Después de insertarnos en el comercio pre-capitalista europeo del Siglo XV tras la conquista castellana, esta tierra ha visto pasar a lo largo de los años, numerosos ciclos económicos que han configurado la estructura socioeconómica del lugar. Así quedan recogidos en las numerosas crónicas y en nuestra historia colectiva como pueblo, hablamos de los cultivos de exportación de la caña de azúcar, la vid, la cochinilla, el tabaco, el plátano o el tomate. Todos ellos cultivos creados única y exclusivamente para satisfacer la demanda europea de productos que sólo son viables en las colonias, pues éstas tenían y tienen el clima y la mano de obra propicias. Normalmente las ideas de la implantación de estos cultivos llegaban desde Europa, claro, principalmente desde Inglaterra y España, que siempre se configuraron como los principales importadores de estos productos. Sin embargo, la creación de estos nuevos cultivos necesitaba la inestimable colaboración de algunos canarios, cosa lógica por otra parte. Es ahí donde aparece el famoso pacto entre las élites indígenas y los conquistadores, el cual se ha ido renovando ciclo tras ciclo, crisis tras crisis. Y es que la nobleza indígena no pactó en vano. Decidió ofrecer rendición para seguir manteniendo sus privilegios y beneficiarse de esta forma del incipiente comercio que Europa gestaba, y que se basaba en la caña de azúcar, primer monocultivo de exportación de esta tierra. Una pena que se bautizaran con nombres y apellidos de origen español. Por supuesto, tras el paso de los siglos, nuevos apellidos surgidos del contacto con otras partes del mundo también han ocupado lo que hoy podríamos definir como “élite mendicante”, pues no se trata de una burguesía innovadora y emprendedora al uso (como la vasca o la catalana), sino más bien de una élite ultraconservadora que se arrima al árbol que más sombra le cobija, o que más negocio le da, según se quiera expresar. Claro está que a lo largo de las distintas épocas y regímenes se ha ido moldeando dicha estructura de poder, hasta llegar al día de hoy cubierta por políticos, grandes empresarios, caciques, ciertos periodistas, algunos jueces, etc.
En cambio, lo que nunca nos cuentan, o al menos no con todo lujo de detalles, es lo que pasaba tras la implantación del monocultivo de turno. Y es que, tras ella, siempre llegaba un período de profunda crisis provocada por la caída en las ventas a Europa y debido a que otros competidores que vendían más cantidad a menor precio. Así llenaban los mercados ingleses, alemanes, holandeses o españoles con productos mucho más competitivos. Esto ocurrió con absolutamente todos los monocultivos. Por ejemplo, la caña de azúcar se fue al traste porque, tras el descubrimiento de las Antillas, éstas empezaron a producir ingentes cantidades que hundieron la producción canaria. O el caso de la cochinilla en el Siglo XIX que, usada como tinte artesanal y natural, fue desplazada por las anilinas sumiendo al Archipiélago en una de las mayores hambrunas y crisis que se recuerdan en nuestra Historia, con la posterior emigración masiva que se venía produciendo desde la conquista (incluso con esclavos), pero que se agudizó con esta crisis.
Lo cierto es que esta mezclada “élite empresarial”, llegó a mediados del Siglo XX con una producción platanera y tomatera abrumadora, pero, conscientes de que la producción iba a ser pronto reemplazada por otros países, como así ocurrió, decidieron dedicarse a un nuevo monocultivo. Este no era otro que el turismo, acompañado de la necesaria construcción. Así hemos andado desde tiempo atrás, de ciclo en ciclo y de crisis en crisis ante la falta de innovación y planificación sostenible a largo plazo. Ahora, en este 2016, la misma élite que ha dominado esta tierra durante siglos ha elaborado su nueva estrategia: el anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias. Con dicha Ley se pretende dar un salto más en la apuesta por el monocultivo turístico, poniendo toda la economía del país al servicio de esta actividad económica. Ya se imaginan cómo acabará el tema si los competidores turísticos se estabilizan en el Norte de África, con muchos más kilómetros de playa, por cierto. Lo siguiente en su estrategia será la aprobación de un nuevo REF a su medida, pero eso, de momento, no viene al caso.
