Entre los pilares que sustenten cualquier sociedad democrática avanzada debe figurar con total claridad el contar con un sistema electoral justamente representativo de la misma. Son desde hace años muchas las voces que se vienen pronunciando en favor de la reforma del sistema electoral canario, nacido al calor de la Autonomía, en distintos sentidos. La exigencia de acabar con determinados elementos que hasta ahora han sido característicos de nuestro sistema electoral viene acompañada del muy loable objetivo de mejorar la calidad de la democracia canaria. Sin embargo, no siempre, ni en el fondo ni en las formas, se atina a la hora de dibujar un modelo que, sin ningún tipo de ambigüedades, debe emanar de la realidad archipielágica canaria y representar esa aspiración de mejora democrática.
No es objetivo de este editorial ofrecer un perfecto y acabado modelo de sistema electoral que pueda servir a nuestro país en las próximas generaciones. Corresponde a la sociedad civil entera, no sólo a los partidos con representación parlamentaria, participar en el diseño del mismo, aportando elementos para el debate con ánimo constructivo y de responsabilidad para con nuestro pueblo. Ahora bien, sí creemos que, recogiendo ese mismo ánimo, debemos aquí reseñar una serie de puntos que a nuestro juicio serían clave en este ejercicio de autogobierno que también debe ser el desarrollo de nuestro nuevo sistema electoral. Éstos serían, sin propósito de exhaustividad, algunos de los mismos:
- Adecuada expresión del hecho insular: no se puede olvidar de ninguna manera el elemental hecho físico y demográfico de que el Archipiélago Canario está formado por ocho islas habitadas, además de sus islotes. Las comparaciones con provincias continentales son, en este sentido, poco válidas y más un ejercicio de descentramiento que otra cosa. El factor isla debe seguir siendo contemplado. Otra cosa sería un dislate. Sin embargo, también parece razonable argüir que los factores de corrección deben ser revisados en beneficio de una mayor proporcionalidad global. En este sentido, la paridad entre Gran Canaria, Tenerife, por un lado, y el resto de las islas por otro, debiera desaparecer.
- Desaparición de la provincia: cuando en otras latitudes se empieza a hablar abiertamente de la desaparición de las Diputaciones Provinciales, ningún sentido tiene que en Canarias se siga hablando de la paridad entre provincias. La provincia es un hecho político-administrativo ajeno a la realidad canaria, que si bien pudo tener efectos positivos en 1927, también los tuvo negativos, especialmente en lo que hace a la dependencia de las islas periféricas con respecto de las centrales. Hoy, debemos aspirar a la simplificación burocrático-administrativa por encima de estructuras inertes. El país canario se debe articular, fundamentalmente, en torno a su realidad archipielágica y sus distintas unidades insulares. Como consecuencia de todo esto, Canarias debe ser circunscripción única en las Elecciones Generales españolas y se debe plantear abiertamente la conveniencia de dicho estatus en las Elecciones Europeas.
- Revisión de los topes electorales: especialmente en lo que hace a la necesidad de obtener el 30% de votos en el nivel insular, la Ley Electoral necesita ser corregida. Es excesivamente restrictivo y tiene como consecuencia el que sensibilidades políticas suficientemente presentes en el seno de la sociedad queden sistemáticamente fuera del Parlamento, provocando frustración, desconfianza y desafección en sectores cada vez más amplios de la población. Las escandalosas cifras de votos que, elecciones tras elecciones, van directamente a la papelera no hacen sino socavar la creencia de que podemos construir una democracia mejor para este país.
- Una Lista Nacional Canaria: el hecho de introducir una segunda urna en los comicios electorales canarios, de la cual salieran elegidos de manera directa un número concreto de diputados y de entre ellos el/la Presidente/a de todos los canarios, sería, a nuestro juicio, un elemento muy positivo. Dos ventajas nos parecen obvias. En primer lugar, obligaría a todos los partidos a elegir un candidato a la Presidencia que debiera representar a todas las islas y no sólo a una. Dicho candidato, desde su misma postulación, debería asumir el hecho incontestable de que debe ser, si quiere triunfar, un candidato para todo el país, abandonando oscurantistas e insolidarios insularismos. Por otro lado, dicha Lista Nacional Canaria haría que todos los canarios eligiéramos a nuestro/a Presidente/a sin que dicha decisión fuera, como hasta ahora, secuestrada por las dirigencias de los partidos políticos. No cabe imaginar una medida más positiva a la hora de la construcción democrática del país canario.
He aquí nuestra modesta aportación a este debate que creemos que debe ser cerrado en esta legislatura. Deseamos fervientemente que los partidos políticos presentes en la Comisión creada a tal efecto, así como todos los actores convocados al debate, trabajen llevando en mente el bienestar común, antes que un mezquino afán particular de supervivencia. Junto a la Reforma del Estatuto, en el marco de la reforma general del modelo de Estado, la nueva Ley Electoral debe ser un elemento de avance en ese “plebiscito cotidiano” que, como dijera Renan, debe ser una nación. Canarias, también.