Un año de cárcel y el pago de 20 euros diarios durante siete meses. Eso es lo que pide la acusación que representa a Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito, a Pedro Pérez, por un supuesto delito continuado de injurias y calumnias. Además de al conductor de los programas «El sirinoque» y «Frente a frente», también imputan por el mismo caso a César Gil Invernón (propietario de Radio Murión), Emilio Melián Martín, Teresa Melián Cruz y Alejandro Arzola. A todos ellos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane ha impuesto una fianza de 233.333 euros, repartida en dos pagos de 100.000 y 133.333 euros. La misma cantidad ha sido requerida a Radio Murión S.L. Ayer Pedro Pérez declaró su situación de insolvencia y la justificó con documentación. Cesár Gil anunció en El Día que ni él ni la radio tampoco atenderán la petición y la recurrirán, pese a que no admite recurso.
Pablo Rodríguez González, Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane, declaró así la apertura del juicio oral, con una comunicación por escrito fechada el 15 de enero y notificada el 3 de febrero. Una notificación que Pérez asegura que no ha recibido y solo ha sido informado de la situación por su abogado. El periódico El Time filtró una de las comunicaciones en las que se informaba de la situación. El texto señala que “las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidades a determinadas personas que se concretan en la acusación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. También impera a que “se procederá al embargo de sus bienes para cubrir dicha suma o, en su caso, a acreditarse la insolvencia”. En ningún caso contempla recurso, sino «recurso de reforma», o lo que es lo mismo, la declaración de insolvencia con fecha límite el miércoles 17 de febrero.
Críticas a la propiedad del agua
Pedro Pérez admite las descalificaciones de algunos comentaristas a Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito en algunos programas de Radio Murión como «La calle no se calla». Sin embargo, aclara que él en concreto en ningún momento nombra a estas dos personas. En algunas tertulias, que datan de hace tres años, Pérez critica «con dureza», reconoce, la propiedad del agua en la isla con comentarios del tipo «una agricultura manipulada por cuatro familias de mierda que han hecho negocio con el agua de la Caldera» o «hemos estado en un círculo vicioso de mierda, cuatro sinvergüenzas enriqueciéndose y la isla de La Palma yendo hacia la catástrofe». En ningún caso se nombra a ninguna de las personas denunciantes. La acusación presentó en el informe estas declaraciones de Pérez como un delito de injurias.
Al técnico de sonido de la emisora, Alejandro Arzola, lo imputan por leer un mensaje que mandó un oyente en directo. El dueño de la emisora, César Gil, se queja del agravio comparativo: “en cuatro años ya he pasado dos veces por el banquillo por otros juicios similares, mientras éstos llevan años con una sentencia en su contra del Supremo y no hay forma de que se sienten ante un juez. Y eso que a mí me citan para ver si hay o no delito, mientras que ellos ya tienen, repito, sentencia del Supremo. Es un agravio comparativo enorme. Un trato discriminatorio. Es un ejemplo para que el ciudadano vea que la justicia no es igual para todos». Gil y los Rosendo llevan una década de enfrentamientos judiciales, que se han recrudecido con la presencia del medio de comunicación. Pese a la lucha de intereses, Pedro Pérez opina que se está atacando la libertad de expresión.
Los querellantes
Rosendo Luis Cáceres y su hijo Rosendo Luis Brito, son personas ampliamente conocidas en el mundo empresarial de la isla. Están imputados en los casos de Los Tarajales, ‘La Nao’ o ‘El Pozo’”. Pese a ello, nunca han sido condenados. Rosendo Luis Cáceres alcanzó una buena posición económica trabajando para la familia de los Carrillo, importantes aguatenientes. Rosendo fue su apoderado y se convirtió en gran propietario de fincas. Rosendo Luis Cáceres es el arquitecto municipal de Tazacorte. La denuncia a estos tertulianos, coincide casi en el tiempo con la reapertura del caso ‘La Nao’, tras una década de los hechos.
‘La Nao’ es una finca propiedad de Javier Carrillo, que se transformó de rústica a urbanizable. La recalificación no precede de una petición del propietario, de un convenio urbanístico ni pasa a información pública en un principio. Tras pedir la segregación de la finca, la misma es vendida a la empresa catalana Estatecnic por 2.203.447,51 euros, cuando antes tenía un valor de unos 400.000 euros.
El Fiscal del caso lo reabrió a principios de este año y pidió la investigación al propietario de la finca, Javier Carrillo Kabana, y al comprador, Gregorio Sánchez Pérez, socio-fundador de Estatecnic. Los otros dos imputados, Ángel Pablo Rodríguez, alcalde de Tazacorte perteneciente a Unión Bagañeta-Coalición Canaria, y Rosendo Luis Brito, arquitecto municipal, no han sido condenados. Las alegaciones para la reapertura del caso las hace César Gil, que fue también el primer denunciante en 2006.
El caso tiene un tufo de lucha de intereses entre César Gil, propietario de Radio Murión y empresario vasco, y la familia de los Rosendo. En medio también se está atacando la libertad de expresión de personas que pronuncian opiniones en un medio radiofónico, sin nombrar a ninguna persona. Es el caso de Pedró Pérez, un joven palmero que patalea ante las injusticias de su isla, ya sea en radio, en la barra de un bar o en su blog. Pérez no entiende que la crítica a una situación continuada de indefensión de los agricultores palmeros, se convierta en el detonante de posibles responsabilidades penales y económicas, cuando en ningún caso ha injuriado a nadie.