La Ley del Suelo, su nueva herramienta
Mejor analicemos algunas cuestiones de esta nueva Ley con la que pretenden depredar el territorio los “tiburones”. Lo primero a tener en consideración es que es apoyada por Coalición Canaria, Partido Popular y el partido de Curbelo, ASG. Hasta aquí parecería todo normal. Pero… ¡sorpresa! el PSOE también la apoya, a pesar de declararse ecologista y partido de izquierdas. Eso sí, parece que usan la estrategia de traga y calla, que nos están dando de comer. Tanto en el Gobierno canario, donde saben que si se niegan los echan a patadas del pacto, ya que CC, PP y ASG suman para gobernar, como en el Cabildo de Tenerife o en La Laguna, donde los están ninguneando hasta el punto de dar un poco de pena, o como en el Cabildo de Gran Canaria, donde prefieren callar y no apoyar abiertamente la Ley (como sí hacen en el Gobierno canario), no vaya a ser que también los echen del pacto con NC y Podemos, que se oponen rotundamente a la aprobación del texto. La verdad es que me pregunto si en el PSOE queda todavía alguna cabeza pensante que no se haya rendido aún a la “élite mendicante”. Veremos.
Lo segundo a tomar en cuenta son los propios entresijos de la Ley. Ojo al dato con esto, porque lo que se pretende no tiene parangón. Intentaré resumir un poco este anteproyecto que cuenta con 186 páginas y un sinfín de artículos. El texto viene amparado por los voceros de esta élite, los cuales no dejan de hablar de la maraña burocrática que existe para que los inversores puedan generar negocio y empleo, como si la maraña no hubiese sido creada por ellos mismos. A partir de toda esa maraña burocrática construida por CC, PP y PSOE durante el paso del tiempo, han generado una coyuntura favorable para salir ahora a solucionarlo todo con una Ley que no soluciona nada, más allá de la crisis en las cuentas de Panamá de algunos. Pero vamos a analizar algunos puntos de manera concreta:
– Empezaré diciendo que la COTMAC como organismo encargado de realizar las pertinentes evaluaciones ambientales de los proyectos de planeamiento, desaparece como tal, pues ahora sólo podrá emitir informes no vinculantes. Esa potestad pasa a los Ayuntamientos. Cada Ayuntamiento podrá evaluar ambientalmente sus propios planes. De risa. Es como si yo me pusiera la nota de mi propio examen. Pero esto no es lo peor, el quid de la cuestión es que la mayor parte de los consistorios municipales no tienen capacidad técnica como para hacer una correcta evaluación de los Planes Generales de Ordenación, por lo que, una de dos, o los Planes se eternizarán aún más en los despachos de las oficinas técnicas, o se aprobarán deprisa y corriendo con las consiguientes presiones de los alcaldes de turno para sacar adelante todo el suelo urbanizable posible. Tal y como sucedió en la burbuja inmobiliaria. A dar licencias y a hacer recalificaciones que es lo que da dinero, promoviendo con ello también un aumento de la corrupción urbanística, que ya sería demencial. Este trasvase de competencias en las evaluaciones ambientales estratégicas lo justifica el equipo redactor de la Ley alegando que “la Ley estatal ya prevé que los Ayuntamientos puedan realizar el planeamiento por sí solos”. Lo que no dicen, es que eso no se hace en prácticamente ninguna Comunidad del Estado, salvo por ejemplo, en algunos municipios del País Vasco con un determinado peso demográfico. En el resto, son las Comunidades las que tienen la potestad sobre la ordenación del territorio. La Fundación César Manrique en sus alegaciones al anteproyecto se refería así a este hecho:
“Ninguna de las Comunidades Autónomas reconoce a la totalidad de los Ayuntamientos la competencia para aprobar definitivamente su propio planeamiento general, ni para realizar la evaluación ambiental estratégica de los correspondientes instrumentos de ordenación, y en general tampoco renuncian al control previo de legalidad; y cuando atribuyen la competencia para la aprobación definitiva del planeamiento, tal posibilidad queda limitada a los municipios de mayor población, en lógica correspondencia con su capacidad técnica, económica y organizativa, y no en base a frívolas consideraciones sobre su ‘mayoría de edad’”.
– Continuaré hablando del Suelo Rústico, el cual parece condenado a los bloques. El anteproyecto, pretende acabar con casi cualquier actividad agropecuaria en dicho suelo, limitando de esta manera nuestras posibilidades de desarrollo endógeno y nuestro aumento en cuanto a soberanía alimentaria. En el artículo 61.1 ya se nos dice que “en suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter agrícola, ganadero, forestal, piscícola, extractivo, de infraestructuras, deportivos o de ocio, y científicos”. Por lo cual, si en algún momento se desea hacer un pabellón de baloncesto en dicho suelo se considerará como uso ordinario, puesto que es de carácter “deportivo o de ocio”. Además también se recoge en el 61.2-b, qué usos complementarios podrán efectuarse, citándose lo siguiente: “las cinegéticas, la producción de energías renovables, las turísticas, las artesanales, la de restauración con productos obtenidos en la explotación, las culturales, las educativas y cualesquiera otros usos y actividades que completen, generando renta complementaria, la actividad realizada en esas explotaciones”. ¿Esto significa que un hotel puede considerarse de uso complementario a la actividad agrícola? Ahí queda la cosa. Para el caso de los asentamientos rurales, se recoge que aquellas edificaciones que se encuentren a 200 metros de separación del núcleo, se incluyan dentro de él, propiciando así el crecimiento de construcciones dentro de dicho núcleo hasta en un radio de 200 metros. El destino de las zonas rurales se dirige de esta forma a la mera especulación del suelo, aumentando el precio del metro cuadrado de manera considerable, para así poder “invitar” a los agricultores o ganaderos a que vendan sus tierras por un puñado de euros. Por lo que no se busca fomentar la soberanía alimentaria, sino todo lo contrario.
