Muchos políticos parecen empecinados en defender lo que se denomina la “indivisibilidad” de España, sin tener en cuenta que el Estado español, como tal, ha pasado por diversas situaciones a lo largo de la Historia, con ampliaciones y recortes, y sin que esas modificaciones tuvieran que implicar necesariamente su desaparición o un grave perjuicio para sus ciudadanos.
El concepto de Estado-Nación, surgido en el s. XVII y caracterizado por un territorio más o menos bien delimitado y con una población más o menos constante, no ha impedido sin embargo que las fronteras se modificaran a lo largo de los últimos 4 siglos en los principales Estados europeos, incluído el español, y que incluso se siguieran produciendo a lo largo de la segunda mitad del s.XX.
Aunque algunos nacionalistas españoles quieren ver el origen del actual Estado español ya en el siglo VI-VII, con los reinos Visigodos, lo cierto es que no es hasta mitad del s.XVI cuando se puede empezar a hablar de una unidad dinástica, en el reinado de Felipe II, que posteriormente sufrió diversas modificaciones en sus fronteras, permaneciendo incluso algunos rasgos de la Administración en cada uno de los reinos integrantes hasta el s.XVII, cuando se empieza a aplicar realmente la unificación de criterios de actuación en todo el territorio.
Deberían recordar los políticos nacionalistas españoles que, por ejemplo, a finales del S.XIX, (es decir, cuando eran jóvenes los abuelos de algunos de los que hoy vivimos en el Estado español), había en España una provincia llamada Cuba, que en 1898 logró su independencia. Si consultamos literatura de la época, como algunos escritos del General Weyler, podemos encontrar expresiones que nos sonarán muy actuales, cuando se habla de “los separatistas cubanos”.
Pero es más, debemos recordar que en determinado momento, España también eran Filipinas, los Países Bajos, e incluso más recientemente, las colonias africanas. Los que actualmente rondamos los 50 y pico años, podemos recordar cómo de pequeños en el colegio nos enseñaban que existía una provincia llamada Sáhara español (o Sáhara Occidental); incluso algunos un poco más viejos hoy en día pueden recordar la existencia de otras provincias conocidas como Ifni, o Guinea Ecuatorial.
Ninguna de esas partes del territorio español siguen formando parte hoy del mismo. La última de ellas, vendida literalmente a Marruecos, dejó de formar parte del Estado español hace menos de 50 años. Y sin embargo, España ha seguido existiendo, y mantiene relaciones diplomáticas más o menos estables con sus antiguas “provincias”.
Ahora, a inicios del s.XXI, cuando nuevamente se plantea la posibilidad de una secesión del territorio estatal, vuelven algunos a rasgarse las vestiduras invocando la sacrosanta indivisibilidad del territorio. Y todo ello pese a que hoy en día, como se ha demostrado con otros casos (como por ejemplo, la división del antiguo Estado de Checoslovaquia en dos Estados: Chequia y Eslovaquia, a inicios de los años 90 del s.XX), la división de Estados dentro del marco de la Unión Europea apenas tiene impacto alguno sobre sus ciudadanos, puesto que los principales ejes de la política están sometidos a la doctrina común marcada por la política neoliberal de los mercados.
En segundo lugar, los políticos de los partidos con extensión estatal en España, parecen todos de acuerdo en rechazar uno de los principios fundamentales de toda democracia, como es la consulta popular en temas fundamentales. Se niega cualquier posibilidad de consulta en el caso catalán (y por extensión, en el vasco, en el gallego o en el canario), aludiendo a las disposiciones de una Constitución surgida tras una férrea dictadura, en la que se aprobaron consensos a marchas forzadas para evitar males mayores, pero que hoy en día parece lejos de toda realidad social.
Ciegos ante la postura de otros Estados de la civilización occidental, como Canadá o Reino Unido, donde el planteamiento de una consulta popular sobre la integridad del territorio no es considerada sacrilegio democrático, los políticos españoles o españolistas, se empeñan una y otra vez en reiterar que cualquier atisbo de autosuficiencia en alguna Comunidad Autónoma del actual Estado español, debe ser inmediatamente detenida.
