muy serio”.
Varios movimientos ciudadanos se están organizando en contra de la medida, representantes públicos, técnicos y ciudadanía en general están elaborando manifiestos, y dos peticiones en change.org piden la no aplicación de la ley y la puesta en marcha de una Ley del Suelo distinta, respectivamente. Todos coinciden en la escasa exposición pública de una norma tan importante y las prisas en ponerla en marcha, por encima de quien sea. No sé si el presidente y su equipo se esperaban una respuesta de este nivel, pero en cualquier caso al despótico Fernando el Grande no parecen bastarle sus compinches, favorecidos y consentidores. Veremos qué es lo que se saca el imaginativo lagunero de la manga para disipar la atención.
Peticiones en change.org
Vídeo lanzado por «Lanzarote Corrupta» en Facebook