-Por último, me gustaría comentar lo que el texto define como proyectos de interés insular o autonómico. Dice así su artículo 124:
“Los proyectos de interés insular o autonómico son instrumentos de ordenación territorial que tienen por objeto ordenar y diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza, cuya incidencia territorial, económica o social trascienda el interés del municipio o municipios sobre los que se asientan, en atención a su magnitud, especiales características o relevante incidencia territorial”.
Además también se añade en otro punto del mismo artículo lo siguiente: “pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. En ningún caso podrán afectar al suelo rústico de protección ambiental y, sólo excepcionalmente, podrán afectar al suelo rústico de protección agraria”. Esto se traduce en que si el Gobierno de Canarias, o un Cabildo, decide que un proyecto es de interés autonómico o insular, el proyecto se llevará a cabo de forma inmediata, pudiendo construirse una urbanización como la de Marina del Rubicón o la de Las Américas en un suelo rústico de carácter agrícola. Por lo tanto, habrá que ver el criterio que se usa para considerar “excepcional” el uso de este suelo. Por otro lado, el Gobierno le asegura a la élite empresarial el poder construir macroproyectos en caso de que un Ayuntamiento no lo recoja dentro de su planeamiento, ya que prevalece el “interés autonómico” (art. 127).
Pan para hoy, hambre para mañana
Es importantísimo resaltar además que las Directrices Generales de Ordenación pasan a ser papel mojado. Ante este panorama sólo nos queda la movilización social para parar un anteproyecto que busca la competitividad entre municipios y entre islas, aportando un modelo de desarrollo insostenible y que tiene una fecha de caducidad clara en el tiempo. Esta “élite mendicante”, con el beneplácito del capital europeo que ha estado siempre detrás de dicha Ley, busca afianzar su posición en el mercado internacional mientras la coyuntura turística dure. No les importa en absoluto los criterios de movilidad sostenible, de soberanía alimentaria como motor cultural y de empleo o de calidad visual del paisaje. Y es que el objetivo de algunos son los 24 millones de turistas al año (siempre recordaré esa frase).
En contraposición, la sociedad canaria debe ser inteligente y no dejarse engañar por los cantos de sirena que el Gobierno y sus escribidores irán soltando por ahí, prometiendo miles de puestos de trabajo con esta Ley que ciertamente los dará, pero que serán sólo un espejismo. Una vez se acabe la construcción y la burbuja del turismo de masas, se borrarán del mapa como se borró la cochinilla. Debemos apostar por un turismo de calidad, con altos parámetros de respeto al medio y al litoral, para que los que vengan valoren el cuidado que ponemos y, por tanto, podamos ofertar un producto que genere mayores rentas a las canarias y canarios, a los pequeños emprendedores, buscando que los beneficios de la actividad se queden en esta tierra y no se vayan a transnacionales y touroperadores. Tenemos que defender nuestro paisaje, tratando de no cometer el error de competir en cantidad, sino en calidad. Con el paisaje y la cultura milenaria que podemos enseñar, desde nuestros indígenas hasta hoy (sobre todo los que no pactaron), tendremos la posibilidad de desarrollar una marca que sea mundialmente valorada por su prestigio. Para ello, se hace necesaria una remodelación de la planta alojativa que se encuentra obsoleta, no especulando con nuevo suelo, e impidiendo que la “élite” se salga con la suya y construya en las 55.000 hectáreas que ya están declaradas como urbanizables.
Si hemos aprendido algo de nuestra historia, construiremos un modelo económico sostenible con el medio y viable en el largo plazo, diversificado, que se centre en el sector primario, las energías renovables, el desarrollo de una industria especializada a través de la I+D, y por supuesto, crearemos el mejor destino turístico posible: el que nos da nuestro paisaje y nuestra cultura.
Estamos ante una clara batalla social y medioambiental. O ganan los “tiburones del territorio”, la “élite mendicante”, o gana el pueblo canario, reclamando para sí el derecho a decidir cómo quiere que sea su futuro.
Les dejo con la visión de César, un vídeo corto, extraído del documental «Taro, el eco de Manrique».