Así, en Canarias hemos experimentado en los últimos años el amargo sabor de ver cómo otros deciden por nosotros, los aquí residentes, sobre lo que debe ser bueno o malo para nuestro futuro. No tenemos derecho a decidir sobre nuestras propias aguas territoriales ni sobre nuestro cielo; no tenemos derecho a decidir sobre nuestra autosuficiencia alimentaria o energética y no tenemos derecho a decidir si es posible o no la existencia de bases militares multinacionales en nuestro propio territorio.
Los Estados, como creaciones artificiales que son, son cambiantes en el tiempo, y la Historia así lo demuestra; sus fronteras se modifican por medio de guerras o tratados, pero no son eternas ni mucho menos. Empeñarse en defender una supuesta indivisibilidad del territorio no tiene base razonable alguna, tan sólo es puro énfasis ideológico.
En este momento histórico que vivimos, cuando algunos partidos se atreven a hablar de “república federal” o de “posibilidad de consultas ciudadanas” sobre la continuidad de una Comunidad en el Estado español, los medios informativos, controlados en su mayoría por empresas multinacionales asociadas al poder político imperante, tildan de “antisistema” o de “radicales” a cualquiera que plantee estos legítimos términos de propuesta política. Se sataniza a quien discuta la obligatoria unidad del territorio actual, como en su día otros políticos hicieron cuando las colonias se independizaban del control de la metrópoli.
En todo caso, parece también que se quiera limitar la discusión sobre el derecho a exigir la autodeterminación a sólo dos de las actuales Comunidades Autónomas, calificadas como “históricas” en los propios textos legales. Con esta postura se ignora una vez más la Historia, en la cual puede comprobarse cómo Canarias se incorpora a la fuerza a la Corona de Castilla, a finales del s. XV, muy alejada del territorio continental español, y en la que no se empezó a montar una estructura social de colonos hasta bien avanzado el s. XVI.
Por todo ello, por la necesidad imperiosa de decidir nosotros/as, los/as ciudadanos/as de Canarias, sobre el futuro de nuestro territorio, sobre la gestión integral de nuestros recursos, y sobre las prioridades de inversión, de diversificación económica o sobre la división administrativa, es por lo que debemos levantar la voz y hacer recordar a los que hoy defienden la permanencia a ultranza en el Estado español como única forma de proteger nuestros intereses, por medio de “enviados” al Parlamento de Madrid, que hace tan sólo 5 siglos, la mayor parte de los españoles no sabía que existíamos, y que al parecer, 5 siglos después, siguen sin tener muy claro quiénes sómos, dónde estamos y qué queremos.
El derecho a decidir de una población no puede ser negado por el poder estatal aludiendo principios democráticos, puesto que es precisamente esa decisión una muestra de todo lo contrario del concepto participativo que sustenta a una democracia.
En manos de los y las canarias está la decisión de si deseamos que sigan decidiendo por nosotros otras personas, o seamos nosotros y nosotras los que nos encarguemos de gestionar esta tierra fragmentada, situada en el Atlántico, con sus peculiaridades territoriales e históricas.
No es posible seguir poniendo en manos de falsos nacionalistas canarios el futuro de nuestra tierra, cuando se ha demostrado que su política ha ido encaminada a la defensa de intereses particulares y al apoyo del sistema nacionalista español.
No debemos seguir teniendo miedo a la propia autogestión, por mucha propaganda mediática que nos llueva por la prensa y televisión, debemos adoptar de forma serena y reflexiva, una postura clara por la autodeterminación, tal y como gran parte de los catalanes y vascos están haciendo ahora mismo. Tenemos el derecho legítimo de reclamar lo que históricamente se nos ha denegado, sin que el proceso tenga que implicar ningún tipo de violencia en su generación.
Exijamos pues, todos y todas, más memoria histórica y más doctrina democrática y participativa a los políticos de los partidos que actualmente participan en la actividad parlamentaria del Estado español.
Rafael González Martín / Creando Canarias
